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22 de marzo de 2020

24M: contra la persecución y criminalización, de ayer y de hoy, a las diversidades sexuales y de género 

Por Mayra Francica
Agrupación LGBTI 1969

El golpe militar iniciado del 24 de marzo de 1976, se encargó de extinguir a todo activismo LGBT+ de ese entonces, y a todo el sindicalismo combativo y clasista, luego de la criminalización y persecución a la comunidad LGBT+ reinante durante la triple A de Perón y López Rega.

Carlos Jáuregui, activista y presidente de la Comunidad Homosexual Argentina entre 1984 y 1987, se encargó de revelar las declaraciones del rabino Marshall Meyer, uno de los responsables de la Conadep, quien le comentó que unas 400 personas fueron detenidas, torturadas y violadas por su condición sexual y de género.  

Fueron 30.400 desaparecides, sin contar a quienes estaban en el exilio y les que encarcelaron sin juicio previo, pero es una cifra aproximada que fijó Carlos Jáuregui en su libro “La Homosexualidad en Argentina”, tras la censura en el libro “Nunca Más” de la existencia de las personas LGBT+, por parte de las presiones del ala católica derechista de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, que se formó con la vuelta de la democracia.  

En la dictadura se pudo ver claramente el principal enemigo de la comunidad LGBT+, la Iglesia Católica, quien junto a los protagonistas del golpe promovían el mismo modelo de familia obrera que el peronismo, como única forma de relación.

Con el surgimiento del peronismo, continuó la defensa de “la familia obrera” que refuerza la heteronorma y la alianza con las iglesias. La ley n° 5.109 sobre el régimen electoral en la Provincia de Buenos Aires incluyó textualmente a les homosexuales entre las personas que no podían votar “por causa de indignidad” o la aprobación en 1951 del Código de Justicia Militar persiguiendo a la homosexualidad con degradación y prisión.

En muchos lugares del país todavía no se han derogado aquellos códigos de faltas y de contravenciones que criminalizan a las personas LGTBI desde la dictadura. Y remontando más al presente, la anterior ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, había instalado un protocolo represivo para personas LGBT+, que ahora fue derogado por el gobierno de Alberto Fernández, pero, sin embargo, nuestras condiciones de vida no han cambiado hasta el día de hoy y cada vez es más grave la situación para la comunidad LGBT+.  

Hoy en día, sigue existiendo la violencia institucional de parte del Estado y la Iglesia frente a nuestras identidades, como lo fueron los casos de Marian Gómez y de Higui, quienes fueron perseguides por su condición sexual y de género y por romper con el orden capitalista.

Las diversidades sexuales y de género, en el contexto de crisis y miseria social en la que estamos viviendo tras el ajuste del FMI, el colapso en la salud, la pandemia del coronavirus y el Dengue, somos les primeres afectades y parte del grupo de riesgo, tras la situación de vulnerabilidad y marginalidad en la que se encuentra la mayoría de la comunidad, y específicamente, las personas travesti trans, quienes son empujadas a la desocupación y a la prostitución. Mientras el gobierno impulsa una cuarentena, sin garantizar ningún soporte económico a los sectores más vulnerables, las personas trans se quedan sin su tratamiento hormonal por el mismo desfinanciamiento de la ley de identidad de género, motivo por el cual corren grandes riesgos de vida al suspenderlo. En este sentido, debemos plantear el desconocimiento de la deuda externa para terminar con las políticas de vaciamiento, y fondomonetaristas, que atacan nuestras identidades y condiciones de vida, y aplicar esos recursos a la defensa de nuestras condiciones de vida. 

El movimiento LGBT+ debe dotarse de un carácter antirrepresivo e independiente y seguir luchando contra la criminalización y la persecución a nuestras identidades, acompañado de la lucha por la separación de la Iglesia del Estado. No podemos ir detrás de espacios políticos aliados al clero, como es el caso del Frente de Todos y del resto de la oposición patronal, ya que históricamente las iglesias promueven un odio hacia nuestras identidades, alimentando la injerencia de la misma sobre el Estado y promoviendo la defensa de la “familia monogámica heterosexual”.      

Desde la Agrupación LGBTI 1969 seguiremos luchando en las calles junto a la clase obrera contra la impunidad de ayer y de hoy, exigiendo cárcel perpetua, común y efectiva a todos los genocidas y la apertura de los archivos de la última dictadura. Denunciamos todo intento de “reconciliación” con las FF.AA. y los dichos de elementos nefastos de este gobierno, como el represor Sergio Berni. Basta de crímenes de odio. El Estado es responsable.

Absolución para Marian Gómez, Higui y Luz. Fueron 30.400. Fue genocidio.

 


 

 

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