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20 de marzo de 2020

Córdoba: una militarización contra la salud de los trabajadores

Por Soledad Díaz García legisladora provincial

El gobierno de Juan Schiaretti ha dispuesto un virtual estado de sitio, con la militarización de la provincia. La medida es justificada aludiendo a la supuesta “irresponsabilidad” y “falta de conciencia” de la población. Pero la realidad es muy distinta.

Los call centers y las grandes plantas metalmecánicas -que emplean miles de trabajadores- no han suspendido sus actividades, y se rehúsan a otorgar licencias con goce de sueldo. En la provincia existe además una legión de empleadas domésticas, de monotributistas y de repartidores de las Apps, todos los cuales no tienen más opción que seguir trabajado. Esto sin contar con ninguna cobertura sanitaria ni remuneración extra que les permita tomar los recaudos necesarios.

Incluso en los sectores que sí se han plegado a las medidas de aislamiento suspendiendo sus operaciones, descargan el costo de la inactividad sobre los propios trabajadores. Numerosas denuncias circularon en estos días de parte de empleados cuyas patronales los presionan para que se tomen licencias sin goce de sueldo, e incluso empresas que han comenzado a implementar despidos.

Recordemos que incluso en el sector estatal fue la acción organizada de la docencia la que impuso una suspensión de clases, cuando las escuelas se encuentran en deplorables condiciones edilicias y sanitarias. El gobierno de Schiaretti, a su vez, aprovechó esta crisis para desvincular a una decena de trabajadoras del Programa “Córdoba con ellas”, dependiente del flamante Ministerio de la Mujer de la provincia, lo que además expone en medio de la pandemia a las mujeres embarazadas y en estado de vulnerabilidad que dependen del programa. 

La mayoría de las municipalidades del interior provincial no redujeron siquiera la actividad administrativa. Los municipales siguen trabajando, como si nada pasara, en áreas y oficinas de atención al público ligadas a la recaudación y al cobro de impuestos, lo cual extrema los riesgos tanto para los trabajadores y como para la población en general. El sindicato combativo de trabajadores municipales de Jesús María ha convocado al paro ante esta situación, y se colocó a la cabeza de la organización de las medidas necesarias de prevención para evitar la propagación del coronavirus en la localidad.

En estas condiciones, el reforzamiento del aparato represivo apunta a regimentar la respuesta de los trabajadores ante la pandemia. Un ejemplo es el hostigamiento y la persecución a los activistas de la salud como los del Hospital Misericordia, a los que les restringieron el derecho sindical de reunión cuando lo que denunciaban era la falta de insumos, de camas y de personal para hacer frente al coronavirus. Todo esto cuando el gobierno viene de acordar con la burocracia sindical de estatales (SEP) una paritaria salarial de miseria.

Así las cosas, la consigna “Quedate en casa” solo es aplicable sin limitaciones a la clase capitalista, que subsiste del trabajo ajeno. La clase trabajadora debe intervenir en esta crisis sanitaria y social, para autoprotegerse de la pandemia garantizando las condiciones de subsistencia y salubridad. El gobierno provincial ha demostrado ser un garante de los negocios capitalistas y no de la salud del pueblo.  

Desde la banca del Frente de Izquierda repudiamos este estado de sitio y la militarización de la provincia para reprimir los reclamos de las masas. Rechazamos también el cierre del parlamento, que en los hechos significa otorgar superpoderes al Ejecutivo provincial.

Para hacer frente a la crisis hemos presentado un proyecto de ley con un programa integral de la clase obrera para enfrentar la pandemia. Exigimos la centralización del sistema sanitario (incluyendo el privado), sin límite presupuestario, para disponer de forma inmediata del personal, camas de internación, insumos y equipamiento necesarios. Reclamamos además la distribución gratuita de kits antisépticos, módulos alimentarios y módulos desinfectantes para las viviendas. También planteamos un aumento en los programas sociales y laborales para que cubran el costo de la canasta básica alimentaria familiar, y establecer un subsidio mensual de igual monto para todas las familias en situación de vulnerabilidad económica y social.

Con este programa llamamos a los trabajadores a intervenir en la crisis, y a conformar en los lugares de trabajo y en las barriadas comités de higiene y salubridad que garanticen todas las medidas necesarias.

 

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