fbnoscript
17 de marzo de 2020

Monotributistas y trabajadores autónomos sin ninguna protección

Un sector al margen de las políticas de contención y resguardo.

La crisis del coronavirus ha golpeado fuertemente a las condiciones de los trabajadores monotributistas, autónomos (o cuentapropistas) e independientes, quienes viven del ejercicio de su profesión o la realización de sus oficios. Varios miles bajo “licencia” y otros cientos de miles con su actividad en franca caída libre: ninguno de todos ellos es contemplado por el Estado.

Se trata de un universo de trabajadores que se calcula por arriba de los 2 millones y que, en la casi totalidad de los casos, su subsistencia se ve amenazada por la parálisis de la economía, sin contar con acceso a los beneficios otorgados por el Estado, ni mucho menos a prestaciones económicas que suplan la baja en los ingresos por merma en la actividad. 

Las medidas resueltas por el gobierno no solo afectan a los sectores de riesgo –existen más de 315 mil monotributistas arriba de los 60 años y 137 mil autónomos en la misma condición- para los cuales no existe ninguna política en concreto más que pedirles que “se queden en sus casas”, sino que golpean fuertemente a la actividad cotidiana de los restantes que, en la mayoría de los casos, tiende a la caída, sin que exista ninguna medida de contención o compensación económica para hacer frente a las consecuencias económicas de la pandemia sobre estos sectores.

Un sector a la deriva

El abanico de afectados es sumamente amplio. Desde profesionales de todo tipo, a modalidades de locación de servicio y otras figuras que disimulan una relación de dependencia laboral subyacente, hasta la práctica de diversos oficios (plomería, electricidad, construcción, carpintería, etc.) como cuentapropistas, algunos bajo el régimen de trabajadores autónomos y otros absolutamente en negro. 

Todos estos trabajadores y trabajadoras tienen algo en común: no cuentan con licencia con goce de sueldo como resguardo a la propagación del virus, ni con ingresos estables; en la mayoría de los casos cubren sus gastos indispensables (vivienda, servicios, alimentos, etc.) bajo una dieta económica ajustada; no han recibido ninguna de las sumas fijas otorgadas por el gobierno; en muchos casos no cuentan con cobertura de obra social -un 45,42% de los monostribustistas no accede a obra social según informa El Cronista; esto entre algunas de sus condiciones más gravosas.

Según un reciente informe de la consultora Idesa, casi un cuarto (23%) de los jefes/as de hogares es cuentapropista y un 35% de ellos es pobre. Según la misma, sería más gravoso, para estos, la paralización de la actividad económica que las propias consecuencias del coronavirus. Claro que sobre la base de un Estado que no implemente ninguna medida de soporte y resguardo económico para los cuentapropistas.

Una salida ante la emergencia

Desde el colectivo de Monotributistas Organizados señalan en un comunicado que “somos cientos de miles de trabajadorxs monotributistas que ejercemos nuestros oficios de manera independiente (freelance) o a través de contratos, quienes nos hemos quedado de un minuto al otro sin nuestra fuente de trabajo”. 

Otros como Musicxs Organizados han comenzado una campaña de empadronamiento de artistas y trabajadores de la música para demandar un ingreso mensual igual a la canasta familiar mientras dure la crisis sanitaria.
Estamos ante un sector de la población trabajadora que es sumamente vulnerable a los efectos de esta crisis.

Las medidas para combatir la crisis económica y el impacto del coronavirus deben ser integrales y alcanzar a total de los trabajadores en actividad. Debe comprenderse la suspensión del cobro del monotributo para los trabajadores comprendidos bajo ese régimen; abordaje inmediato de cobertura económica y sanitaria para las personas de riesgo; un seguro económico para monotributistas, trabajadores autónomos, cuentapropistas no registrados y trabajadores independientes, durante el periodo de crisis; cobertura de obra social a todos los monotributistas y autónomos. El Estado es responsable de garantizar las condiciones de vida de los sectores más expuestos.

 

En esta nota:

Compartir

Comentarios