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14 de febrero de 2020

Muertes por hambre en el norte salteño

Crónica de una reunión a “puertas cerradas” con los ministros en Diputados.

Aunque las primeras palabras del ministro de Gobierno, Ricardo Villada, fueron que el gobierno aborda esta realidad “sin filtros” en la reunión estuvo prohibido el acceso de la prensa. Es decir, que lo único que se puede escuchar sin filtros es la versión oficial…

Aún con estas limitaciones y a partir de las preguntas que formulamos desde el bloque del Partido Obrero surgen las siguientes conclusiones:

En materia de obras de agua, asistencia sanitaria y asistencia alimentaria están interviniendo sobre la emergencia pero el alcance de la intervención es totalmente insuficiente: en materia de abastecimiento de agua, la perforación de una serie de pozos y dispositivos de “cosecha de agua” para 100 de las 2.000 familias que lo demandan. En este aspecto, el ministro reconoció que no hay financiamiento para las obras de envergadura para resolver el enorme déficit de volumen de agua, lo que requiere triplicar la cantidad que hoy se distribuye en las localidades del Departamento San Martin. A la pregunta de por qué el oficialismo había sancionado una moratoria que perdona impuestos a las grandes empresas justo cuando hacen falta enormes sumas para financiar estas obras, el ministro nos mandó a preguntarle, cínicamente, a Dib Ashur, ministro de Economía.

En materia de cobertura de personal de Salud, la ministra Medrano reconoció un déficit enorme, aunque solo le puso números a la falta de 56 agentes sanitarios en el área de Tartagal. Hoy trabajan en la zona 23 médicos pero en su mayoría trasladados para esta emergencia.

Frente al reclamo de nuestro bloque para que se establezca la figura del profesional con dedicación exclusiva al Hospital público con vivienda y salarios acordes, reconoció que esa sería la solución y que están “mejorando” la oferta para que se instalen de manera permanente en la zona. Cuando consulté que sueldo ofrecen, me dijo $150.000 mensuales. Marchamos a un nuevo fracaso, ya que un médico joven en Salta Capital, trabajando guardias en salud pública y privada, llega a duplicar esa cifra. Con lo que se van a ahorrar de impuestos con la moratoria de Sáenz las grandes empresas instaladas en la zona, podríamos pagar el sueldo que corresponde para que todas las comunidades tengan su médico permanente. La Ministra reconoció que el 50% del parque automotor de su ministerio está obsoleto y que se van a comprar algunas ambulancias, aquí también hace falta aplicar mucho más dinero.

Además, la ministra de Salud no se hizo cargo de los convenios con CONIN, la de Desarrollo Social tampoco, dicen que la Nación es la que financia esos emprendimientos a cargo de Abel Albino que afirma que los indígenas son “desnutridos por su cultura y porque tienen demasiados hijos…”. Lo cierto es que es impensable que esta fundación reaccionaria pueda actuar en la provincia sin autorización del gobierno.

Conclusión: En el paquete de las medidas de la intervención del gobierno no está la salida, no están los recursos materiales y humanos indispensables. Ni hablar de cuestionar el régimen de explotación de los recursos naturales, el modelo sojero que expulsa a las comunidades de sus tierras o el destino de la renta petrolera que se produce en la zona en favor de las privadas desde hace 100 años.

Insistiremos en la convocatoria al pueblo de Salta a una gran marcha al poder político para exigir a Sáenz que se forme un fondo para que ningún niño muera más por hambre; financiado con un aporte extraordinario de las grandes empresas y los bancos que han tenido beneficios extraordinarios en medio de la crisis y el empobrecimiento generalizado de los trabajadores. Con ello garanticemos el acceso al agua potable, a la asistencia alimentaria bajo control de las comunidades y al subsidio económico directo de todas las familias afectadas.  

 

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