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17 de marzo de 2020

Pandemia: las patronales se preparan para despidos y suspensiones masivos

Lo que el ministro de Trabajo, Moroni, ocultó en su mensaje del lunes 16.

Una editorial de Julián de Diego en El Cronista de hoy (martes 17/3) analiza las condiciones legales para despidos y suspensiones masivos. Para de Diego se aplicaría la suspensión por artículo 221 (de fuerza mayor), que establece un plazo máximo de 75 días. Según de Diego, “es un caso en donde el empleador podría excusarse prima facie de su responsabilidad si por ejemplo suspendiere a sus trabajadores por la pandemia sin goce de salarios”. Para de Diego, sin embargo, probablemente la licencia de mayor utilización sea la 223 bis de la ley de Contratos de Trabajo (LCT), que es la suspensión concertada, a cambio de una reducción salarial, que incluso permite pagar en base a una suma no remunerativa. Esta licencia requiere el acuerdo del sindicato, por lo tanto, este agente patronal ya cuenta con la complicidad de la burocracia para hacer pasar las suspensiones. La utilización de la causal de fuerza mayor implica luego una reducción de la indemnización al 50%, de acuerdo con la LCT.

Estas disposiciones de “fuerza mayor” chocan con los derechos laborales e implicarían de aplicarse masivamente una imposición de un estado de excepción laboral contra la clase obrera, contemplado en la legislación laboral para rescatar a las patronales en momentos de crisis.

Mientras Alberto Fernández alega que no va a aplicar las licencias por cuarentena porque necesita cuidar la producción, las patronales se preparan para paralizar la producción, por la recesión, pero ahorrándose, por supuesto, los costos salariales. El otorgamiento de licencias masivas por cuarentena sería una forma de garantizar la preservación de las fuentes de trabajo, debido a que en este caso son las patronales las que deben garantizar la percepción íntegra del salario.

Por lo tanto, no se discute solamente si la producción se paraliza o no, dado que la recesión tiende a paralizarla al menos parcialmente, sino quién paga los costos de la misma.

Por eso, la inacción de la burocracia sindical frente a la situación es criminal, así como es sintomático que de Diego sostenga que las suspensiones van a realizarse con complicidad sindical. La burocracia se prepara para pactar despidos y suspensiones como lo viene haciendo desde el comienzo de la crisis bajo el macrismo. Es necesario levantar un pliego que contemple la prohibición de los despidos y suspensiones, la suspensión de la aplicación de los artículos sobre “fuerza mayor” de la LCT, y la continuidad del pago de salarios íntegro.

La prohibición de los despidos debe extenderse a los trabajadores en negro, precarizados y tercerizados, con disposiciones especiales para reconocer, proteger y blanquear la relación laboral en base a la denuncia simple de los trabajadores.

La crisis producto del coronavirus no puede descargarse sobre los trabajadores.

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