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18 de junio de 2020

Ministerio de Educación porteño: más flexibilización en medio de la pandemia

Construyamos una alternativa frente a la complicidad de las conducciones sindicales.
Por Corresponsal
Tribuna Municipal Educación

La situación de las y los trabajadores del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se caracteriza por una mayor flexibilización de las condiciones de trabajo y un retroceso salarial. Si bien es un panorama de larga data, ha sido agravado por la pandemia.

Para no quedar atrás con la ofensiva patronal contra los trabajadores, Horacio Rodríguez Larreta pegó un salto en la política precarizadora mediante la Ley de Emergencia Económica. El congelamiento salarial, el congelamiento de la planta, la posibilidad de rescindir contratos de locación y las refuncionalizaciones se tradujeron entre los trabajadores del ministerio en aprietes, exposición, sobrecarga laboral y desarreglos de distinto tipo. El pago diferido, que habían tenido que bajar por el rechazo generalizado, vuelve ahora en el aguinaldo.

En determinadas áreas del ministerio -en particular aquellas en donde abundan las contrataciones de locación de servicios o de planta transitoria- las refuncionalizaciones están a la orden del día. Estas pueden ser para la actividad presencial, como es el caso de la entrega de bolsones en las escuelas, o bien para tareas remotas o a distancia, como sucede en el programa “Acompañando a las familias”. Mientras que en el primer caso las tareas se dan con una exposición importante, precarios elementos de protección personal y sin protocolos de actuación definidos; en el segundo se deben asumir parte de los gastos de las herramientas de trabajo (telefonía, internet, luz), en un “call center” doméstico y ad hoc.

El hilo común de estas refuncionalizaciones es una mayor precarización y flexibilidad en las condiciones de trabajo. En muchos casos se impusieron por la vía de aprietes, conminando a tomar estas tareas bajo la amenaza de pasar al programa de “servidores públicos” -que plantea una flexibilización masiva y discrecional, llevando a trabajadores sin protección ni capacitación adecuada a tareas de riesgo, o bien procediendo a una intimidación a gran escala. Es por esto que Gabriel Solano, legislador porteño del Frente de Izquierda-Unida, presentó un proyecto para derogar ese programa.

En otras reparticiones el teletrabajo llevó a la disolución en los hechos de la jornada laboral, ya sea por la indiferenciación del tiempo de trabajo y de descanso, o por la ampliación de la carga horaria. Para quienes cumplen tareas presenciales en el edificio de la villa 31, se presentan de forma acentuada todas las problemáticas que habían sido disparadas previamente en una mudanza innecesaria e improvisada. La rápida propagación del Covid-19 en la zona muestra que tener un ministerio allí era la última de las prioridades para los vecinos. La mudanza sólo sirvió para que Larreta y su ministra Soledad Acuña pudieran simular una urbanización que nunca existió, y que la pandemia vino a revelar como una gran estafa.

Los últimos aumentos salariales para los municipales se remontan a febrero para quienes se encuadran en la Ley 471, y a marzo para la planta transitoria docente. En el caso de los que están bajo la 478, no cobraron los Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios (Urses).  Estos aumentos se dieron en muchos casos sobre salarios de miseria que acumulan sucesivas pérdidas frente a la inflación, como los de auxiliares de portería, que tienen un sueldo de bolsillo inicial que ronda los 30 mil pesos y no llegan a 40 con más de 15 años de antigüedad. Pese a la disparidad de convenios existentes en el ministerio, el congelamiento salarial se ejecuta sin discriminación. Para los otros puntos, la disparidad ha venido reduciéndose hacia abajo, ampliando la jornada laboral de la planta transitoria (por ejemplo, tomando la hora cátedra como reloj). La inestabilidad de los contratos de locación y de la planta transitoria es hoy mayor que nunca.

El pago diferido del aguinaldo es el remate de toda una política anti-salarial. Es necesaria una poderosa organización de lucha para voltearlo. Lejos de esto, la lista Celeste y Blanca del Sindicato Único de Trabajadores y Empleados de la CABA (Sutecba) viene de firmar el congelamiento salarial hasta agosto, apoyó el programa de servidores públicos y dejó pasar la Ley de Emergencia Económica. La junta de ATE Educación no pasa de lo testimonial. La responsabilidad de estas conducciones sindicales en el cuadro de situación es inseparable de su sujeción al gobierno nacional, que también congeló los salarios y dio la señal de largada para que Larreta y otros gobernadores arremetan contra los aguinaldos.

Es necesario levantar un programa que se oponga a la avanzada precarizadora y el retroceso salarial. Pago integral del aguinaldo con el sueldo de junio; pase a planta permanente de los contratos de locación y de la planta transitoria docente bajo el convenio más favorable; derogación del programa de servidores públicos; distribución y financiamiento de las herramientas para el trabajo remoto; respeto de la jornada laboral; insumos completos y de calidad para las tareas presenciales acompañados de protocolos estrictos con previsión de testeos y aislamientos; inmediata reapertura de paritarias, actualización salarial mensual de acuerdo a la inflación y plus de 20 mil pesos para quienes cubren tareas de atención a la pandemia. Por un impuesto a las grandes rentas y fortunas, basta de subsidios a las iglesias, triplicación de ingresos brutos a los bancos, duplicación del ABL a la especulación inmobiliaria.

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