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22 de marzo de 2020

Córdoba: en vísperas del 24, represores reclaman prisión domiciliaria

Ponen como excusa al coronavirus.
Por David Zorrilla
UJS Filo

Carlos "Tucán" Yanicelli uno de los líderes del centro clandestino de detención D2, y ex jefe de Inteligencia Criminal de la Policía provincial bajo el gobierno de Ramón Mestre (padre), solicitó la prisión domiciliaria. La Justicia Federal de Córdoba se la . Así lo informa La Voz: “En Tribunales Federales de Córdoba se produjo un primer gesto hacia la domiciliaria: para el represor Carlos ´Tucán´ Yanicelli”.

Hace días se dio a conocer que se realizó una serie de solicitudes para sacar de la cárcel a los genocidas condenados por crímenes de lesa humanidad. Las presentaciones se basan ahora en la epidemia de coronavirus que vendría a agravar supuestos motivos de salud. Entre los genocidas que solicitaron la prisión domiciliaria se encuentran, Héctor Vergez (76), Ernesto Barreiro (72), Miguel Ángel “Gato” Gómez (73), Mirta “Cuca” Antón (68), Arnoldo José “Chubi” López (67) y Juan Vega (70).

Para la Justicia clasista la pandemia resulta la excusa perfecta para dar satisfacción a los operadores de la impunidad ligados directamente al aparato represor, e incluso el poder político. Alegan, como han hecho reiteradas veces, sobre sus edades avanzadas y condiciones de salud problemáticas, Yanicelli tiene 67 años y se encontraría con padecimientos cardíacos.

Lo nuevo es que ante la epidemia de coronavirus (Covid-19), los genocidas que pertenecen a los grupos de riesgo de contagio, se dice que se podrían ver probablemente afectados en el marco de su situación de encierro. De este modo, lo que para gran parte del pueblo trabajador es un padecimiento porque se encuentran trabajando en negro o precarizados, para estos genocidas como Yanicelli sería la excusa para salir de prisión

La prisión domiciliaria para Yanicelli, y los demás represores forma parte de una política de impunidad para los genocidas. Vale recordar que el Tucán siempre disfrutó de privilegios en libertad e incluso cuando se encontraba detenido bajo el cuidado de sus subordinados en la Guardia de Infantería. La policía se negó a darle de baja, por eso el represor y los demás asesinos cobran jubilaciones de privilegio. Es que para el aparato represor atender la impunidad para sus íconos es un deber y una política que siguieron en todos los gobiernos.

Las declaraciones del presidente de la Nación Alberto Fernández sobre "dar vuelta la página", y tildar de “inconductas” al genocidio, no fueron un error, sino la manifestación de una política que busca la reconciliación del pueblo con un aparato represor podrido. En ese sentido refuerza el aparato represivo en la calle, en vez de garantizar las condiciones para el cumplimiento de aislamiento social mediante el pago del salario íntegro y subsidios para trabajadores en negro, precarizados y desocupados.

La deuda es con los detenidxs, desaprecidxs que esperan por justicia y no con los organismos de crédito internacional que además fueron cómplices del plan genocida. Por eso, vamos a continuar la lucha, por la cárcel común perpetua y efectiva para el conjunto de genocidas, y sus cómplices civiles y eclesiásticos, no olvidamos, no damos vuelta la página

 

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