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19 de marzo de 2020

Coronavirus: Roche y la salud privada hacen negocios de la mano de Schiaretti

Un informe de la Anmat acaba de indicar que el Malbrán es el único laboratorio autorizado en el país para la utilización de los reactivos para detección del Covid-19. En paralelo, un comunicado del laboratorio privado Lace de Córdoba dio a conocer que cancela el procesamiento de las muestras de coronavirus ya que “Productos ROCHE, proveedor del insumo necesario, ha interrumpido la comercialización de acuerdo a una solicitud de ANMAT”. El trasfondo, un nuevo negociado de Schiaretti: la provincia compró reactivos sin homologación a la multinacional Roche y, al mismo tiempo, habría derivado la realización del test a laboratorios privados. Lo mismo con 120 respiradores artificiales, lejos de una producción estatal.

Schiaretti le abrió la puerta a Roche, que alrededor del mundo está lucrando con la enfermedad y posee la autorización de vender un “test rápido” en EE.UU. Mientras las acciones de las empresas bajan en todo el mundo, la de Roche Holding mantiene subas constantes en la bolsa Suiza. Ciudadanos estadounidenses denuncian que, frente a los costos que oscilan los US$ 3.000 cada prueba, han decidido no hacer el test aun con la presencia de síntomas. La situación es grave, Ginés González García repudió el accionar de Schiaretti en una reunión con diputados, pero aseguró que apurarían el trámite de la homologación de Roche para que no vuelva a suceder lo mismo. 

Lace, el laboratorio en cuestión, en una entrevista televisiva de hace unos días promocionaba que por $6.000 realizaban el test. El laboratorio es socio del Instituto Oulton, que es una de las empresas que ha crecido exponencialmente sobre el vaciamiento de la salud pública. La descentralización, la tercerización y el cierre de áreas en hospitales como el diagnóstico por imagen ha fagocitado el ascenso de clínicas privadas. En febrero, un matutino local sacó a la luz los aportantes de la campaña de Schiaretti en 2015 señalando que la mayoría de las empresas son al mismo tiempo proveedoras del estado. En la nómina figura Oulton, Sanatorio Del Salvador, Hospital Privado, Sanatorio Allende, Clínica privada de ojos, servicios de emergencia como Family o Emi, entre otros.

El Frente de Izquierda presentó un pedido de informe sobre esta situación. En la sesión especial que se convocó para tratar el proyecto del Ejecutivo sobre el coronavirus, la legisladora del FIT Soledad Díaz denunció este atropello. Además cuestionó la centralización trucha que impulsa Schiaretti. Gran parte de los $1.200 millones que se destinan, en la misma ley, para enfrentar el coronavirus pueden ser utilizados como pago de servicios a los privados.

Soledad explicó: “Parece más cercano a garantizar y resguardar el negociado de la salud privada que brindarle una salida a la población que se encuentra frente a esta pandemia. No se explica en el proyecto quién va a pagar los costos de esas derivaciones, pero si uno analiza que en nuestra provincia ya se ha desarrollado una transacción con Roche por test radiactivos sin homologación, podemos entender que se trata de negocios que después pagará el pueblo”.

En el artículo 6 del proyecto de Ley que presentó el FIT se establece: “La intervención estatal, bajo control de un comité electo por trabajadores del sector, de los laboratorios y empresas que producen los distintos insumos mencionados en los artículos 3 y 5, así como los respiradores, tests de detección del virus y todos los elementos que resulten necesarios para la atención sanitaria ante la pandemia”.

El frenó a la pandemia es incompatible con el lucro de la salud privada del que forman partes los gobiernos capitalistas. 
 

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