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29 de enero de 2020

Gesell: ley seca, militarización y clandestinidad en el alcohol

Por Corresponsal

A 10 días del asesinato de Fernando Báez Sosa, el techo de responsabilidades no concluye con la condena que reciban los asesinos materiales. En la madrugada del 23 de enero, a 5 días del asesinato de Fernando Báez Sosa, y tras una nueva movilización popular frente al boliche bailable Le Brique, Sergio Berni visitó la localidad balnearia de Villa Gesell para inspeccionar los boliches junto a Gustavo Barrera, intendente municipal. Durante el operativo de inspección estatal reflotaron una vieja ordenanza municipal, de nula utilización hasta la fecha,  que impide el funcionamiento de boliches en la zona céntrica (donde se encuentran casi la totalidad de los boliches de la ciudad), razón por la que varios boliches figuran inscriptos como “cafeterías”, “Café-concert”, entre otras denominaciones. Esta disposición pone un límite a los decibeles de la música, restringe el horario para el ingreso hasta las 2 am, limita la venta de alcohol dentro de los locales e incluso la medida de los vasos que se sirven. También incorpora límites a la capacidad de los establecimientos según los metros cuadrados de las instalaciones y a la prohibición de venta de alcohol a menores de 18 años. La flagrante violación de todos y cada uno de estos puntos, una vez más, deja en evidencia que el funcionamiento de los boliches ha sido con la total complicidad del poder político municipal y provincial, quienes han hecho la vista gorda todo este tiempo manteniendo un negocio del empresariado de la noche en función de obtener una tajada.

Ley Seca: ventas clandestinas y sobreprecios

Tras la inspección, el intendente Gustavo Barrera ha impulsado una política de ley seca donde se prohíbe el consumo de alcohol en la vía pública, sea en la calle o en las playas  (llamativamente no así en los boliches, balnearios o comercios privados), que lejos de ser una solución al problema agrava la criminalización de la juventud.

Simultáneamente se admiten los delivery de alcohol que se ha transformado en un gran negocio para sortear la prohibición.

Mientras se tienen bien identificados a quienes accionaron violentamente contra Fernando, se ha militarizado la ciudad de Villa Gesell, y ahora se cachea y revisa a todo el que circula por la localidad, especialmente a jóvenes. Se impide llevar bebidas alcohólicas en la vía pública, y a las playas, revisando bolsos y termos, criminalizando al conjunto de las y los jóvenes y a la población. La descomposición social que golpea a la juventud no se resuelve con la ley seca ni con el reforzamiento del aparato represivo garante del narcotráfico, del negocio del alcohol y del delito organizado. La prohibición del consumo de alcohol en la vía pública se trata de una medida que apunta a “hacer que hacemos algo”, pero más que nada refuerza la clandestinización  del consumo y a no ressuelve las causas que conducen al consumo de alcohol y drogas en la enorme mayoría de la juventud, ni las causas que conducen a la violencia. A ellos no les importa resolver este flagelo porque gracias a ello engordan sus bolsillos. Se trata de una medida que termina colocando a la juventud como chivo expiatorio para ocultar un entramado empresario que incluye a bolicheros y funcionarios de toda índole.

Vivimos en un régimen social que oprime y persigue, que promueve el alcoholismo y la drogadicción como forma de diversión y disciplinamiento social. Un régimen que somete a la clase trabajadora a condiciones laborales deplorables, a la desocupación, destruye a las mujeres y que no tiene perspectivas para la juventud.

El jefe de seguridad, Andersen, mostró la hilacha

Capítulo aparte merece la situación del secretario de Seguridad municipal, Mauricio Andersen. Cuando todo esto ocurría salió a la luz que Andersen tiene un pedido de juicio oral en su contra por presunto incumplimiento de los deberes y por no promover la persecución y promoción de los delitos, bajo la función de comisario inspector de la policía bonaerense. El jefe policial aparece imputado junto con otros dos procesados a los que se los acusó de "robo doblemente agravado por el uso de armas, en despoblado y en banda, en concurso real con privación ilegal de la libertad".

Según fuentes de la investigación, para la Justicia existen elementos que vincularían al comisario con una banda de delincuentes que se dedicaban a asaltar a vecinos de General Belgrano y tenerlos cautivos mientras les robaban, siempre apuntándolos con armas de fuego”  (La Nación, 21/1).

Antes de viajar a Villa Gesell, el ministro Sergio Berni revocó la licencia que le habían otorgado a Andersen. Berni, el de la ley seca, y Kicillof, el de la "ley que penaliza los golpes de los rugbiers", no tienen  mejor idea que plantearle volver a la policía. A partir de esta disposición, el comisario inspector tiene dos opciones: retomar su trabajo en la policía bonaerense o seguir como secretario de Seguridad, y someterse a interpelación.

En ningún caso ni Berni ni Barrera ni Kicillof plantearon la exoneración ni juicio y castigo para Andersen

Hay que seguirla

Hasta ahora lo único que efectivamente ha garantizado que el boliche cierre, así como el decreto de duelo municipal tardío, ha sido la movilización popular incesante.

Esta movilización debe continuar, y debemos exigir una investigación independiente del crimen de Fernando. Juicio y castigo a los culpables materiales y políticos. Está planteada  la apertura de los libros contables y administrativos municipales y su control popular para saber cuál es el dinero que entra, en concepto de qué ingresa, a qué se destina  y el estado de las habilitaciones. Las asambleas de vecinos, trabajadores y jóvenes deben diseñar un plan de esparcimiento y vacaciones al servicio de la juventud y para las familias trabajadoras.

Justicia para Fernando. Cárcel a todos los responsables materiales e intelectuales. Por una juventud y una clase obrera libre de opresiones.

 

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