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23 de marzo de 2020

Fuerzas armadas, iglesia y dictadura

A 44 años del golpe genocida

La implementación del genocidio por parte del Estado argentino llevado a cabo por las Fuerzas Armadas, que impusieron el 24 de marzo de 1976 el golpe militar, contó con la participación de amplios sectores civiles. La gran burguesía nacional y multinacional que actúa en el país y la Iglesia católica, contribuyeron activamente al plan sistemático de exterminio confeccionando listas de nombres de militantes populares y activistas sindicales vinculados con “la subversión” hasta habilitando fábricas e inmuebles eclesiásticos para garantizar el secuestro, el cautiverio y la tortura.

A medida que se abre paso el avance en los juicios de lesa humanidad sobre la responsabilidad empresarial durante la última dictadura queda en evidencia que los  empresarios fueron “partícipes necesarios” y responsable de los secuestros y torturas, como lo muestra la sentencia del juicio a los directivos de Ford. Sin embargo, poco se ha avanzado sobre la responsabilidad de la Iglesia Católica durante la última dictadura, aun cuando es claro que prestó apoyo al régimen dictatorial y a las fuerzas armadas. Ya desde 1984, el informe de Conadep afirmó que integrantes de la Iglesia Católica “cometieron o avalaron con su presencia, con su silencio y hasta con palabras justificadoras” la represión, la desaparición y tortura de miles de militantes populares. En innumerables testimonios brindados por las víctimas en los procesos judiciales se menciona la participación de integrantes de la Iglesia en los centros clandestinos de detención de todo el país, la falta de respuesta hacia los familiares que concurrieron a ella en busca del paradero de sus parientes e incluso, se resalta el silencio cómplice y la responsabilidad de la cúpula eclesiástica en el asesinato de varios curas vinculados a las barriadas populares.

Aun así, solo ocho sacerdotes fueron procesados por su participación en delitos de lesa humanidad, entre ellos el capellán castrense Christian Von Wernich. En otros casos, la investigación judicial no avanzó en la determinación de responsabilidades penales aunque la participación eclesiástica está documentada, como en el caso de las personas que estuvieron secuestradas en el centro clandestino de detención que funcionó en la isla El Silencio del Tigre, propiedad del Arzobispado. En el 2013, Carlos Lordkipanidse  y “Cachito” Fukman junto con otras víctimas, dieron cuenta que la isla del Arzobispado de Buenos Aires funcionó como un centro clandestino para esconder a los secuestrados durante la inspección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En efecto, la Iglesia Católica nunca puso a disposición de las investigaciones judiciales sus archivos durante la última dictadura, y solo “liberó” a presión de los organismos de derechos humanos, algunos pocos archivos desclasificados a su antojo, siempre y cuando lo pidan los familiares directos de las víctimas, mientras mantiene la mayoría bajo llave.

El rol del Papa Francisco y el pacto de reconciliación

Recientemente, en enero de este año, el Papa Francisco envió varias decenas de rosarios bendecidos para que sean entregados a militares procesados por delitos de lesa humanidad. El encargado de dicha entrega fue el obispo Santiago Olivera, quien atiende las cuestiones religiosas dentro de las fuerzas de seguridad, y es un público defensor de la libertad a los genocidas y del otorgamiento del beneficio de la detención domiciliaria. Al volver del encuentro con el Papa Francisco, Olivera señaló que “el Papa se dispuso a dármelos y a bendecirlos para enviarlos a los que están sufriendo y a los que están presos”. Y agregó: "Como pastor tenía el deber de presentarle al Santo Padre la realidad de esta porción del pueblo de Dios que son estos servidores de la Patria que han entregado su vida y que están sufriendo”. No es casual que Olivera haya sido nombrado en el 2017 por el propio Papa para dicha tarea, sino que es parte de un nuevo intento de reconciliación con las fuerzas armadas.

En innumerables actos públicos, Olivera ha manifestado que “la situación de muchos detenidos por delitos de lesa humanidad es una vergüenza para la república: una discriminación nunca vista en democracia” y “que no podemos mirar la historia con un ojo solo”. Según fuentes periodísticas, uno de los penales que más visita el Obispo castrense son Ezeiza y  Campo de Mayo donde se encuentran los 200 detenidos en cárceles comunes entre ellos Alfredo Astiz, Jorge Eduardo "El Tigre" Acosta,  Etchecolatz. En un contexto en que los genocidas buscan valerse de la crisis sanitaria generada por la pandemia del coronavirus para obtener el beneficio de arresto domiciliario, se estrecharán los lazos con la iglesia para el otorgamiento de la detención domiciliaria de los represores.

En este sentido, la política de Bergoglio está orientada a reforzar el pacto de reconciliación con las fuerzas armadas, “a dar vuelta la página” y a garantizar la impunidad para sí y para su institución, y evitar que n avance en las investigaciones sobre la colaboración y la responsabilidad de la Iglesia Católica con la dictadura militar. Cabe mencionar que en su libro Iglesia y dictadura, de 1986, Emilio Mignone mencionó Bergoglio como ejemplo de “la siniestra complicidad” eclesiástica con los militares. Allí, el fundador del CELS, describe la detención del cura Orlando Yorio por parte de Infantería de Marina en el barrio de Bajo Flores, quien fue llevado secuestrado a la ESMA, y a quien días antes de su secuestro, le habían retirado las licencias ministeriales. Junto con Yorio también fueron secuestrados otros tres jesuitas que trabajaban en la misma comunidad eclesial de base: Luis Dourrón, Enrique Rastellini y Francisco Jalics. Es conocido que Bergoglio aduce en su descargo que no entregó a los sacerdotes sino que les reclamó que dejaran la comunidad del Bajo Flores para protegerlos porque sabía que la represión sería despiadada. Una represión que no fue denunciada por la Iglesia mientras se secuestraban y asesinaban a miles de personas, una institución que niega la disposición de sus archivos durante la última dictadura y le entrega rosarios a los genocidas, expone que busca un pacto de reconciliación y un punto final.

A 44 años del golpe militar, sigamos reclamando:

Cárcel común, perpetua y efectiva para todos los genocidas. Apertura de los archivos de la dictadura. Restitución de todas las y los jóvenes apropiados. no olvidamos-no perdonamos-no nos reconciliamos. Contra la impunidad de ayer y de hoy.

¡30.000 compañeros y compañeras detenidos y detenidas desaparecidos presentes!

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