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19 de mayo de 2020

Salta: las comunidades de Misión Chaqueña denuncian el accionar del Ejército

Hace unos días se dio a conocer una serie de denuncias contra el accionar del Ejército por parte de miembros de las comunidades de la localidad Misión Chaqueña, en Salta.

La fuerza se había instalado en el territorio, antes de la pandemia, como una “respuesta” del del gobernador Gustavo Saénz ante la emergencia socio sanitaria en los departamentos de San Martín, Santa Victoria Este y Rivadavia, tras de la crisis abierta por la muerte de niños wichis por desnutrición y falta de agua potable.

En audios y notas hacia el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que circularon por las redes sociales, los integrantes de las comunidades marcaron que no ha habido el más mínimo avance en la instalación de plantas de potabilización y la hechura de pozos de agua, que era lo que supuestamente había venido a hacer el Ejército.

A su turno, los dirigentes comunitarios denunciaron que los militares salen por las noches sin tener ninguna precaución por la cuarentena, o que estos mismos andarían con jóvenes menores de edad de las comunidades.

Que el árbol no tape el bosque

Ante esto, algunos medios de comunicación salteños salieron a lavarle la cara a las Fuerzas Armadas, apelando a algunas entrevistas con las que dieron por desmentidas las denuncias, sin investigarlas a fondo o siquiera enfatizar sobre la totalidad de los reclamos.

La operación mediática busca dar por tierra con estas y otras demandas, como ser la falta de salud y asistencia médica, el desalojo de sus territorios, la falta de demarcación de tierras y de cartografías para las comunidades, la carencia de educación bilingüe y la persecución de dirigentes.

¿Acaso estos reclamos son falsos? De ninguna manera. Forman parte de los agravios sufridos y los derechos reclamados que los diferentes gobiernos de turno nunca se preocuparon por resolver o satisfacer.

El problema principal, con todo, no es lo que no dicen los medios de comunicación, sino el total abandono de la región por parte del Estado salteño y el régimen oligárquico que lo dirige, que favorece los negociados del monocultivo, los desmontes, la explotación petrolera, dejando a los miembros de los pueblos originarios a merced de la desnutrición y actualmente a merced del Covid-19 y el dengue, que está afectando toda la zona. De estos problemas nadie dice nada.

Sin agua no hay cuarentena

Los denunciantes piden que se envíen profesionales específicos y técnicos para la elaboración de los pozos de agua y que no sea el Ejército, cuyos miembros están ocupando sus tierras y generando conflictos entre los miembros de la comunidad.

Para las comunidades la presencia de estos militares  significa, con razón, la ocupación de sus territorios. La propaganda oficial invierte completamente la situación, al presentar al Ejército como contenedor de las demandas del pueblo, cuando no se ha satisfecho ni una sola de estas.

Esta es la política que defiende también el gobierno nacional de Fernández, que declaró su intención de “dar vuelta la página” frente a los crímenes de la dictadura militar y persigue, como lo han hecho todos sus antecesores, la reinstalación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior –ahora con la excusa de la pandemia.

Exigimos al gobierno provincial que solicite el retiro inmediato del Ejército de la zona y establezca otros mecanismos para garantizar la provisión de agua potable. También que satisfaga el conjunto de los reclamos de la comunidad.

Desde el Partido Obrero, reclamamos el fin de la política represiva del gobierno de Sáenz y su ministro de Seguridad Juan Manuel Pulleiro, que viene de reprimir y desalojar a las comunidades de Tartagal. Y defendemos, como lo hemos planteado en la Legislatura provincial desde la bancada de nuestro compañero Claudio Del Plá, un impuesto extraordinario a las grandes ganancias y fortunas, las cuales pueden ser empleadas para cubrir las demandas más sentidas de las comunidades originarias salteñas.

 

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