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19 de marzo de 2020

Los genocidas se agarran de la pandemia

Las cédulas de notificaciones de los genocidas pidiendo domiciliaria cayeron a borbotones en las últimas horas. 
Por Rayu Alaniz Apel

La excusa esta vez es la pandemia de CoroVId19 y encontrarse en “situación de riesgo” por tener más de 65 años. De esa manera, genocidas de la talla de Alfredo Astiz echan mano a la pandemia para poder obtener el beneficio del arresto domiciliario (aunque el 70% ya lo tiene desde hace rato). 

Las argumentaciones de los genocidas están basadas en el hecho que por sus edades son parte de la población de riesgo, pero las medidas que solicitan pueden poner en riesgo a la población e inclusive a los propios imputados. Cabe destacar que los presos por cuestiones de lesa humanidad están detenidos en los mejores lugares del servicio penitenciario. El régimen los tiene en condiciones totalmente distintas a la comunidad carcelaria que sufre hacinamiento y destrato. Los genocidas, por su parte, cuentan con control médico permanente. Mantenerse en prisión garantiza que cumplan el aislamiento necesario para cuidad su salud y mantener la cuarentena.

Incluso, a los presos comunes, se les prohibieron las salidas transitorias para evitar la propagación del coronavirus dentro de la cárcel. Por su parte, el Servicio Penitenciario activó un protocolo de detección temprana y acondicionaron salas de aislamientos, comandadas por un Comité de Crisis. Al momento de escribir este artículo, la cantidad de contagios en las prisiones del país es cero.

El argumento de la edad es remanido en los Tribunales federales que se ocupan de las causas de lesa humanidad y ahora, pretende alzarse de una crisis de salud internacional para obtener beneficios aquellos que llevaron adelante la mayor represión de Estado que nos costó la desaparición de 30.000 compañeras y compañeros detenidos y desaparecidos más la apropiación de 400 niñes sustraídos a sus familias. Decretar la soltura se traduce en un nuevo intento de consagrar la impunidad y permitan que todos los genocidas vuelvan a las calles.

Los jueces deben rechazar estas peticiones y el Estado debe garantizar que el Servicio Penitenciario cuente con todos los elementos necesarios para evitar el contagio entre los presos. 

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