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17 de junio de 2020

Tucumán: Manzur pide al ejército y más represión estatal

El gobernador tucumano Manzur presentó una propuesta al ministro de Defensa de la nación Agustín Rossi con la intención de que el ejército se instale nuevamente en la provincia de  Tucumán. Con la excusa de recuperar un “rol comunitario” del ejército en la supuesta vida democrática del país, buscan reforzar el aparato represivo del Estado.

Pareciera una verdad de perogrullo pero es nuestro deber aclararle al gobernador que la pandemia y el hambre no se combate con balas. Muy por el contrario, para hacer frente a la pandemia las familias tucumanas necesitan tener acceso a la salud, salarios que permitan cubrir la canasta familiar y terminar con el hambre. Esta más que claro que la orientación política que sigue Manzur es otra, una orientación en línea con los objetivos nacionales de “ajustar” a los que menos tienen para pagar una deuda fraudulenta, usuraria e ilegítima.

Durante la pandemia el ejército ha sido lanzado a las calles nuevamente. Se trata de una de las mayores movilizaciones efectuadas en los últimos años. La dichosa “coerción estatal” debe entenderse en este sentido: se quiere camuflar al ejército bajo la entrega de partidas alimentarias o tareas sanitarias hasta que necesiten nuevamente sus fuerzas para la represión interna y el control social. De la misma manera que se le niega a la población la entrega de alimentos y kits sanitarios suficientes, para contrarrestar el hambre y la miseria que se profundiza con el correr de los días en todas las barriadas de la provincia, se avanza con el reforzamiento del aparato represivo. Ni que hablar de garantizar la urbanización de barrios para que todos tengan acceso al agua potable o cloacas. Eso tan elemental y salarios dignos para el personal de la salud parecen utopías al día de hoy.

En tiempos macristas (mayo de 2018), en Capitán Cáceres (Monteros), se instaló un escuadrón de Gendarmería, el cual fue inaugurado con la principal responsable del asesinato de Santiago Maldonado, Patricia Bullrich, Regino Amado y Manzur. La unidad “educativa y operativa” creada para la supuesta tarea de atacar el narcotráfico rápidamente demostró que no sirve para nada, ya que dicho sea de paso, el avance narco parece no tener fin y lo demuestran la existencia de “kioscos” que operan tranquilamente en Yerba Buena, Famaillá, Monteros y Aguilares, entre otras ciudades. Ni hablar de las continuas peleas de bandas en San Miguel de Tucumán o Concepción por disputas territoriales.

Cuando se cumple un mes de la desaparición y asesinato de Luis Espinoza, el ministro de Seguridad Maley sigue en funciones, como lo hizo luego de encubrir el asesinato de Facundo Ferreyra.

La puesta en escena de Manzur con “cambios en jefaturas” o de “organigrama” pero manteniendo su rol represivo mostrará nuevamente sus trágicos resultados.

Los vínculos políticos, policiales y de la justicia con el narcotráfico y el delito gozan de buena salud, son cada vez más comunes, están a la vista y se sostienen desde lo alto del Estado. El rearmado de lo que supo ser el centro clandestino de detención más grande del NOA, el Arsenal Miguel de Azcuenaga, solo puede estar al servicio de la contención y represión de la clase obrera en las luchas que se vienen.

Para terminar con la impunidad se hace urgente la necesidad de avanzar con el desmantelamiento del aparato represivo y la elección popular de jueces y fiscales con principio de revocabilidad.

 

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