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16 de marzo de 2020

La pandemia acerca el default

¿El impacto del coronavirus en la economía internacional mejora o empeora las condiciones para una renegociación exitosa de la deuda externa?

Hay quienes han visto en la presente crisis una ventana de oportunidad para que el gobierno de Alberto Fernández concrete la reestructuración de la deuda. El razonamiento es sencillo: para atenuar la recesión los bancos centrales del mundo, y en primer lugar la Reserva Federal de Estados Unidos, han reducido las tasas de interés en busca de inyectar mayor liquidez. Un escenario de menor rentabilidad podría empujar a los inversores a aceptar la oferta que transmita Martín Guzmán a pesar de que la misma incluya una quita importante, porque seguiría reportando una ganancia muy por encima de otras inversiones y sobre todo de los precios de mercado a que cotizan hoy en día esos bonos.

Es una visión al menos sesgada. La caída en la cotización de los bonos -cuya paridad se ubica en un 35%- y el nuevo salto del riesgo país expresan una tendencia global dominada por la fuga de capitales desde las inversiones más riesgosas hacia las más seguras. La baja de las tasas de interés de referencia, de hecho, es un intento por abaratar el costo del dinero con el objetivo de evitar que se desplomen los niveles de inversión. No parece el mejor escenario para que crezca el apetito por canjear los títulos de deuda argentinos.

Más generalizada es la consideración de que la incertidumbre generada por la pandemia y el cuadro de histeria que se vive en las bolsas del mundo conducirán inevitablemente a una postergación de varios meses en la negociación con el FMI y los bonistas. Algunos analistas destacan, certeramente, lo complejo de este escenario, porque el factor tiempo afecta de manera diferencial a los dos lados del mostrador: los especuladores no tendrían apuro en tomar una decisión, mientras que para el gobierno el mes de mayo aparece como una fecha límite antes de caer en default, ya que a principios de mes debería afrontar vencimientos por U$S1.400 millones.

Más allá de los nubarrones que enturbian los pronósticos en el sistema financiero, los fondos de inversión tienen además otras razones para esperar antes de resolver sobre una oferta de canje. Las garantías que ofrece el gobierno para asegurar un repago de la deuda tienen dos aristas igualmente de comprometidas: el ingreso de divisas por exportación y un ajuste del gasto público.

El desplome de los precios del petróleo amenaza con dar el tiro de gracia a Vaca Muerta (que era ofertada como la gran garantía), y la caída de la demanda de otras commodities como la soja y el maíz se calcula en 16% (fundamentalmente por la contracción China) golpeando de lleno los principales rubros de exportación, cuando ya en enero la carne sufrió una retracción cercana al 40%. La recaudación de dólares por esa vía entra en un cono de sombras.

Sobre las cuentas públicas, el agravamiento de la recesión económica seguirá carcomiendo la recaudación, y suma mayor desconfianza aún sobre cómo evolucionará la situación. El gobierno viene cubriendo el déficit mediante préstamos del Banco Central, una modalidad que ya insumió nada menos que $342.000 millones; mientras tanto la bola de nieve de las Leliqs creció un 40% hasta arrimarse a $1,7 billones, cuyos intereses ya consumieron en estos tres meses $130.000 millones.

La caída en la cotización de los bonos argentinos ya despierta el apetito de fondos buitre, porque en los valores actuales supondría un negocio extraordinario para los especialistas en forzar las negociaciones y llevarlas a los tribunales extranjeros para cobrar la totalidad de la deuda. Si los títulos empiezan a cambiar de manos, un default es casi seguro. El empantanamiento de la reestructuración nacional golpea de manera derivada a todas las provincias que se han embarcado en negociaciones sobre sus propias deudas, es decir que amenaza con un quebranto generalizado.

No es culpa del virus, sino del rumbo de salvataje de la deuda y de sometimiento a los dictados del capital financiero internacional que deja al país indemne ante los efectos de la pandemia sobre la economía mundial. El no pago de la deuda usuraria es, una vez más, el único punto de partida para salir de la bancarrota, porque la estrategia del rescate nos lleva a las puertas de un nuevo default.

 

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