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11 de mayo de 2020

Tucumán: Manzur flexibiliza la cuarentena a pedido de las patronales

El anuncio por parte del presidente, de la continuidad de la cuarentena hasta el próximo 24 de mayo trajo la novedad de dejar en manos de los gobernadores la “flexibilización” de la misma. En Tucumán, Manzur ha tomado medidas inviables que atentan directamente contra la salud de los trabajadores y trabajadoras.

Desde este lunes 11 en la provincia regirán nuevos protocolos para la apertura de algunas actividades económicas, entre ellos, el comercio. Para ello el COE (Comité Operativo de Emergencia), integrado por funcionarios, aprobó un esquema de funcionamiento de los locales, especialmente en el micro y macrocentro. Entre ellos, figuran horarios restringidos por la tarde y desinfección de los salones cada dos horas.

Desde el punto de vista del cuidado de la salud pública, no hay ninguna razón para flexibilizar la cuarentena en la provincia. Lo único que cambió, desde el inicio de la cuarentena, es la presión patronal para poner en marcha el “aparato productivo” aun a costa de la salud de sus empleados.

Industriales azucareros y la cámara de comercio han presionado en las últimas dos semanas con sus demandas. El reclamo que hace el presidente sobre los que “piden irresponsablemente el levantamiento de la cuarentena” se convierte en una hipocresía cuando los gobernadores de su propio espacio político, como Manzur, son los voceros de esos sectores. Otro serio obstáculo para la reapertura económica son las pésimas condiciones del transporte público que atentan contra el distanciamiento social. De hecho, el lunes UTA va al paro por atraso salarial.

El gobernador miente cuando dice que la flexibilización es para que la gente pueda trabajar y recomponer sus ingresos. Su única preocupación radica en que los capitalistas locales recompongan sus ganancias. En las pautas que se acordaron para el funcionamiento de los comercios, que obtuvieron el visto bueno del gremio de los empleados del comercio (Seoc), brillan por su ausencia los derechos laborales y el cuidado de la salud de los trabajadores. Mientras que la burocracia sindical se deshace en propuestas para garantizar la apertura, nadie dice cómo se garantizaran los puestos de trabajo y la seguridad higiénica de los empleados. De boca de la propia vocera de la cámara de comercio local, se conoce que solo un 6,2 % de los comercios pagaron el salario completo; mientras que un 13,7 % lo hizo en cuotas; un 17,4 % solo pudo cumplir con la mitad del sueldo o menos (17,4 %) y la gran mayoría, 49,7 % no podía garantizar el pago. Y no solo eso, sino que las patronales estiman fueron dos mil los puestos de trabajo en blanco que se perdieron en esta cuarentena en el sector.

El apuro del gobierno provincial contrasta con la falta de respuestas que tiene para trabajadores en conflictos como los del ingenio San Juan o los compañeros de la cooperativa San Lorenzo Mártir, despedidos del hospital Famaillá por exigir mejores condiciones.

Desde el Partido Obrero exigimos medidas para garantizar la salud y las condiciones de vida de los trabajadores como la implementación de un subsidio de $ 30.000 para todos los mayores de 18 años que estén sin empleo. También, que el Estado garantice la prohibición de despidos y el pago íntegro de los salarios. La ganancia patronal no puede estar sobre la salud de la población.

 

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