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13 de marzo de 2020

Coronavirus: entre la desidia estatal y los reclamos populares

Con un mensaje de seis minutos transmitidos por cadena nacional, Alberto Fernández buscó presentar al gobierno “poniéndose al frente” de la prevención y atención de la pandemia de coronavirus. Sin embargo, y a pesar de afirmar que “un Estado presente” es la mejor forma de combatir el virus, limitó los anuncios a recomendaciones de cumplimiento individual para los sectores más expuestos o propensos a ser más afectados por la enfermedad.

La situación de la salud pública

Los 1.700 millones de pesos que se destinarían como partida adicional para el área de Salud -en el marco de la emergencia ampliada por el DNU- representa apenas un 4% del presupuesto asignado al área en 2019, ya en plena vigencia del ajuste fondomonetarista. Ningún abordaje significativo puede hacerse con tan escasos recursos, más teniendo en cuenta la crisis que atraviesan los hospitales púbicos, la cual se agrava al ritmo del quebranto de las finanzas provinciales. La capacidad de los distritos de proceder por su parte a una ampliación presupuestaria, cuando muchos de ellos están en proceso de renegociación de sus deudas para evitar defaults, está seriamente cuestionada.

Nada ejemplifica de manera más dramática la situación de la salud pública que las condiciones en que desarrollan sus tareas trabajadores de la salud. En el Argerich, tras el primer fallecimiento por coronavirus en Argentina, decenas de trabajadores debieron permanecer en aislamiento por haber estado expuestos al contagio ya que ningún protocolo había sido activado. El faltante de insumos esenciales para prevenir la transmisión de la enfermedad (como guantes, barbijos, alcohol y desinfectantes) es la regla general, incluso en las áreas de esterilización. La demora a la hora del diagnóstico hace que muchos infectados hayan estado en contacto con decenas de personas en guardias y otras áreas de los hospitales.

La exposición de los trabajadores de la salud es un hecho gravísimo, porque aumenta el potencial de propagación del virus hacia los pacientes (a menudo más vulnerables) y porque una multiplicación de aislamientos afectaría aún más la capacidad de los centros de salud de atender una creciente demanda de atención. Si la partida especial asignada por el gobierno ya es escasa para abastecer de insumos necesarios al sistema sanitario, más aún lo es para revertir la carencia de personal. Los reclamos de los trabajadores de la salud de Chubut, que protagonizan junto a estatales y docentes medidas de fuerza contra el ajuste del gobernador Mariano Arconi, no son un caso particular. Hace días el ministro de Salud de la Ciudad, Fernán Quirós, aseguraba en una entrevista que no estaban en condiciones de atender el reclamo de residentes y concurrentes por encontrarse abocados a la prevención del dengue y el coronavirus; en realidad, terminar con la precarización laboral sería un aporte invaluable a la reversión de la crisis de la salud pública.

Lo sufren los trabajadores

En otro orden de cosas, si el cumplimiento individual de ciertas normas elementales es esencial para reducir el riesgo de contagio, ello debiera estar contemplado con el otorgamiento de licencias extraordinarias con goce de sueldo. Por lo demás, que un 44% de la clase obrera del país trabaje en negro o bajo otras modalidades de precarización laboral -a menudo atadas a las horas trabajadas o a la productividad- contrarresta cualquier recomendación sobre la permanencia en cuarentena ante la aparición de síntomas o el contacto con posibles infectados.

No sorprende, en este cuadro, que la identificación de nuevos casos durante el día jueves arroje los primeros contagiados no importados. La aparición de casos autóctonos es una advertencia severa de la difusión que puede cobrar la enfermedad en las próximas semanas.

Ante este panorama, las medidas oficiales son irrisorias. Mucho se ha batido el parche sobre la instalación de tres cámaras termográficas de temperatura en el aeropuerto de Ezeiza, pero lo cierto es que ello marca el contraste con la ausencia de cualquier tipo de control en todo el país. Este tipo de cámaras y otros dispositivos para identificar síntomas virales debería instalarse en todos los lugares de concentración masiva de gente y en la vía pública.

En efecto, la capacidad de Corea del Sur en la reversión de casos y la menor mortalidad (0,8% contra un 6,7% de Italia) está directamente asociada al despliegue de un enorme operativo de prevención basado en el diagnóstico temprano de los casos mediante tests gratuitos (que llega al punto de testear a automovilistas sin que se bajen del auto). Un mecanismo de atención cuando la enfermedad es leve permite además reservar las plazas hospitalarias para los casos más graves y evitar un colapso como el que sufren los centros de salud en Lombardía, la zona más rica de Italia, mucho mejor preparada que nuestro país. Vale agregar que las medidas preventivas realizadas en Corea fueron el fruto de la presión social, que hicieron virar a un gobierno cuyo presidente Moon Jae-In afirmaba el 13 de febrero que la epidemia iba a “desaparecer en poco tiempo”.

