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16 de mayo de 2020

Tucumán: la represión policial goza de buena salud

El “Día Nacional de Lucha contra la Violencia Institucional” se conmemora cada 8 de mayo, a raíz de “la masacre de Budge”, ocurrida en 1987 en dicha localidad bonaerense. Tres jóvenes fueron asesinados por las balas de la policía provincial, lo que desató un fuerte repudio popular ante un claro caso de violación a los Derechos Humanos. Lo que caracteriza estos casos de “gatillo fácil” es el atropello de las fuerzas represivas contra la población trabajadora y la juventud oprimida, que actúa como forma de amedrentamiento y aleccionamiento para disciplinar la protesta social de las barriadas. La impunidad viene desde arriba, como se demuestra en el reiterado encubrimiento que brinda el Estado a las fuerzas de seguridad. 

Desde 1983 a la fecha, se han producido más de 6.500 casos de gatillo fácil, de acuerdo a los informes de la Correpi (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional). Hay una continuidad en la brutalidad policial a lo largo de los gobiernos de los distintos colores políticos, incluido el kirchnerismo.

La lista es larga y se engrosa mes a mes en la provincia y el país, como lo fueron los casos de Facundo Ferreira y Miguel Reyes Pérez. Dos de los casos más emblemáticos de “gatillo fácil” en la provincia de Tucumán. 

El caso de Facundo Ferreira se produjo en 2017 cuando el niño de 12 años circulaba con unos amigos en moto en las inmediaciones de la terminal en la capital tucumana.  Policías motorizados comenzaron una persecución que terminó en el asesinato de Facundo. Su caso es emblemático por las denuncias que realizaron sus familiares en relación a los intentos de encubrimiento gubernamental de parte del mismísimo gobernador Juan Manzur, según el testimonio de su tía, Malvina Ferreira:

“A mi sobrino lo han matado como un perro. El gobernador nos quiere hacer callar con casas, poniéndonos una panadería", denunció. Y agregó: “¿Saben qué le dijimos nosotros? Que no nos van a callar con panaderías ni casas como ellos nos ofrecieron, porque vamos a luchar. No queremos plata del Estado ni nada, queremos justicia por Facundo". También señaló que los policías involucrados gozan de protección. El oficial Montes de Oca sólo fue apresado por el robo de una cartera, mientras que Díaz Cáceres, el autor del disparo, continúa trabajando.

Podemos encuadrar este caso en la icónica “doctrina Chocobar” que comenzó a regir durante el macrismo de la mano de la ex ministra de seguridad Patricia Bullrich, que otorga impunidad a las fuerzas de seguridad en el uso de armas de fuego.

Siguiendo el hilo de acontecimientos similares, podemos retroceder hasta el 24 de diciembre de 2016, en vísperas de Navidad, cuando Miguel Reyes Pérez, joven de 24 años que vivía en uno de los barrios del Gran San Miguel de Tucumán fue atacado por la policía. El ataque había sido anticipado por el oficial, que había amenazado a Miguel diciéndole una semana antes: “Ahora andá, pero en donde te pille, te dejo en el cajón”. La amenaza se concretó el mismo 24 en la cercanía de su casa en el barrio San Cayetano. El disparo y los golpes lo dejaron en coma hasta que pasados 24 días en el hospital, falleció sin remedio. La coartada de la policía fue que se trató de un enfrentamiento, en tanto responsabilizan a Miguel de un robo y afirman que portaba un arma. Sin embargo, nunca se encontró tal arma y la prueba de parafina le dio negativa. La comisaría, acusada del hecho, tiene denuncias previas por atropellos a la población. El año pasado, se realizó un juicio por el caso de Celeste, una joven trans torturada y abusada por siete policías de esa comisaría (La Nota, 24/8/17).

Estos accionares solo son “la punta de iceberg” de cientos de casos a lo largo del país que retratan una dura realidad en cuanto a la sistematización, por parte de las fuerzas represivas del Estado, de la violencia contra los trabajadores y sectores sociales más desfavorecidos, con el fin de desalentar la rebeldía, la organización y la lucha en contra de las injusticias sociales crecientes, que se desatan como repercusión de la crisis capitalista global que particularmente golpea a la Argentina.

En medio de la cuarentena, la represión estatal ha recrudecido. No hay manera de corregir la descomposición del aparato represivo. Se impone como una cuestión de elemental salud publica exigir su disolución y reemplazo por una fuerza de seguridad ciudadana, con reclutamiento bajo control de las organizaciones de Derechos Humanos. Hay que redoblar la organización para lograr hacer avanzar las causas  y obtener Justicia para todas las víctimas.

Lista de casos de gatillo fácil de los últimos años en Tucumán

10/11/2011 Ismael Lucena (policía provincial)
8/10/2012 María José Gordillo (policía provincial)
29/6/15 Emanuel Gallardo y Ariano Biza (policía provincial)
16/01/2017 Miguel Reyes Pérez (policía provincial)
24/11/17 Jalil Ismael Juárez (policía provincial)
4/02/18 Alexis Noguera (policía provincial)
7/02/2018 Víctor Raúl Robles (policía provincial)
8/03/18 Facundo Alexis Ferreira (policía provincial)
21/9/2018 Ulises Herrera (policía provincial)
15/11/2018 Adrián Sánchez (policía federal)
25/01/2019 Alexis Castro (policía provincial)

 

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