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23 de marzo de 2020

Las posiciones de la izquierda argentina bajo la última dictadura militar

El golpe militar genocida fue una enorme prueba política para toda la izquierd argentina. A 44 años, es útil cotejar las posiciones que se desenvolvieron y hacer un balance, que permite ir sacando algunas conclusiones.

El ERP y Montoneros, las dos grandes organizaciones guerrilleras, ni caracterizaron el ascenso de la dictadura ni preservaron su estructura militante. Al revés, redoblaron la pelea de aparato contra el Estado, terminando en la virtual aniquilación de sus organizaciones. 

El PRT-ERP caracterizó la situación generada por el golpe militar como revolucionaria y llamó a la “guerra revolucionaria ofensiva”. El PRT-ERP tenía información muy precisa del plan represivo del golpe militar, pero privilegiaba una visión optimista del florecimiento de la “resistencia popular” que enfrentaría al golpe.  El golpe del 24 de marzo fue recibido con la declaración de que “la concreción del golpe militar producirá un cambio en el desarrollo de la lucha revolucionaria de nuestra Patria. Será el inicio de la guerra civil abierta”. Lanzaron la consigna “Argentinos a las armas”, que volcó a más de la mitad de su organización a la actividad militar.

Para mediados de 1976 “gran parte de su dirección había sido eliminada y la mayoría de sus regionales contaban con apenas una fracción de sus militantes previos. Entre junio y julio de 1977, el PRT-ERP dejó de existir en la escena política argentina”. 

El ejemplo más claro de este voluntarismo militarista que agravó el exterminio militar de las organizaciones fueron las Contraofensivas Montoneras (la primera en 1979 y la segunda en 1980). Este reingreso de militantes exiliados al país para relanzar las acciones militares quería reencender la resistencia a la dictadura, pero signó la caída y muerte de muchos militantes y la quiebra de la continuidad política de la organización.
El PCR tiene en el momento del golpe una posición única en la izquierda argentina, la de dar apoyo político al gobierno de Isabel Perón. El Smata cordobés orientado por el PCR se había negado a enfrentar el Navarrazo perpetrado por Perón contra el gobernador Obregón Cano, de la izquierda peronista. Rechazaban también la denuncia de que las triple A actuaban bajo el amparo del gobierno peronista. Su caracterización del golpe era interpretado en una curiosa versión propia de la teoría de las “alas”. Según ellos grupos prosoviéticos y pronorteamericanos se disputaban el control de las FF.AA, y terminarían convergiendo en un futuro golpe. 

El PC corteja al “ala democrática” de los genocidas

El Partido Comunista Argentino, de larga tradición en la colaboración de clases con las patronales y el Estado, llevó bajo el llamado Proceso de Reorganización Nacional a sus límites más terribles esa política. Ya desde 1975, el PCA lanzó “la idea de conformar un gabinete cívico-militar, propuesta que se fundamenta en la incorporación de militares ´antiimperialistas´ y defensores del ´régimen constitucional y las libertades democráticas´” .

El primer comunicado del PCA frente al golpe ya planteó una formula ambigua, que no rechazaba el golpe: “Ayer, el 24 de marzo, las fuerzas armadas depusieron a la presidente María Estela Martínez reemplazándola por una Junta Militar integrada por los comandantes de las tres armas. No fue un suceso inesperado. La situación había llegado a un límite extremo (…) La movilización de tropas del 24 de marzo había sido precedida de una intensa campaña que reclamaba «rectificar el rumbo». Efectivamente, era necesario y urgente cambiar de rumbo (…) El Partido Comunista siempre se pronunció contra los golpes de Estado. La experiencia indica que desde 1930 los golpes de Estado tuvieron por objeto defender el latifundio improductivo y aumentar el grado de dependencia del país. Esta vez ¿se romperá esa nefasta tradición? ” Profundizaban el planteo en otro documento de 1976 “…lo que está en juego es la conquista de una democracia avanzada o el pinochetismo. Esos dos proyectos enfrentados conviven todavía dentro del proceso abierto por la Junta Militar. Un sector relevante del gobierno y de las Fuerzas Armadas, que incluye en primer lugar al propio presidente de la República, reitera casi cotidianamente que es su propósito erradicar el terrorismo, de cualquier signo, para consolidar la paz y la seguridad teniendo como objetivo prioritario la revitalización de las instituciones y el retorno a la democracia auténticamente representativa, republicana y federal (…) El otro sector, obnubilado por un odio irracional, de raíz fascista, se propone un baño de sangre generalizado. Con el argumento de que la guerra contra la subversión se debe extender a un espectro más amplio que el delimitado por el terrorismo ultraizquierdista, tiene el objetivo de perseguir a cualquier institución o ciudadano que sustente una ideología o simplemente una opinión, democrática, progresista… ”. 

