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14 de marzo de 2020

Vamos por un 2020 de defensa de la Universidad

Una de las tareas centrales del año, frente a la política proFMI de Alberto Fernández y Trotta.

El gobierno busca escaparles a las certezas en la mayoría de los planos de la situación política y económica del país. Lejos esto de tener una justificación en “no mostrar las cartas en una negociación”, como intentó expresar el Alberto Fernández, se debe a no querer poner de manifiesto lo que está negociando por debajo de la mesa con el FMI y los acreedores privados de cara al pago de la deuda. Los lineamientos para la educación y la Universidad no escapan a esta lógica. Sin embargo, al margen de estos intentos, hay elementos contundentes que nos permiten trazar qué quiere el gobierno en este plano y cómo les estudiantes deben enfrentar esta política.

Ajuste y asfixia presupuestaria

Esta política empalma con una cuestión de fondo: hoy la Argentina no tiene presupuesto nacional y, por ende, tampoco lo tiene la Universidad. El gobierno extendió el Presupuesto 2019 a este año en toda la administración pública, lo que establece un ajuste “de hecho” a la partida de la educación superior: la extensión del presupuesto en pesos del año anterior, con una inflación cercana al 55%, implica un deterioro importante para las universidades de todo el país.

En la Universidad de Buenos Aires, la última comisión de Presupuesto fue suspendida y se afirmó que la misma no resolverá nada hasta que el ejecutivo nacional no redacte el Presupuesto 2020 (cosa que podría no pasar en todo el año) y es un "secreto a voces" que si hay una elevación de la partida será muy por debajo de la inflación. Lo mismo sucede en la Universidad Nacional de La Plata, y en el resto de las universidades se expresa de distintas maneras. Durante enero se prorrogó la utilización del presupuesto 2019 en la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (Río Gallegos). Hace unas semanas aumentaron el arancel de las extensiones de la Facultad de Ciencias Sociales y Derecho en la Universidad del Nordeste un 100%. A su vez, el rector de la Universidad Nacional de San Martín escribió hace poco una nota en Le Monde Diplomatique en la que propuso arancelar con “un tributo” a aquellos que se reciben en la universidad.

La asfixia presupuestaria tendrá su expresión directa en dos aspectos: por un lado, se traducirá en cierre de cursadas, falta de comisiones, recortes y ajustes al salario docente, entre otros ataques. El Rectorado de la UBA, por ejemplo, viene de aumentar el aporte de los docentes a la obra social (de 4,5% a 9%), lo que implica un golpe muy grande al salario. El congelamiento de las becas Progresar con un 56% de inflación es un adelanto de lo que implica poner a la educación en bandeja al FMI. A su vez, la proliferación del CO-VID 19 (coronavirus) puso arriba de la mesa que las universidades no están preparadas para enfrentar la enfermedad: hay establecimientos en los cuales se colocaron afiches que recomiendan lavarse las manos, mientras que en los baños de esos mismos establecimientos no hay jabón. También es moneda corriente la falta de papel higiénico, alcohol en gel e incluso agua, sumado a la tercerización laboral que la mayoría de las universidades hace de la higiene, lo cual además de precarizar trabajadores contribuye a la desidia en las distintas facultades.

La Universidad al servicio del mercado

Para enfrentar la asfixia presupuestaria se reforzarán los negociados y la injerencia de las empresas capitalistas, que ya desde hace años vienen digitando los planes de estudio y las investigaciones a cambio de financiamiento para los, mal llamados por la LES, “recursos propios” de las universidades. La facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA, por ejemplo, presentó un proyecto a fines del 2019 para arancelar la convalidación de los títulos a estudiantes extranjeros. A su vez, “el vínculo de la Universidad con el sector público y privado” no es más que poner el capital de la Universidad al servicio de las necesidades de las empresas y del estado capitalista. En ese sentido, hay una continuidad tanto con el gobierno de Macri como con el de Cristina en donde los convenios con empresas como Bayer o la megaminera La Alumbrera muestran a la Universidad como aliada de empresas que contaminan y contribuyen al saqueo nacional por parte de multinacionales aliadas tanto a gobiernos derechistas como “nac and pop”. Para peor, las pasantías con el Estado sirven como precarización laboral hacia estudiantes que trabajan en condiciones mucho más precarias haciendo lo mismo que hace un trabajador en blanco.

Devaluación de los títulos: otra política al servicio de los capitalistas

Con Nicolás Trotta a la cabeza, el gobierno nacional está trazando una continuidad con la línea privatista y mercantilista que tuvo la Argentina en los últimos años en cuanto a la devaluación de nuestros títulos. Para esto, Trotta colocó como secretario de Políticas Universitarias a Jaime Perczyk, el principal impulsor en tiempos de Macri de la Resolución 1254. Esta les impuso un recorte a las actividades reservadas de los títulos universitarios, lo que se traduce en la devaluación de los mismos y la desvalorización de la mano de obra que traerá consigo el deterioro de las carreras.

