fbnoscript
23 de marzo de 2020

La larga historia de la impunidad

A 44 años del golpe genocida
Por Paula Álvarez
Apel

Es conocido el largo derrotero en busca de justicia sufrido por víctimas y sobrevivientes del terrorismo de Estado durante y después de la última dictadura cívico militar. Ante la negativa a dar información sobre el destino de los desaparecidxs, realizaron denuncias nacionales e internacionales de los crímenes. Asimismo, fueron sus organizaciones las que se dieron la tarea de recopilar documentación para mantener viva la posibilidad de juzgar a sus responsables.

A partir de 1983, con el regreso de la democracia, el gobierno de Alfonsín apuntó desde el inicio a cerrar el tema de las desapariciones y a sellar la “reconciliación nacional”. El Juicio a las Juntas, luego del fracaso del autojuzgamiento de los militares vía Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, se circunscribió a juzgar a los miembros de las tres primeras Juntas Militares y se enmarcó en la “teoría de los tres niveles de responsabilidad”: la principal, que recaía sobre quienes daban las órdenes (y que fue objetivo del juicio); una segunda, que pesaba sobre quienes se habían “excedido” en el cumplimiento de las órdenes, y una tercera, sobre quienes sólo habían recibido y acatado órdenes (que el alfonsinismo decidió no perseguir penalmente). De los 9 imputados sólo 5 fueron condenados. Videla y Massera fueron condenados a prisión perpetua. Los integrantes de la tercera Junta, entre ellos Galtieri y Anaya, fueron absueltos. La cuarta directamente no fue procesada. Fueron las únicas condenas entre los cientos de represores denunciados por sobrevivientes y familiares ante la Conadep, cuyo informe constituyó la base probatoria del juicio.

Tampoco fueron juzgados los responsables civiles de la dictadura, capitalistas que participaron en el secuestro y represión de los trabajadores de sus empresas; ni los responsables por los crímenes perpetrados en la década del 70 antes del golpe militar, al amparo de la Triple A y de los decretos de aniquilamiento, 

Lejos de significar justicia, el Juicio a las Juntas logró demostrar que los crímenes cometidos durante la dictadura formaron parte de un plan sistemático de exterminio llevado adelante por los militares. Por otro lado, no se alcanzó el objetivo de la “reconciliación nacional”: el juicio promovió la realización de cientos de denuncias contra otros represores, que motivaron los alzamientos carapintadas para que terminaran las acusaciones y los juicios. Los militares alcanzaron su cometido con la sanción de las “leyes del olvido y del perdón”: la ley de Punto Final y la ley de Obediencia Debida, sancionadas en 1986 y 1987 respectivamente, extinguieron las acciones penales contra los militares que participaron en la dictadura y establecieron que los delitos cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas que fueron cometidos obedeciendo órdenes emanadas de sus superiores no fueran punibles.

Junto con los posteriores indultos de Menem a los miembros de las Juntas condenados, las llamadas “leyes de impunidad” implicaron el desprocesamiento de cientos de genocidas de la última dictadura cívico militar, paralizando todos los procesos judiciales abiertos en ese momento.

La reapertura de los juicios

Los juicios por los crímenes cometidos durante la dictadura comenzaron a desarrollarse a treinta años de los hechos y a cuentagotas, ya disipado su impacto político y con muchos de los represores en condición de octogenarios. Fue la persistente movilización popular contra tres décadas de maniobras de impunidad por parte de los gobiernos constitucionales la que arrancó los juicios a los genocidas.

A lo largo de la década del 90, una serie de acontecimientos fue presionando y preparando el escenario para que se desarmen dichas maniobras y se reabran los juicios. En este sentido, cabe mencionar los descargos de los marinos Juan Carlos Rolón y Antonio Pernías ante la Comisión de Acuerdos del Senado con motivo de evaluarse sus ascensos, que reconocieron los métodos que utilizó la Armada para torturar, desaparecer y asesinar; las declaraciones del extorturador Adolfo Scilingo acerca de su participación en los vuelos de la muerte; los Juicios por la Verdad (sin efectos penales pero que dieron a conocer los testimonios de más de 900 víctimas), y la solicitud de países extranjeros de extradiciones de militares por crímenes cometidos contra sus ciudadanos.

Finalmente, en el año 2003 se sancionó la ley 25779 que declaró la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Los bloques parlamentarios mayoritarios la aprobaron para evitar la extradición de represores a países que los reclamaban para juzgarlos (cosa que ya había hecho De La Rúa). La condición del kirchnerismo para apoyarla fue la anulación del articulado de los indultos incluido en el proyecto presentado por Patricia Walsh, lo que hubiera significado el encarcelamiento inmediato de Videla, Massera y Agosti.

Desde ese momento a esta parte, los juicios se han desarrollado a cuentagotas y sólo un puñado de genocidas cumple prisión común y efectiva. Se impulsaron juicios emblemáticos y fragmentarios a las caras más visibles: Videla, Menéndez, Etchecolatz, el “Tigre” Acosta, Astiz, Von Wernich, etc. y por una cantidad ínfima de víctimas. Además, las causas vienen siendo elevadas por tramos y en orden cronológico. De este modo, los juicios por los principales centros clandestinos de detención, tortura y exterminio (como la paradigmática causa ESMA) se extenderán por muchos años en el tiempo, en el caso de que continúen desarrollándose. A este letargo se suma el proceso de recursos de apelación. Siendo 589 las causas iniciadas desde 2006 que investigaron o investigan un total de 3.295 personas, sólo en 238 se ha dictado sentencia, en las que fueron condenados 962 represores y absueltos 157. Sin embargo, solo 61 sentencias han sido confirmadas, es decir, que el 70% de las sentencias aún no están firmes (Página 12, 05/01). En todo el transcurso van muriendo tanto imputados como víctimas y familiares.

Deslindando responsabilidades del Estado

Analizando todo este recorrido, se vuelven menos sorprendentes los dichos de Alberto Fernández respecto a la “inconducta de algunos” en referencia a las violaciones a los Derechos Humanos cometidas por militares durante la última dictadura. En línea con los intentos de todos los gobiernos democráticos de reconciliación con las Fuerzas Armadas y de su integración a la sociedad civil, el presidente desconoció la existencia de un plan sistemático de exterminio. Hecho que, a pesar de la impunidad que aún subsiste, ha sido demostrado reiteradamente desde el Juicio a las Juntas. Más aún, en la Causa Plan Cóndor cuya sentencia data de 2016, se dio por acreditada la asociación ilícita establecida entre las dictaduras de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile y Bolivia. Es decir, la coordinación de los aparatos represivos de distintos países de la región. A dicha causa han aportado documentación varios organismos gubernamentales de Estados Unidos que, junto a la documentación desclasificada entregada a nuestro país el año pasado, demuestra la complicidad e injerencia de Estados Unidos en las dictaduras del Cono Sur.

En la misma línea de “dar vuelta la página”, la alegación a la “Argentina Unida” en el marco de un Estado que continúa desapareciendo y asesinando (como en los casos de Santiago Maldonado, Luciano Arruga o Julio López) apunta a quebrar la resistencia obrera y popular contra el ajuste que demanda el capital financiero internacional para socorrer a la bancarrota argentina.
Para terminar con este largo camino de impunidad necesitamos que se abran todos los archivos de la dictadura, conocer el destino de todxs lxs detenidxs desaparecidxs y que todxs los niñxs expropiadxs recuperen su identidad. 
 

Compartir

Comentarios