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12 de marzo de 2020

Antiderechos: adopción prenatal para legitimar el tráfico de bebés

En contraposición al derecho al aborto buscan formalizar la tutela sobre los cuerpos de las mujeres y el mercado en negro de bebés.

El diputado cordobés Diego Mestre, de la UCR, presentó en el Congreso de la Nación un proyecto de ley que plantea designar un “tutor especial” a la “persona en gestación” como alternativa para las mujeres embarazadas que no se encuentran en condiciones materiales o psicológicas de ser madres. A su vez, el marido o conviviente que haya reconocido a la persona por nacer deberá dar su consentimiento a la adopción prenatal.

Según la iniciativa, previo al nacimiento, la gestante podrá manifestar a un juez su voluntad de darlo en adopción una vez nacido. El juez determinará una audiencia especial con la participación del Ministerio Publico y designará un tutor especial para la persona en gestación. Desde la adopción hasta la entrega del menor en guarda para adopción, el consentimiento de los interesados es revocable. 

En los fundamentos, el diputado Mestre cita un fallo correntino de 2019 por el cual la jueza María Legarreta concedió la adopción prenatal de un feto concebido como producto de reiteradas violaciones perpetradas por su padrastro a una adolescente de 17 años. La adolescente que era abusada desde los 13 años, y ya era madre de una niña de dos años, producto de los abusos, había solicitado la interrupción legal del embarazo. La justicia correntina se amparó en el estado avanzado del embarazo para disponer la adopción prenatal, como si eso solo alcanzara para salvarla de la tortura de llevar a término un embarazo no deseado. Por supuesto, deslindando de absoluta responsabilidad al Estado, al sistema de salud y/o de educación, que no tomó nota de la situación de abuso extremo que padecía la joven desde los 13 años.

El fallo se trató de un hecho inédito en nuestro país. Forma parte del reclamo oscurantista que sostienen los antiderechos, para convertir a las mujeres que sufren embarazos no deseados en verdaderas “incubadoras” y para someterlas a partos forzados hasta que den en adopción, favoreciendo de este modo, el tráfico de bebés.

Recordemos que en 2018, mientras la marea verde ganaba las calles por el aborto legal, se presentaron varios proyectos de ley en el Congreso, en el sentido del que ahora retoma el diputado Diego Mestre, con el objetivo de entorpecer el debate sobre aborto legal. El senador por Cambiemos Federico Pinedo, por entonces, propuso crear el programa “el Estado se hace cargo y te acompaña”, mediante el cual proponía que el Estado Nacional se haga cargo por sí o por intermedio de terceros del control, seguimiento y asistencia médica, sanitaria y, de ser necesario, de habitación y alimentación, de las mujeres embarazadas que decidan no asumir, al momento de su nacimiento, la crianza y patria potestad de sus hijos por nacer.

Como se advierte, todo empeño estatal estaría depositado en obligar a las mujeres que no desean ser madres a llevar a término el embarazo para después hacerse del bebé, mientras la inmensa mayoría de las mujeres de la clase trabajadora, que sí deciden la crianza de sus hijos,  se encuentran expuestas a la ausencia de garantías laborales por maternidad/paternidad, jardines maternales, desocupación, precariedad laboral, trabajo en negro y miseria salarial. Se trata de una posición perversa por donde se la mire, que no solo va contra la legalización del aborto, sino también contra la aplicación de ILE en los casos de violación y cuando esté en grave peligro la vida o la salud de la mujer o persona gestante.      

Surge claro el intento de legitimar un mercado negro de bebés en virtud de la nula posibilidad de que las mujeres embarazadas en situaciones de extrema vulnerabilidad tengan algún grado de decisión respecto de los supuestos adoptantes. Por otro costado, la adopción de vientres coloca el acento en la necesidad de satisfacer el deseo de los adultos que no pueden tener hijos garantizando el acceso a un bebé, y no por el contrario, en el interés mayor de los niños a contar con un hogar. En efecto, el 70% de los niños esperando ser adoptados se encuentran en la etapa escolar, sin embargo el 89% de los padres que pretenden adoptar buscan bebés de hasta tan solo un año. Cabe destacar que las iglesias se benefician con suculentos subsidios estatales a través de sus ONGs y fundaciones que administran hogares para niños.    

En definitiva, el verso de que en vez de abortar se puede dar en adopción, es la bandera que levanta la Iglesia, que históricamente, en complicidad con el poder político, avaló la venta, secuestro, sometimiento, violaciones y tráfico de bebés y niñxs.

No sorprende que este nuevo proyecto sea presentado por el cordobés Diego Mestre, que en 2018 votó por el aborto clandestino en diputados mientras una multitud reclamaba frente al Congreso y en vigilias en todo el país. La nueva iniciativa antiderechos va en consonancia con la colaboración de la UCR y de todo el arco político patronal de Córdoba con la institución clerical para el bloqueo del aborto no punible, la educación sexual integral y la anticoncepción gratuita.  

Más que nunca, necesitamos reforzar la marea verde en las calles, sin depositar confianza en el lobby parlamentario y los bloques políticos aliados al clero. Reforcemos la lucha independiente de los gobiernos y las iglesias que nos trajo hasta acá, y conquistemos la educación sexual integral, el aborto legal sin concesiones y la separación de la Iglesia del Estado.

 

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