Esto marca una orientación de fondo: los lineamientos del “Sistema de reconocimiento Académico”, la Coneau y compañía apuntan a igualar a la educación pública con la privada, a fomentar el aumento de los contenidos que solamente pueden conseguirse de forma arancelada (posgrados pagos) y a fomentar la precarización laboral. Es ni más ni menos que otra cara de educar “al servicio del mercado”.

Sin “solidaridad” con lxs docentes

El debut del gobierno para lxs docentes universitarixs empezó incumpliendo la cláusula gatillo que el movimiento docente había conseguido luego de paros, movilizaciones y de distintas medidas contra el gobierno de Macri. La oferta de 9.7% por parte de Trotta implica un recorte del 5% de lo que sería la aplicación de dicha cláusula. Un ataque que muestra que la “solidaridad” del gobierno no es más que una excusa para justificar el ajuste sobre lxs trabajadores y que pone en términos reales al gobierno a la derecha del propio macrismo.

El movimiento estudiantil: ¿sumiso o independiente?

Frente a esta situación de ajuste, la Federación Universitaria Argentina (FUA) dirigida por la Franja Morada emitió una declaración en la que posa de combativa. Denuncia la preferencia del gobierno por “los acreedores usureros del FMI especuladores de nuestras penumbras” sobre la educación. Primero que nada, una afirmación semejante es un acto de hipocresía muy grande de quienes apoyaron a un gobierno como el de Mauricio Macri (la expresidenta de la FUA, Josefina Mendoza, votó como diputada nacional la reforma previsional y el actual presidente es concejal de Juntos por el Cambio en Tandil) y se enfrentaron a la rebelión universitaria de 2018. Esto no es más que una pose de parte de una agrupación que, si bien ahora no responde al gobierno nacional, está íntimamente ligada al entramado de autoridades universitarias que aplicaron en el pasado con Macri y ahora con Alberto Fernández una política antieducativa y que, por lo tanto, no desarrollará ninguna lucha ni medida más allá del humo en redes sociales. En el caso de la FUBA, la Franja Morada (que preside la Federación) ni siquiera replicó la demagogia en redes para no chocar con su vicepresidencia (MLI), que forma parte del gobierno de Alberto.

Párrafo aparte para agrupaciones vinculadas al Frente de Todos, en particular aquellas que alguna vez (allá lejos y hace tiempo) participaron de luchas contra el kirchnerismo como La Mella o el PCR. Hoy se muestran directamente como aplaudidoras de cualquier cosa que plantee el gobierno. El colmo de aplaudir la nueva ley de educación nacional anunciada por Fernández, de la cual aún no se sabe nada, de parte de un gobierno que puso en el Consejo Interuniversitario Nacional a quien diseñó la 1254, los muestra como un aparato sumiso e incapaz de desarrollar cualquier lucha contra el ajuste universitario. Aún más, su silencio frente al congelamiento de las becas Progresar y la estafa hacia lxs docentes marcan que el intento de ganar la FUA (que tendrá su Congreso en junio) por parte de las agrupaciones kirchneristas aliándose con la agrupación de lxs rectorxs peronistas (la JUP) es el intento por cambiar de dirección a una Federación que seguirá replicando las políticas del Estado capitalista en la educación. Sería reemplazar a una FUA que viene de apoyar al gobierno nacional y las autoridades por otra… que apoyaría a este gobierno nacional y las autoridades.

La independencia del movimiento estudiantil se muestra en este contexto no sólo como un principio político sino como una base fundamental para desarrollar la lucha contra el ajuste del gobierno y el FMI.

Defendamos la Universidad

En este cuadro, la UJS desarrollará un programa para enfrentar el ajuste y la orientación privatista hacia la Universidad. El caso del coronavirus, en donde fuimos la única corriente política que salió a reclamar cosas tan básicas como jabón, alcohol en gel e higiene en los baños, marca la incapacidad absoluta de las agrupaciones de los gobiernos y las autoridades para desarrollar hasta la lucha más básica.

Con este programa general saldremos a vincular las reivindicaciones particulares de cada facultad para poner en pie junto a lxs docentes y lxs no docentes la defensa de la Universidad que una vez más es rehén de las políticas del FMI y de sus gobiernos. La experiencia política de quince años de conducir una FUBA independiente que luchó contra estas políticas y que llamaba a asambleas, congresos extraordinarios y otras instancias contrasta con la inacción de las federaciones estudiantiles en 2020 que oscilan entre el humo en redes sociales y el silencio absoluto. La tarea de defender la Universidad está en nuestras manos.

-Triplicación del presupuesto educativo

-Cumplimiento de la cláusula gatillo

-Derogación de los convenios con empresas privadas

-No a la Resolución 1254 y la devaluación de nuestros títulos

-Derogación de convenios con empresas de limpieza, pase a planta de sus trabajadores y partida extraordinaria para higiene

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