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12 de febrero de 2020

Impuestazo municipal en la ciudad de Córdoba

Debut de Llaryora, el primer intendente del PJ desde el 83.

“El municipio está fundido.” Con estas palabras Miguel Siciliano, secretario de gobierno municipal, salió en defensa de los aumentos en los impuestos que rondan el 72% en caso del inmobiliario urbano municipal y el 77% en el automotor, configurando un verdadero impuestazo contra el pueblo trabajador.

Con estos incrementos en sus primeros tres meses de gobierno, el intendente peronista Llaryora se coloca sin solución de continuidad en la línea marcada por los ocho años de gobierno de Mestre (UCR), quien impuso aumentos constantes por arriba de la inflación y muy superiores a las paritarias salariales firmadas por los sindicatos, bajo el argumento de que era necesario compensar la reducción del 30% de los impuestos que se había operado hace ¡dos décadas! Ahora, con la premisa de la “pesada herencia” radical, el peronismo se despacha con un impuestazo contra los vecinos en su afán de hacerse así de los fondos necesarios para responder a la deuda usuraria e impagable de la ciudad.

Los aumentos, que superan ampliamente el 53% previsto en la “Declaración de emergencia municipal”, despertaron un fuerte repudio por parte de los vecinos no sólo porque supone un brutal golpe al bolsillo de las familias trabajadoras en un cuadro donde arrecian los despidos, las suspensiones y los salarios a la baja; sino por el deplorable estado de los servicios públicos. Bastó una lluvia de 85mm para que la ciudad colapsara: barrios anegados, casas inundadas, vecinos varados sin que pudieran ingresar los colectivos a las barriadas más populares, etc.

A pesar de los esfuerzo del oficialismo por presentar la medida como una herramienta para lograr una “redistribución de la presión fiscal”, salta a la luz que uno de los sectores más afectados por el aumento del inmobiliario municipal será, sin duda, el de los inquilinos que deben hacerse cargo de dicho impuesto producto de los contratos extorsivos que imponen las inmobiliarias. Asimismo, si bien se prevé el congelamiento para las viviendas en las zonas más humildes, quedarán por fuera de este beneficio, todos aquellos vecino/as que adeuden alguna cuota del mismo o tengan construcciones sin declarar (en este último caso con incrementos por arriba de la media).

Así las cosas, en una ciudad con un déficit habitacional de más de 150 mil viviendas, donde proliferan las construcciones precarias, los asentamientos y las ocupaciones de tierra, lejos está de tratarse de una política de redistribución de la presión fiscal. Mientras se mete la mano en el bolsillo de trabajadores/as precarizados, subocupados y desocupados, no existe actualización alguna para la industria que paga entre un 35% y un 65% menos por metro cuadrado que las viviendas promedio. Menos aún si hablamos de las grandes empresas inmobiliarias que acaparan y especulan con el terreno de la ciudad.

Una política provincial

El impuestazo de Llaryora se inscribe plenamente en la política de Schiaretti, que ha optado por lanzarse contra los salarios de los trabajadores provinciales y los bolsillos de los vecinos con el objetivo de sortear los vencimientos de deuda y las cuentas en rojo de la provincia. Estos aumentos son apenas un capítulo de una serie de medidas de ajuste que comenzaron con la aprobación de la “declaración de emergencia municipal” que otorga superpoderes al Intendente y habilita la intervención directa de la provincia sobre las finanzas municipales.

En sintonía con Schiaretti, Llaryora se lanzó contra los salarios de los trabajadores municipales uno de los blancos más importantes en su plan de ajuste. Al desconocimiento de la cláusula gatillo, se sumaron decenas de despidos y una maniobra extorsiva para incluir sumas en negro al salario municipal. Si bien producto de la lucha se lograron revertir los despidos, queda pendiente lograr el blanqueo de las sumas en negro y la defensa de la cláusula gatillo, baluartes de la paritaria municipal.

Párrafo aparte merece el accionar de la oposición. En conferencia de prensa, radicales y juecistas salieron al cruce de Llaryora exigiendo que se cumpla con el tope del 53%. Sin embargo, fueron estos mismos bloques quienes aprobaron junto al oficialismo el presupuesto de ajuste municipal hace apenas un mes, y quienes prestaron su respaldo parcial a la ley de emergencia. Son quienes prestaron total aprobación a la política de endeudamiento y ajuste de los últimos años.

El Frente de Izquierda en el Concejo ha sido el único bloque en rechazar categóricamente el impuestazo, exigiendo que se retrotraigan los aumentos y el congelamiento de tarifas por dos años. En este sentido, desde el Partido Obrero planteamos la inmediata actualización del impuesto municipal a los sectores industriales, grandes propietarios y capitalistas, y fundamentalmente la especulación inmobiliaria. Proponemos fijar un impuesto diferenciado para la vivienda única, eximiendo del mismo a las viviendas de las familias trabajadoras. Y en caso de propiedades en alquiler, planteamos una regulación efectiva sobre contratos extorsivos que deslindan a los propietarios del pago de impuestos municipales y provinciales.

El repudio a la medida suscitó una autoconvocatoria de vecinos contra los aumentos que, sin embargo, no ha tenido continuidad. Es sobre esta tendencia que trabajamos para organizar a las y los trabajadores y en particular a las barriadas populares para rechazar esta nueva afrenta que esto sólo agrava la crisis habitacional y laboral por la que atraviesan los cordobeses.

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