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19 de junio de 2020

Femicidio de Verónica Tottis: buscan apartar a la fiscal, pero las pruebas contra Saluzzo son contundentes

Un rastreo satelital revela que el marido, familiar del vicegobernador de Córdoba, se encontraba en el lugar del crimen.

Julio Saluzzo (45) es el único detenido por el crimen de Verónica Tottis (44), su esposa. Cuando hallaron el cuerpo de la mujer, hace dos semanas, estaba calcinado dentro de una camioneta 4×4 incendiada a la orilla de la ruta, entre Villa del Rosario y Río Segundo (provincia de Córdoba). Los estrechos vínculos de la familia de Verónica con las altas esferas del poder y el gobierno de Córdoba componen todo el escenario. Su marido, Julio Saluzzo, es primo hermano de Manuel Calvo, el vicegobernador de la provincia y presidente de la Legislatura de Córdoba. Además, Saluzzo es contratista del Estado provincial y es un conocido apadrinador del Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María. En medio de las muertes ocurridas a comienzos de este año en la práctica de la doma y las denuncias sobre maltrato animal, la Legislatura Unicameral, que preside Calvo, destinó un presupuesto suculento para financiar el cuestionado festival.

La fiscal a cargo de la investigación, Patricia Baulies, indicó que había pruebas contundentes para presumir que se trató de un femicidio pergeñado por el marido de la víctima. Los abogados defensores la recusan por “animosidad”. Cuando Baulies ordenó la detención de Saluzzo remarcó que, además de las pruebas materiales y testimoniales, contaba con pruebas objetivas (científicas y técnicas) que incriminan al viudo. Se trata del rastreo satelital del teléfono celular, que revela que el imputado se encontraba en el lugar del crimen a la hora que éste se ejecutó. Sin embargo, Saluzzo declaró haber estado en otra localidad al momento de los hechos. Mientras que el intercambio previo de mensajes y llamadas con Verónica, también lo involucra (La Voz del Interior, 9/6).

Por lo tanto, existen evidencias concretas en las que se apoyó Patricia Baulies para imputar a Julio Saluzzo por femicidio. No obstante la defensa, lejos de explicar acerca de las rotundas contradicciones de su cliente, señala que la fiscal actuó mal porque reveló el “móvil del crimen”, que serían los celos (La Voz del Interior, 16/6). Así se corre el eje de la causa, con la pretensión de sacar del medio a quien puso nombre y apellido al presunto victimario. ¿Acaso se trata de un artilugio para garantizar la impunidad?

Los antecedentes de la (in)justicia burguesa, cuando los acusados tienen vínculos con el poder, nos habilitan para dudar de cada paso que se da. La reminiscencia del crimen de Nora Dalmasso es innegable. Y los lazos de Saluzzo no son menores; su devoción por los espectáculos basados en el sometimiento, tampoco. Se trata de negociados -y orientaciones-, donde el Estado provincial comulga históricamente con sus arcas.

Casi de manual, pero…

El día que la justicia ordenó la detención de Saluzzo, Patricia Baulies manifestó ante la prensa que “no había denuncias previas porque estaban en un círculo de violencia”. “No significa que no haya habido violencia, de hecho por eso va la calificación (femicidio)”, subrayó la letrada. Acerca de las causas, “son problemas de pareja, lo ‘normal’ en estos casos de femicidio: celos, persecuciones”.

Baulies se encargó de remarcar que se trató “netamente” de un problema de pareja de larga data, “un problema de violencia de él hacia ella”. Y aunque aclaró que la investigación aún continúa, sostuvo que “esto no tiene que ver ni con el poder, ni con el dinero”, “es un caso más de violencia de género”.

En el mismo sentido, precisó que “cuando en Derecho hablamos de femicidio, hablamos de una relación asimétrica de poder, donde un hombre ejerce una dominación y una subordinación”.

No obstante, la “perspectiva de género” con la que los gobiernos nacional y provincial pretenden subsanar a la justicia, hoy pone en jaque a la misma fiscal, que sin correrse de la línea está a punto de ser removida, sin que el Ministerio de la Mujer de la provincia emita consideración alguna. Dicho de otra forma, la Ley Micaela no resuelve el problema de fondo: los intereses de clase que tienen las instituciones del régimen.

Por eso, desde el Plenario de Trabajadoras impulsamos la creación de un Consejo Autónomo de la Mujer, con presupuesto e independencia política. De la misma manera, los jueces y fiscales deben ser elegidos y revocados directamente por las mujeres. El movimiento de mujeres en las calles es el único que puede garantizar justicia y #NiUnaMenos.

 

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