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31 de enero de 2020

Paritaria Nacional Docente: el salario otra vez ausente y una luz de alerta sobre las jubilaciones

El día de ayer, precedida de una campaña que la definía como la restauración histórica de un derecho a dos años de su desmantelamiento de parte del macrismo, se reunió la paritaria nacional docente, presidida por los ministros de Educación, Nicolás Trotta, y de Trabajo, Claudio Moroni. Explícitamente no trató el salario nacional docente, un hecho sólo posible por la complacencia de la Ctera que, sin embargo, planteó que en el país hay 250.000 docentes que son pobres. El olvido no es inocente y responde a una exigencia de los gobernadores provinciales, que quieren limitar al máximo el piso salarial nacional que condiciona la discusión con todos los trabajadores estatales ya que tienen a la docente como una paritaria testigo para el ámbito público.

A ello respondió la presencia de todos los ministros de educación de las 24 jurisdicciones y de la mayoría de los ministros de hacienda de las provincias. Sonia Alesso, secretaria general de Ctera, se limitó a señalar que “para contrarrestar la inequidad salarial es fundamental debatir la "actualización del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y Garantía del Fondo Nacional de Compensaciones Salariales". Pelota afuera. Mientras, 10 comisiones debatirán los problemas de la educación como Formación docente continua; Salud, bienestar y condiciones de trabajo; Inversión educativa; Políticas de evaluación y producción de información; Política salarial; y Prioridades político pedagógicas, pero la más inquietante es la que abordará la política previsional, un alerta sobre la continuidad de los regímenes jubilatorios docentes.

El peso de los gobernadores lo destacó el ministro de educación de San Juan, Felipe de los Ríos, el día anterior: “Esperaremos al 19 de febrero, cuando vamos a tener la reunión en Chapadmalal con los ministros de Educación y Hacienda de todo el país, y recién a partir de allí llamaremos a la paritaria en cada jurisdicción”. No obstante, Trotta y la burocracia sindical docente realizaron una conferencia posterior en la que expusieron mutua satisfacción por lo que caracterizaron como un paso muy positivo.

La defensa de la educación y de los derechos docentes exige de paritarias libres, y la ruptura de Ctera de su integración al gobierno.

La educación por detrás del siglo XIX

En aras de justificar de antemano sus límites, Trotta, aún sin proponérselo, hizo una aguda radiografía de la hecatombe producida por el capitalismo en la sociedad y en la educación argentinas: “El gobierno debe enfrentar al mismo tiempo problemas del siglo XIX, del XX y del XXI”: el hambre, el acceso al agua, la infraestructura escolar, las desigualdades sociales, la conectividad y la “formación” de los docentes. Todo “en un momento de fuerte restricción fiscal”, en una Argentina “sobre endeudada y con incapacidad de tomar deuda para hacer frente a un montón de políticas que le gustaría estar desplegando” (La Nación, 27/12). La votación de respaldo al pago de la deuda en el Congreso confirma la subordinación de la educación a la mesa del FMI. La estrecha visión de que para “desplegar un montón de políticas que les gustaría” hay que aceptar la colonización del capital extranjero tomando deuda evidencia la impotencia del nacionalismo burgués.

Continuidad con lo realizado por Macri

Preguntado sobre qué cambiaría de la gestión precedente, Trotta salió en defensa del macrismo, y de todo el régimen capitalista, señalando que no vienen a refundar nada y que estamos frente a una situación que “no es una desigualdad que corresponde a los últimos cinco años o a las últimas décadas. Son 200 años” (ídem).

A confesión de partes, relevo de pruebas. Las promesas de combatir el hambre, hacer central a la educación y que los salarios le ganen a la inflación son pura demagogia.

Estabilizar el hambre

En la última década (seis años de kirchnerismo, cuatro de macrismo), la carestía estuvo por encima del crecimiento de los índices de precios que, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), fue del 1.600%. En algunos productos de consumo popular, las subas llegaron hasta el 3.680%.

¿Algún trabajador o trabajadora recibió aumentos salariales que acompañe este golpe económico de parte de los capitalistas? Desde luego que no.

