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4 de febrero de 2020

La movilidad jubilatoria y la identidad de comportamiento del macrismo y el gobierno actual

El mismo día que comenzaba en Comodoro Py la fase de producción probatoria en el juicio contra los militantes César Arakaki y Daniel Ruiz por la movilización del 18 de diciembre del 2017, Clarín publicó dos notas. Una sobre la suspensión de la movilidad de Alberto Fernández, que tomará clara forma de reducción de los haberes jubilatorios cuando determine por decreto el monto de incremento en las jubilaciones. Allí expresa claramente la quita que significa para el haber jubilatorio la decisión del gobierno de no respetar no ya la ley de movilidad jubilatoria kirchnerista sino la ley aprobada por Macri en el 2017. La intención es vulnerar la igualdad de los jubilados, ya que dicha movilidad dejaría de aplicarse a todos los jubilados, planteando incrementos diferenciales según los rangos de haberes (más a los que menos ganan y menos al resto). La pérdida por inflación de los haberes jubilatorios fue de un 19% pareja para todos y según la fórmula de movilidad suspendida le correspondería una actualización del 11, 56% en marzo, pero el actual gobierno pretende reducirlo a poco más de un 5% para los jubilados que perciben haberes mayores a $ 19.000.-

Advierte el diario que este criterio profundiza la pérdida de poder adquisitivo, vulnerando el derecho adquirido que ya la Corte declaró inconstitucional en el fallo Badaro, abriendo nuevamente una andanada de juicios de reajuste de haberes previsionales.

Pero la verdadera advertencia es colocada con dos fotos en la que se ven a Sebastián Romero y a César Arakaki, que ilustran la segunda nota titulada “Reforma Previsional de 2017: Una Ley sancionada bajo una lluvia de piedras y bombas molotov”.

El texto de la misma es revelador: “La ley cambió la fórmula de movilidad jubilatoria. En lugar del ajuste semestral, en base 50% a la evolución de los salarios y el 50 % de la recaudación, pasó a usarse el 70 % de la inflación y el 30 % de la suba de salarios formales”.

Este recordatorio advierte que una posible condena a Cesar Arakaki y Daniel Ruiz no es solo una expresión de “el gobierno Macrista y su vulneración a las libertades democráticas”, sino claramente pueden coincidir en el interés aleccionador a los trabajadores, que forzosamente deberá desempolvar Alberto Fernández de la vieja doctrina kirchnerista de “perseguir a los piqueteros con el código penal” como sostenía el ministro del Interior Aníbal Fernández cuando el actual presidente era jefe de Gabinete de Néstor Kirchner.

Hoy más que nunca: Absolución de César Arakaki y Daniel Ruiz.

 

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