En Argentina, por el contrario, los sectores de trabajadores más expuestos a situaciones de contagio reclaman por la adopción de medidas, e incluso revelan la ausencia de capacitación alguna para saber cómo proceder ante eventuales situaciones. Los brigadistas de la Línea General Roca del ramal Ezeiza han denunciado públicamente el “vergonzoso y alarmante” estado de seguridad e higiene en trenes y estaciones, y exigen la provisión de alcohol en gel, jabón, lavandina y demás insumos elementales de los cuales carecen.

Las clases

Al mismo tiempo, y en respuesta a la decisión del gobierno nacional y de la mayoría de los gobernadores de no suspender las clases, entre la docencia se difunde la conciencia de que las escuelas son lugares de propagación de la enfermedad por la carencia de condiciones sanitarias seguras, producto de la falta de agua corriente y de agua potable, de elementos de higiene, y por el colapso edilicio que lleva al hacinamiento en lugares con grave déficit de infraestructura. Por eso, además de reclamar medidas básicas de salubridad –como lo hizo Suteba Matanza con una movilización al Consejo Escolar- crece la exigencia de una suspensión preventiva de las clases (manteniendo la provisión de viandas a los alumnos que se alimentas en comedores escolares). La noticia, difundida al momento de escribir este artículo, del fallecimiento de un docente de la UTN de Chaco, refuerza la necesidad de proceder a una interrupción de la actividad en las universidades, que no cuentan con ninguna preparación para afrontar una situación de emergencia sanitaria.

La resistencia a suspender las clases se explica, no por la “contención” a que hizo referencia el ministro Ginés González García, sino porque el hecho de que los chicos se queden en sus casas implica a su vez medidas que permitan a los padres garantizar su cuidado, es decir que requeriría un régimen de licencias familiares para los trabajadores. La preocupación del gobierno está puesta en preservar lo más posible la rentabilidad de las empresas.

Un programa

La cancelación de vuelos provenientes de Europa y Estados Unidos no incluyó ninguna indicación clara ni atención especial de los trabajadores aeronáuticos que durante las últimas semanas estuvieron en países afectados por la pandemia. Las fronteras argentinas, por lo demás, son un colador, y la ausencia de supervisión estatal -en connivencia con el narcotráfico y el mercado negro- limita sobremanera la posibilidad de realizar un control efectivo.

Por otra parte, el abandono estatal se hace patente en la ausencia de todo plan de atención de la población más vulnerable, es decir las millones de personas que viven en barriadas o asentamientos sin urbanizar, a menudo hacinadas. Como sucede también con la epidemia del dengue, es urgente la organización de cuadrillas especiales que lleven adelante tareas de desmalezamiento de baldíos, limpieza de arroyos y zanjas, erradicación de basurales y de cacharros que son fuentes infecciosas. Ello, de la mano con la provisión masiva de materiales de higiene y de agua potable. Nada de esto entra en las medidas del gobierno, que se limita a amenazar con intervenir en caso de desabastecimiento o especulación desmedida de los artículos necesarios.

La contracara de esta situación alarmante es el admirable esfuerzo que realizan los trabajadores de la salud por lidiar con la pandemia. Son ellos quienes, junto a científicos e investigadores, deben tomar la batuta de la pelea contra la propagación del coronavirus. Por otra parte, es necesaria la conformación de comités obrero de seguridad e higiene en los lugares de trabajo, con capacidad para determinar la paralización de las actividades ante riesgo cierto de contagio. La repercusión de la pandemia como detonante de una nueva fase de la crisis mundial pone sobre la mesa la apremiante organización del movimiento obrero en defensa de los puestos de trabajo y del cobro íntegro de salarios, principalmente en las ramas afectadas como el turismo, el transporte aeronáutico o la extracción petrolera. La atención de las demandas de la población para prevenir la enfermedad son incompatibles con el ajuste presupuestario (ejecutado en base a la prórroga del devaluadísimo Presupuesto 2019) y el monitoreo del FMI sobre las cuentas del país.

La pandemia es una problemática social que exige, una vez más, una salida de los trabajadores.

 

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