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17 de enero de 2020

Santa Fe: la crisis de seguridad no se resuelve reforzando el aparato represivo

Sobre el convenio de seguridad entre la Nación y la provincia

El gobierno nacional y el gobierno de Omar Perotti (PJ) suscribieron ayer un convenio de cooperación en materia de seguridad. Este pone en pie un Consejo Provincial de Complementación integrado por funcionarios de ambas jurisdicciones y referentes de las fuerzas nacionales (la Federal, Prefectura, Gendarmería y la Policía de Seguridad Aeroportuaria), la Policía de Santa Fe y la Agencia de Investigación Criminal creada por el nuevo gobernador santafesino.

La cumbre que selló el acuerdo, con la participación de Alberto Fernández, la ministra de seguridad federal Sabina Frederic y el ministro de seguridad provincial Marcelo Sain, fue precipitada por un arranque caliente de 2020 que dejó en Rosario 17 asesinatos en dos semanas. Uno de estos episodios fue el ataque al casino City Center, que habría sido ordenado desde la cárcel por el líder de la banda “Los Monos”, Ariel “Guille” Cantero, lo que de paso muestra con qué libertad operan inclusive los narcos condenados.

Si bien por el momento no habrá un mayor despliegue de gendarmes en la provincia, todo el eje de la política de seguridad consiste en un reforzamiento del aparato represivo y en un intento de concentrar esas atribuciones. La provincia está elaborando un protocolo de uso de armas de fuego que permitiría a los oficiales tener una bala en la recámara lista para disparar. En manos de una policía perforada por las bandas narco y líder en el gatillo fácil, como la santafesina, la medida sólo puede llevar a un agravamiento de la crisis de seguridad.

El gobierno también está estudiando avanzar en una ley de emergencia en seguridad provincial (en línea con otras que están en debate, como la ajustadora ley de emergencia económica), para lo que viene sondeando a sectores de la oposición. Algunos intendentes radicales y del Frente Progresista apoyarían la medida.

Pero toda tentativa de enfrentar la crisis de seguridad por medio de mayores atribuciones a las fuerzas represivas ha fracasado estrepitosamente. La militarización con la Gendarmería (de la que hay 2 mil efectivos desplegados en la provincia) no ha impedido que las barriadas sigan aterrorizadas por las bandas narco.

Es que el entrelazamiento de las fuerzas de seguridad, el poder político, económico y la justicia con el narcotráfico está en la raíz de la actual crisis. Como señala un artículo del diario La Capital (6/1), desde fines de los ’90 “importantes narcos hicieron fortuna merced a acuerdos policiales que les evitaban tener prontuario”. El ex jefe policial Hugo Tognoli fue condenado por encubrir a uno de estos narcos. El narcotráfico se ha aprovechado también de la opacidad que significan las concesiones privadas de los puertos, manejados por los monopolios exportadores, vía libre para el ingreso y egreso de sustancias, y de los canales del lavado de dinero, como el juego y la especulación inmobiliaria que expulsan a cientos de familias trabajadoras a vivir en la miseria. 

El descomunal crecimiento del narcotráfico se produjo tanto bajo las administraciones del PJ como las del Frente Progresista.

La crisis actual es también el escenario de choques al interior del aparato de seguridad. El gobierno provincial caracteriza la escalada de asesinatos como una respuesta a la purga de 31 policías. El nuevo ministro provincial, Marcelo Sain (quien supo ser director de la Escuela Nacional de Inteligencia, donde se forman los espías policiales y civiles para la investigación interna), busca asentar su autoridad sobre las fuerzas provinciales y locales. Se abre una puja por el control de la calle y del aparato de seguridad.

Desbaratar las bandas del crimen organizado y del narcotráfico exige una acción política independiente de los trabajadores y en las barriadas, contra el Estado capitalista y sus partidos patronales que, con demagogia, pretenden desentenderse de una catástrofe social de la cual son responsables.

Apertura de los libros de las comisarías

Destitución de todas las cúpulas y miembros de la policía implicados en el narcotráfico y el abuso policial.

Basta de policía de gatillo fácil. Que los cuadros jerárquicos y los comisarios sean elegidos y revocados por el voto popular

Nacionalización de los puertos privados sobre el río Paraná, del juego y de la banca.

Desmantelamiento de las bandas narcos

 

 

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