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21 de mayo de 2020

¿Cómo enfrentamos el robo a la jubilación cordobesa?

La responsabilidad de la burocracia sindical.

La respuesta de la CGT Regional y del conjunto de las conducciones sindicales de Córdoba frente al robo del gobierno de Juan Schiaretti a la jubilación provincial, ha sido la de editar un documento que no hace más que manifestar de manera casi explícita su política de entrega. El golpe del gobierno contra la jubilación significa la reforma integral y de fondo del régimen previsional cordobés y la avanzada hacia una definitiva armonización con el régimen nacional.

Frente a este ataque, y apenas se supo la intención del oficialismo de votar la ley en una sola jornada haciendo uso de su mayoría automática, la CGT y sus gremios llamaron a una conferencia de prensa en la sede de la central sindical, no para convocar a un plan de lucha conjunto de todos los gremios aportantes a la Caja, sino por el contrario, para dejar registrado que no lo harían. El documento firmado por 16 gremios expresa un rechazo “unánime” al ataque del gobierno y declara un estado de conflicto sin medidas conjuntas, sino a “discreción” de cada sindicato. El único llamado que realiza el documento es a respaldar el voto de los legisladores de la burocracia, miembros por su parte del mismísimo bloque del oficialismo provincial del PJ que impulsa el robo.

Con todo esto, cabe preguntarse cuál es el camino de la burocracia sindical y qué medidas propone a los trabajadores. Lo cierto es que a pesar de su voto negativo y su verborragia de rechazo, las dimensiones y orientación de una reforma jubilatoria de este carácter no podrían haberse llevado adelante sin la complicidad flagrante de la burocracia sindical. Tanto el SEP (empleados públicos) dirigido por el propio legislador oficialista José Pihén, titular además de la CGT Regional Córdoba, como la conducción de Uepc (docentes), firmaron acuerdos salariales que incluían parte de esta reforma previsional. En los mismos se aceptó una reducción de los aportes personales, que implicó un aumento neto para el activo que no se vio reflejado en el haber del jubilado. Es decir que el recorte a las jubilaciones vino en estos gremios antes incluso que esta reforma que ahora dicen rechazar, y con la propia firma de la burocracia.

En el caso docente la entrega es brutal, porque las escuelas habían rechazado en toda la provincia la propuesta justamente porque incluía esta reforma jubilatoria, y la burocracia la firmó igual en plena cuarentena. Ahora, los dichos de la conducción de Uepc pretenden divulgar que el recorte jubilatorio de la actual ley de reforma no afecta a docentes, lo cual es una mentira con todas las letras. Primero, porque la reforma es integral y de fondo de todo el régimen previsional. Y segundo, porque los docentes pasaron a aportar el 11% a la Caja, contra el 13% que exige el régimen especial docente, una opción que siempre quiso imponer el secretario general del gremio, Juan Monserrat, para “escaparse” de la caja provincial.  Esto significa romper el frente único con el resto de los gremios estatales y pasar a la Anses, donde, ahora, hay un mejor cálculo inicial para los docentes -pero que se va degradando por la actualización del Ejecutivo nacional.

Por eso Uepc, al igual que el SEP, pregonan que el recorte (uno de los puntos de la actual reforma) no afectaría a sus afiliados, que seguirían en una situación similar a la planteada por la ley 10.333, cobrando el 82% del 89% del salario. Lo que no dicen es que ese 89% ahora se calculará sobre el promedio de los últimos 10 años de remuneraciones y no sobre los últimos cuatro.

La burocracia sindical no puede argumentar sorpresa en estas intenciones del gobierno porque está atada visceralmente a sus decisiones. Además, el carácter sorpresivo de la reforma es puramente superficial. El gobierno viene alardeando con el déficit de la Caja y agitando con una reforma del régimen jubilatorio desde antes incluso de meterla en los acuerdos paritarios. Tanto es así que las organizaciones de jubilados estaban en pleno desarrollo de un plan de acción y movilización, con tres cabildos abiertos realizados frente a la Caja y la convocatoria a una marcha, que quedó en suspenso por la declaración de la cuarentena.

Con todo esto el gobierno ha dividido objetivamente la intervención de la burocracia sindical. La orientación de las conducciones va en ese sentido, por más que editen un documento con expresiones de unanimidad. En lo único que son unánimes las conducciones gremiales es en la línea de evitar un plan de lucha general. El hecho de que la reforma impacte de forma diferenciada a los gremios, sienta las bases para que el gobierno vaya a negociar con cada uno por separado, algo que ya empezó a hacer cuando discriminó la reducción de los aportes personales en las distintas paritarias e inclusive cuando recortó las jubilaciones más altas afectando más a unos que a otros.

Para derrotar esta reforma de Schiaretti la orientación debe ser exactamente la contraria a la tomada por la burocracia. Es necesario un paro provincial y un plan de lucha de la CGT, la CTA y todos los gremios estatales y aportantes a la Caja. La intervención y la movilización de los trabajadores es la única manera de voltear esta reforma. Así lo plantearon las organizaciones de la Coordinadora Sindical Clasista y de la izquierda que convocaron a concentrar durante la sesión de la legislatura. Hay que ganar la calle e impulsar el paro provincial con un programa de defensa de la Caja y el régimen previsional y la restitución del 82% móvil para la jubilación en la provincia.

 

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