La política del PC fue la defensa “táctica” del gobierno del general Videla, acordando con que se reprima a la guerrilla y apoyándose en que, a diferencia de golpes anteriores, esta dictadura no ilegalizó al PC, como hizo con la mayoría de la izquierda, sino que suspendió su personería legal, como a los partidos patronales. Esto hacía que sus autoridades mantuvieran una actuación legal. Esta decisión estuvo vinculada estrechamente a las relaciones diplomáticas y comerciales que la dictadura mantuvo abiertas con la Unión Soviética. 

La Liga Argentina por los Derechos del Hombre, la más antigua de las organizaciones de derechos humanos de Argentina, dirigida por el PC, jugó un rol importante como punto de encuentro para los familiares que empezaban a buscar a los desaparecidos. Presentaban recursos de habeas corpus, realizaban reclamos institucionales con cartas a ministros o al presidente, entre otros métodos de reclamo. De la aglomeración de las personas que rebotaban de comisarías y dependencias oficiales sin éxito buscando sus familiares fue convocada, a instancias de la LADH, la primera comisión de familiares de detenidos-desaparecidos. El cuadro que se desprendía de la información del conjunto de los casos de los familiares ponía de manifiesto la existencia de un plan sistemático de represión. Esta realidad entra en contradicción cada vez más marcada con la línea del PCA y la LADH. Esta rehusaba denunciar la responsabilidad del gobierno militar en el plan represivo, y se deslindaba completamente de la defensa de militantes de las organizaciones armadas. Esto desencadenó una lucha política dentro de la propia comisión de Familiares de detenidos-desparecidos por razones políticas que finalmente adoptó la política contraria a la del PC y estableció un frente único con Madres de Plaza de Mayo (que había surgido en oposición a la orientación del estalinismo). En la lucha política dentro de Familiares se destacó Cata Guagnini, de Política Obrera, como una de las principales referentes de la oposición al rumbo que pretendía el PC.

La consigna del PCA era “que el Estado monopolice la violencia”, ya que las desapariciones eran adjudicadas a grupos de ultraderecha autónomos. El PC se negó a levantar la consigna de “aparición con vida” planteada por los organismos de derechos humanos y cuando fue secuestrada Teresa de Israel, una abogada del PC que defendía casos de organizaciones guerrilleras contra la orientación de su organización, no reclamaron públicamente por su caso. 

Estas posiciones que hoy resultan escandalosas no eran, sin embargo, privativas del PC. miembros importantes de los partidos tradicionales moderados, como Alende y Alfonsín, vinculados incluso ambos al organismo de derechos humanos APDH (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos), como expositores de una política similar al PCA. Denunciaban puntualmente los secuestros y asesinatos, pero presentándolos como obra de bandas de ultraderecha supuestamente “descontroladas”, a las que en cierto modo equiparaba al “terrorismo de ultraizquierda”, exculpando a la cúpula dictatorial. 

El apoyo a Videla, considerándolo un militar “moderado”, “blando” o una “paloma” tampoco era exclusivo del PC. Todas estas consideraciones políticas eran compartidas por las fuerzas políticas patronales, que colaboraron con la dictadura como en el caso de la UCR, el PJ y el PS que le dieron cientos de funcionarios. Se trata de una adaptación del PCA a la política de la burguesía local, aunque esto no lo absolviera de su responsabilidad política.

La “dictablanda” del morenismo

El PST, antecesor del MAS que estalló a fin de los 80 y es antecesor de varias decenas de grupos de la izquierda argentina,  también diferenciaba, ya bajo el gobierno de Isabel Perón entre los sectores “profascistas”, que organizaban la represión, y “antifascistas”, a los cuales había que apoyar, en busca de la “institucionalización” y la defensa de la democracia. En esa orientación integraron el “Bloque de los 8” con el PC, la UCR y otros partidos tradicionales, que se entrevistó en varias oportunidades con el gobierno a plantear esa orientación. A fines de 1975, el PST gira de la defensa del gobierno de Isabel Perón contra un golpe “fascista-imperialista” a oponerse al gobierno de Isabel, descartando la posibilidad de que hubiese un golpe militar.