No hubo “precios cuidados” que valga en 10 años, y ahora tampoco. En lo que va del gobierno de Alberto Fernández el alza de los precios más baratos fue del 20% como mínimo, y “las terceras marcas treparon con subas de hasta el 90% tras salir de los precios cuidados” (Ámbito, 28/1). El escándalo es tal que la CGT se ha postulado para ayudar al gobierno a controlar los precios que suben los patrones, los mismos con los cuales burócratas y gobierno han hecho un acuerdo de no subir ni salarios ni precios.

Las tarjetas alimentarias del ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, son por $4.000 en los casos de madres con un hijo y llegan a 6.000 cuando tienen más de dos hijos, cuando la canasta básica para no ser pobre es de $40.000.

La política contra el hambre del gobierno nacional es una estafa, al tiempo que un mecanismo de extorsión contra los reclamos del resto del movimiento obrero.

Desfinanciamiento educativo

Trotta anuncia a la educación centrada en resolver el flagelo del hambre, que la escuela no puede resolver. Menos, cuando ha confirmado que durante el año 2020 solo se destinará para el financiamiento educativo el 4,8% del PBI, casi dos puntos menos que lo exigido por la ley de Financiamiento kirchnerista del año 2005 que, debe decirse, prácticamente no se cumplió nunca. Continúa así la política de desguace presupuestario del macrismo, y acompañada por todas las provincias.

Cristalización de salarios de pobreza

Gobierno y burócratas sindicales han acordado la eliminación de la cláusula gatillo. Además, aceptaron el reclamo de Alberto Fernández de no abusar en sus pedidos de aumentos salariales, porque generarían más inflación. Pero la realidad es otra.

El único gasto que superó a inflación del 2019 (10,7 puntos por encima), la más alta desde hace 28 años, fue el pago de los intereses de la deuda externa, ahora consagrada por el Congreso Nacional a instancias del peronismo. Así, el pago de los intereses de la deuda fraudulenta se ha convertido en el 20% del gasto estatal.

¡Los buitres, Baradel, son los que le ganan a la inflación; no los maestros, con la entrega que ha aceptado Ctera de eliminar la cláusula gatillo!

El incremento mediante sumas fijas y en negro que Baradel denomina ganarle a la inflación, a partir del salario inicial actual de 20.250 pesos, aun superando la inflación proyectada por el oficialismo, llevaría el salario de una amplia franja de la docencia a casi $ 10.000 por debajo de la actual línea de pobreza.

Mientras, en 2019 las prestaciones sociales cayeron el 6,1% en términos reales, las asignaciones familiares un 5,4% y los salarios un 11% en promedio (Clarín, 16/1).

El horizonte del Palacio Pizzurno incluye financiar a los gobernadores que digan no poder pagarlos y “formar a los maestros para que se transformen en educadores”, negándoles esa condición. También avanzar contra el Estatuto Docente. Quien más brutalmente lo planteó fue el ministro de educación de Mendoza, José Thomas. Denunció que los docentes tienen prebendas como licencias para cuidar familiares enfermos y ponderó al ítem aula por el cual los docentes “trabajan un poco enfermos”.

Cero inversiones en infraestructura y explotación de los padres

Las escuelas se caen a pedazos, faltan miles de edificios escolares. Sin ellos, la promesa de cubrir la educación inicial a los cuatro, tres y dos años, y la jornada extendida para primaria y secundaria son una farsa. Nada de esto ocurrirá. A cambio, pondrán en funcionamiento el llamado “Plan Argentina Unida por la Educación y el Trabajo”, consistente en que 30 mil desocupados de todo el país -12.000 de ellos en Buenos Aires- se encarguen de poner en condiciones todas las escuelas derruidas por generosos $17.000, 23.000 por debajo de la línea de pobreza, gracias a un plus sumado a lo que cobran de plan. En Buenos Aires se encargarán de 800 escuelas con un gasto de $200 millones, equivalente a $684 diarios, en todo concepto. 

Este es el pacto social educativo que gobierno y burocracia sindical docente instan que los maestros y profesores acepten porque, en palabras de Trotta, “no estamos conformes con la respuesta que está dando nuestra escuela en la ruptura de las desigualdades”.

Tribuna Docente, junto al sindicalismo docente combativo, llama a los docentes a organizarse para enfrentarlo.

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