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18 de mayo de 2020

El transporte en Córdoba: colapso social y negocio patronal

Ante el desentendimiento de la provincia y la municipalidad, los empresarios piden rescate al gobierno nacional.

El paro por tiempo indeterminado de los choferes interurbanos agremiados en Aoita lleva más de un mes. El de los conductores urbanos representados por UTA, 10 días.

Según el principal matutino cordobés, hostigador de todas las luchas obreras, “el reclamo es legal y legítimo: no cobran los salarios de manera completa. Por eso, el Ministerio de Trabajo no puede hacer absolutamente nada” (La Voz, 17/05).

En el caso del transporte urbano son 3.000 trabajadores afectados y en los interurbanos son 4.000 familias que no cobran o han cobrado solo un parte de sus salarios. Esto sin contar el colapso económico y sanitario que significa para los usuarios que usan diariamente ambos servicios.

Aprovechando el aislamiento social preventivo y obligatorio, las patronales de transporte de Córdoba están incumpliendo con los pagos de los haberes de las y los choferes del transporte público de la provincia. Tanto el gobierno provincial como los municipios, están permitiendo que esta situación se desarrolle y se desentienden alegando que no hay fondos para pagar los salarios de las y los trabajadores. Todos los cañones apuntan al ejecutivo nacional para que realice un salvataje incrementando los subsidios.

Los empresarios del transporte, nucleados en Fatap y Fetap, siguen recibiendo los millonarios subsidios de la nación a pesar de que la cuarentena redujo los servicios y el paro los frenó. Esto quiere decir que los costos operacionales que no realizan se transformaron en ganancias y los únicos que pierden efectivamente son los trabajadores que no ven una moneda o que la reciben a cuentagotas.

Desde la conducción de Aoita califican al paro como un lockout patronal pero toman sus reclamos; de igual modo, la UTA y sus delegados coinciden con los representantes de Fatap y Fetap en que la salida es que el Estado ponga más plata. Como sea, las salidas propuestas siempre cargan sobre los hombros de las y los trabajadores la responsabilidad de un rescate económico a los empresarios, ya sea con otro tarifazo en los boletos o bien con incrementos en los subsidios; de cualquiera de estas formas, la plata la pone siempre directa o indirectamente el pueblo trabajador para beneficio de unos pocos que vienen lucrando hace años con la precarización del servicio, una frecuencia paupérrima, unidades que no son renovadas y con un mantenimiento precario.

Para completar el cuadro, Ersa, principal oligopolio que explota de forma ilegal la mayoría de los recorridos urbanos de la capital y una parte importante de los corredores del sector interurbano, se ha hecho eco del mandato presidencial de no usar el servicio público para ir a trabajar. A los coches subsidiados para prestar el servicio público, los ofrece por todos sus canales de comunicación institucional para brindar servicios de transporte de pasajeros que traslade a los empleados que no traslada mediante el servicio urbano e interurbano. Y para que el negocio sea redondo contrata precariamente choferes con cero año de antigüedad y cero experiencia laboral. Un negocio redondo donde todos pierden menos las patronales que como plus empiezan a imponer la reforma laboral de hecho.

Es por eso que la estatización del servicio de pasajeros, bajo control de trabajadores y usuarios, es urgente para garantizar que se cumpla con el interés popular, junto a un comité que garantice las condiciones de higiene.

En ese sentido, desde la banca del Frente de Izquierda en la Legislatura de Córdoba, presentamos un proyecto de estatización del servicio, para terminar con las extorsiones de las patronales y garantizar el derecho a la circulación segura y económica de nuestra población.

 

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