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21 de junio de 2020

Mendoza: la Corte y el Ministerio Público Fiscal no protegen a los judiciales ni a los profesionales

El pasado jueves 18 un empleado judicial que trabaja en el tercer piso del Palacio de Justicia comunicó a sus superiores que su pareja estuvo en contacto con el “paciente 98” de Maipú, de Covid-19, ante esto la Corte y el Ministerio Público Fiscal (MPF) llevaron adelante medidas preventivas ridículas y limitadas, como ser cerrar sólo el piso donde trabaja el empleado para desinfección y declarar el viernes, a partir de las 10:30h, la inhabilidad de la jornada sólo en el edificio central para proceder a la desinfección del mismo, pero una vez que verificaran que casi el 90% del personal no asistió a sus puestos de trabajo.

Si fueron rápidos para ordenar a los secretarios/as de cada tribunal del Palacio que confeccionaran listas informando qué empleados judiciales adhirieron o no a la medida gremial –un tradicional método de persecución y amedrentamiento patronal- que consistió finalmente en un “paro sanitario” comunicado a la madrugada y limitado sólo al Palacio de Justicia. Los diarios informan que finalmente el empleado judicial dio negativo en el test realizado en el hospital del Carmen.

Por testeos masivos y la defensa de la feria judicial

Quienes desenvuelven la actividad judicial, sean empleados o litigantes, saben que en una sola mañana se recorren distintas dependencias, pisos, oficinas y que los expedientes también son trasladados convirtiéndose todos en potenciales transportadores del virus, que en las últimas semanas cobró una dispersión comunitaria récord afectando a los trabajadores a los cuales Suarez pretende responsabilizar y demonizar.

Las medidas preventivas sanitarias para la apertura de los tribunales fueron cuestionadas por los propios empleados, gremios y legisladores. Las corporaciones y firmas de abogados, que en un primer momento presionaron políticamente para la apertura total, ahora volvieron para levantar la feria judicial de julio, teniendo como principal vocero al diputado Mario Vadillo de Protectora quien afirma con animosidad y poniendo al pueblo contra los empleados judiciales que llevamos 90 días sin justicia. Durante la cuarentena hubo trabajo presencial en las áreas esenciales bajo la modalidad de feria judicial.

Seguimos trabajando sin paritarias y sin aguinaldo. La conducción gremial de Ordoñez y compañía no juega ningún rol activo en el reclamo por las condiciones del teletrabajo, las presiones de los superiores, por verdaderas medidas de protección y ante la recarga de trabajo atento que las suspensiones de plazos se levantaron.

Es necesario que los judiciales tomen el ejemplo de los autoconvocados de la salud que superando a las burocracias sindicales y las patronales, mediante la acción directa, lograron el pase a planta, el pago de salarios adeudados y la rotación de 14 por 14 días para protegerse reclamos que siguen en pie para su total cumplimiento y efectividad.

 

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