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20 de mayo de 2020

Mar del Plata: un municipio sin respuestas para las mujeres en situación de violencia

A casi 60 días del inicio del aislamiento social obligatorio, asistimos a una ola de femicidios y al recrudecimiento de los casos de violencia de género. Esto vuelve más urgentes todos los reclamos del movimiento de mujeres hacia el Estado. En Mar del Plata y Batán, esta situación puso en evidencia el abandono del gobierno municipal de Guillermo Montenegro (Cambiemos), cuya Dirección de Políticas de Genero se encuentra lejos de brindar una salida real para las mujeres en situación de violencia.

La Municipalidad de General Pueyrredón publicita que ofrece una línea telefónica para asesoramiento y contención, que sin embargo atiende solo de 8 a 20 horas. También se jacta de brindar un sistema “descentralizado” de la Comisaría de la Mujer y Familia, entre los que se encuentran la Casa de la Mujer, Playa Serena, Sierra de los Padres y una sede en la delegación municipal en la ciudad de Batán. Esta última ni siquiera está en funcionamiento y en el resto, la atención es muy deficitaria por falta de personal. En la Comisaría, el horario para encontrar un médico legista -que se ocupa de constatar las lesiones- ha sido reducido hasta el mediodía y a solo dos días a la semana.

Este ajuste se produce al mismo tiempo que, según los propios datos oficiales publicados por la Dirección de Políticas de Género, en 2019 se recibió un 50% más de denuncias que el año anterior (más de 900 denuncias por mes). Desde el comienzo del 2020 no hay cifras oficiales, ni se han tomado medidas de refuerzo ante la agudización de esta problemática en el marco de la cuarentena, en una ciudad que viene de ser conmovida por los femicidios de Jordana Rivero y Claudia Repetto. La situación se agrava porque esta política del municipio se combina con el desamparo en que dejan a las mujeres los gobiernos provincial y nacional.

El gobierno de Montenegro tampoco considera la ampliación del único refugio que funciona en el distrito, cuyo espacio para albergar a 15 personas está completo al día de hoy (ya que en la mayoría de los casos de trata de mujeres con sus hijos). Después de haber anunciado que pondría a disposición plazas en un hotel para las mujeres en riesgo, el municipio no solo no brinda datos certeros de su implementación sino que ni siquiera informa con qué dispositivos garantizaría la seguridad de las víctimas.

Por último, es más que insuficiente la política de entrega de botones antipánico. En el último mes se contabilizaron más de 121 mujeres que permanecen a la espera de los mismos, lo que muestra la crítica situación. Tampoco se puso en funcionamiento la app contra la violencia de género que hace más de un año anunció el exintendente Carlos Arroyo, para compensar el déficit de botones antipánico.

Desde el Plenario de Trabajadoras exigimos la apertura y ampliación de casas refugio, y la contratación del personal necesario para asistencia a las víctimas de violencia. Para eso, reclamamos un aumento del presupuesto para la prevención de la violencia de género, cuya administración debe quedar bajo control de las organizaciones que defendemos los derechos de las mujeres y disidencias. Además, es necesaria la asignación inmediata de un subsidio de $30.000 para todas las mujeres que sufren violencia de género. Es con estos reclamos que luchamos por un Consejo Autónomo de Mujeres y Disidencias, electo y revocable por todes nosotres.

El 3J, en un nuevo aniversario de la histórica movilización del #NiUnaMenos, impulsemos una gran jornada nacional de lucha por nuestros derechos, con independencia de los gobiernos, las iglesias y las patronales.

 

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