El PST consideraba, antes del golpe que “La crisis política todavía sigue, pero las fuerzas patronales han sellado (…) un acuerdo, fijando el nuevo terreno para enfrentar al movimiento obrero: el de las elecciones (…) Para la lucha en este campo debemos prepararnos activamente”. Cuando llega el golpe, el PST pone en circulación una revista legal (Cambio, Mayo de 1976), que considera que con el golpe los militares realizaron, a su manera, el desplazamiento de un gobierno agotado, hecho al que las masas aspiraban. Consideraban que “en líneas generales, se ha respetado al movimiento obrero. Pero algunas detenciones, algunos despidos, ciertas amenazas y la persistencia de un terrorismo de ultraderecha, cuya autoría sigue sin establecerse, dejan en pie la posibilidad de una persecución generalizada contra el activismo obrero”. Esta visión complaciente de la dictadura se repetía en otra publicación legal impulsada por el PST, La Yesca (segunda quincena de Mayo, 1976) donde se caracterizaba que estábamos frente a la “dictadura más democrática de América Latina”  

El PST sostenía que el gobierno militar no era ni objetiva ni subjetivamente contrarrevolucionario y que no tenía por objetivo aplastar al proletariado sino solo a la guerrilla. Matices más, matices menos, se trataba de una caracterización similar a la del PC. La confianza inicial del PST en la voluntad aperturista del gobierno de Videla es abandonada en el plazo del primer año de dictadura. En 1977 de todas formas encuentran una nueva expectativa de apertura política inmediata, basada en la presión política del gobierno de EE.UU. sobre la dictadura argentina, y sus denuncias en foros internacionales sobre las violaciones a los derechos humanos en Argentina. Consideraban que esta presión externa iba a empalmar con la disidencia externa y forzar rápidamente a una apertura política. Vinculaban ese pronóstico con el ascenso del PSOE en España y llamaban a capitalizarlo organizando actividades públicas que se contradecían con los criterios de seguridad clandestinos que regían en ese momento la actividad del PST. Caracterizaban el momento como de expansión y captación de nuevos militantes y buscaban activamente relacionarse con sectores del viejo Partido Socialista argentino. La otra línea promovida era de “Frente Único con los dirigentes sindicales”, que promovía que los activistas sindicales del PST se vincularan a los dirigentes de la burocracia sindical que dominaban los gremios. Estas líneas de acción colocaban a los militantes del PST en una situación de peligrosa exposición, ya que eran objeto de delación y persecución por los “aliados” que salían a buscar. Su línea era de conformación de un “frente democrático” con los partidos colaboracionistas y la burocracia sindical. En 1978 el “PST se opuso al boicot del mundial de futbol, propiciado por organizaciones internacionales, con el argumento de que las mismas ´exageraban´ la magnitud de la represión en la Argentina”.

Estas posiciones contrastan con la caracterización que desarrolló en esos años Política Obrera, condenando la represión, denunciandola sistemáticamente y colocando todas sus fuerzas en el desarrollo del movimiento de derechos humanos.  

Una lucha revolucionaria en la Argentina solo puede avanzar sobre la base de un balance claro de las posiciones sostenidas.

Bibliografía consultada:

Campione, Daniel, “El Partido Comunista de Argentina y el golpe de 1976” 
Campione, Daniel, “La izquierda no armada en los años 70’ en Argentina. Partido Comunista, Partido Comunista Revolucionario, Partido Socialista de los Trabajadores.”, 
Natalia Casola, El PC argentino y la dictadura militar. Militancia, estrategia política y represión estatal., Ediciones Imago Mundi, Buenos Aires,  2015.
Coggiola, Osvaldo, El Trotskismo en la Argentina (1960-1985), Tomo 2, Centro Editor América Latina, Buenos Aires, 1986
Magri, Julio N., “Apuntes a la historia del trotskismo argentino (IVª parte). El PST bajo la dictadura” En Defensa del Marxismo No. 5, Buenos Aires, Diciembre 1992
Osuna, María Florencia, “Entre la “legalidad” y la “clandestinidad”. Un análisis de las prácticas políticas del Partido Socialista de los Trabajadores durante la última dictadura militar argentina”, www.izquierdas.cl No. 11, diciembre 2011
Pablo Pozzi, “Por las Sendas Argentinas...” El PRT-ERP. La Guerrilla Marxista, Imago Mundi, Buenos Aires

 

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