fbnoscript
13 de mayo de 2020

Puerto de Buenos Aires: el Estado aún no garantiza la continuidad laboral de 800 trabajadores

El viernes vence el plazo de las concesiones portuarias y la disputa patronal amenaza cientos de puestos de trabajo.

El próximo viernes 15 vence el plazo de las concesiones del Puerto de Buenos Aires y los contratos de las navieras con las actuales operadoras. En este marco, una disputa entre el Grupo Maersk -que controla parte del capital accionario de la operadora APM, terminal 4- y la empresa TRP (terminales 1, 2 y 3), amenaza con la continuidad laboral de cientos de trabajadores portuarios. A pesar de que son muchos los rumores y comentarios el gobierno no ha asumido ningún compromiso por escrito.

La ausencia de toda certidumbre ha generalizado un malestar entre los trabajadores, agravado por la falta de respuesta de los gremios que intervienen en el puerto. Muchos de estos han depositados todas su “expectativas” en la intervención del gobierno nacional, el cual, por su parte, ha colaborado en generar aún más incertidumbre.

La cuestión podría remediarse rápidamente con una resolución de la Agencia General de Puertos (AGP) que garantice la continuidad de todos los puestos de trabajo, tanto efectivos como discontinuos, sea cual fuere el escenario posterior al vencimiento de las concesiones y contratos. Pero el silencio del gerente general de la AGP, José Beni, y del ministro de Transporte, Mario Meoni, se ha vuelto una presión contra los trabajadores y solo ha servido para reforzar la posición de las patronales con la amenaza de cientos de despidos en puerta. El Estado actúa como socio de las empresas y no como garante de los derechos laborales.

El gobierno de Alberto Fernández volteó de un plumazo el proyecto de licitación macrista del puerto con una única operadora, arrasando al mismo tiempo con la garantía de continuidad laboral de dos años que el mismo disponía. Ahora el gobierno podría prorrogar la continuidad de las operadoras como permisionarias y patear el problema de la licitación para más adelante; sin embargo, esto no implica ninguna seguridad para los trabajadores, ya que la disputa entre los empresarios tendría rienda suelta bajo esta modalidad. Los trabajadores son tomados como rehenes de uno u otro bando patronal, mientras se postergan sus reivindicaciones laborales y salariales ante la amenaza de despidos.

La caída de la licitación macrista es solo una cortina de humo para disimular que en los hechos el puerto avanza hacia una reestructuración patronal: el gobierno les ha permitido avanzar en esta dirección durante largos meses. La no renovación de las concesiones podría implicar una nacionalización del puerto cuyo control quede en manos de los trabajadores. Esto no está ni cerca de las aspiraciones de Fernández. Solo podrá venir de la organización de los trabajadores.

En estos momentos se extiende la deliberación entre los trabajadores. Los gremios deben dar una respuesta a estas inquietudes, organizando asambleas en todas las terminales y turnos, con los recaudos sanitarios pertinentes, y estableciendo un curso de acción para que se garanticen la totalidad de los puestos de trabajo. La AGP y el gobierno deben asumir por escrito el compromiso de continuidad laboral por dos años, como así se había establecido en la licitación derogada. Es momento de respuestas.

 

Compartir