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4 de febrero de 2020

Neuquén: apoyemos a los vecinos que luchan por una vivienda digna

No al desalojo de las tomas de tierras

Desde hace unos días se están sucediendo una serie de ocupaciones de tierras en Neuquén capital que ponen de manifiesto el dramático déficit habitacional que sufre la provincia de Vaca Muerta. Más de 70.000 familias no tienen acceso no solo a la vivienda sino siquiera a un loteo o terreno.  Las ocupaciones concentran a más de 800 familias. La primera en surgir fue en  la zona de Pluspetrol (empresa petrolera) con más de 250 familias.  Luego ocurrió  la toma de Valentina Norte Rural, que finalmente se levantó y desde ayer, 500 familias comenzaron a instalarse en la zona de la autovía Norte.

Esta última ocupación se encuentra en terrenos que venían siendo valorizados por el Estado provincial y municipal para favorecer la instalación de diferentes empresas. De hecho, esta zona que hasta hace muy poco era un basural, ahora se encuentra con una importante obra de asfalto que permite un estratégico ingreso y  salida  de la ciudad. Estamos en presencia de terrenos que están en fuerte disputa por sectores del capital que opera en la ciudad.

La situación de la vivienda en Neuquén es dramática. Las magras cantidad de viviendas que se construyen están monopolizadas por dos cooperativas que responden directamente al Estado provincial.  Según un informe del diario La Mañana de Neuquén, desde enero de 2018 a la actualidad, el Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU) inauguró 593 viviendas sociales en Neuquén capital. De ese total, 247 casas se adjudicaron a través del MTD y otras 146 por medio de la cooperativa 127 Hectáreas. Es decir, tercerización de la vivienda popular es negocio para el Estado y cooperativas afines.

Las dos ocupaciones cuentan con órdenes de desalojo, mostrando una clara orientación del gobierno y de la justicia en defender la tierra para la especulación inmobiliaria y el acaparamiento para proyectos empresariales.  A los ricachones que construyen sus mansiones ilegalmente en las riberas de los ríos, el Estado les garantiza la impunidad y a la lucha por la vivienda popular las penaliza y las reprime. Este el contenido social de los desalojos que rechazamos categóricamente.

El Estado es enemigo de la vivienda popular, porque el mismo constituye una agencia de las inmobiliarias. Defendemos el más legítimo derecho de los vecinos a la ocupación. No a la represión y a los desalojos.  Exigimos al intendente Mariano Gaido y al gobernador Omar Gutiérrez el cese de cualquier desalojo y la satisfacción de los reclamos. Apoyemos con todo a los vecinos.

Tierra para los trabajadores.

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