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21 de junio de 2020

Neuquén, en camino al colapso sanitario del sistema público

La pandemia está en alza, pero los recursos se destinan a los empresarios.

Bajo la presión de las patronales, en la provincia de Neuquén el 90% de la actividad económica está liberada. Recientemente se habilitó también el sector Gastronomía y durante la visita presidencial a Villa La Angostura se prometió la apertura de los centros de esquí y hasta los shoppings.

Al calor de la mayor actividad, de la falta de medidas de bioseguridad en los lugares de trabajo, los casos de contagios se han disparado. Cuando se escribía esta nota, la provincia había sumado 34 nuevos casos en las últimas 48 horas, 294 casos positivos y 167 casos activos.

Los lugares que debieron cerrar total o parcialmente por detección de casos no son solo clínicas y supermercados, sino también dependencias oficiales de la provincia y municipales.

La línea del gobierno sigue siendo culpar a la población. Y, ante el aumento alarmante de casos, la única medida que se anuncia es extremar los controles policiales, que hasta mayo habían puesto “a disposición judicial a 3.158 personas y secuestraron 736 vehículos”.

A sus casas

Cuando se inició la cuarentena, hace tres meses, con bombos y platillos se exhibieron gimnasios y grandes espacios acondicionados para los casos de contagios que no requieran asistencia respiratoria. Pero recién ahora se anuncia que los contagiados serían aislados en los mismos. En el mientras tanto, fueron enviados a sus domicilios, lo cual terminó contagiando al resto de sus familia y otros contactos estrechos -lo que explica la escalada de contagios.

De cualquier manera, el gobernador Omar Gutiérrez aclaró que se usarán solo para “aquellos casos en los que no sea posible garantizar el aislamiento de esos pacientes en sus domicilios”.

Pero lo más grave es que se han detectado casos respecto a los cuales no se puede determinar la fuente de contagio, lo cual indica que hay circulación comunitaria del virus.

La provincia cuenta con 30 hospitales, solo seis son de mediana y alta complejidad. Y el sector público cuenta con solo 26 camas de Unidad de Terapia Intensiva (con respirador), que tienen una ocupación actual por otras patologías del 50%. Con trece casos graves de Covid-19, el sector público estaría colapsado. El gobierno está jugando con fuego, y en vez de garantizar más capacidad de camas UTI pone más policías en la calle.

Cuatro clínicas privadas de la capital aportan el 80% de las camas UTI. Es decir, un pico de casos graves pone la situación en manos del negocio de la salud.

Como en otros aspectos, el Estado ha encarado la pandemia con el criterio de privilegiar el negocio empresario por un lado, y por el otro de ahorrar fondos del Tesoro, que son destinados al pago de la creciente deuda provincial.

Un ejemplo esclarecedor es la lucha de los y las trabajadoras de Clínica Cutral Co contra su vaciamiento por parte del dueño y ministro provincial de Ciudadanía, Ricardo Corradi Diez. Mientras el gobierno libera el camino para que los popes de la salud privada hagan de la pandemia un negocio, rechaza la reactivación e incorporación al sistema público de salud de una clínica ociosa y equipada, que podría ser puesta para atender la pandemia en el rebrote en curso.

Tercer informe oficial: 60 páginas bochornosas.

En el informe oficial del mes de mayo, el gobierno reconoce que uno una de las carteras claves ante la pandemia, la de Desarrollo Social, “ha ejecutado una inversión global de $204.312.329, que corresponden a los programas habituales del Ministerio”. Es decir que no se reforzó ninguna partida, pese a que bajo esa excusa los diversos bloques de la Legislatura (con excepción del Frente de Izquierda) votaron la ley Nº 3.230, que dio carta blanca al Poder Ejecutivo para disponer de fondos y endeudarse hasta 140 millones de dólares.

La política de miseria social y ajuste, sin embargo, es presentada por el Poder Ejecutivo como un logro. Dice que en tres meses se han distribuido en toda la provincia a través de los Distritos Escolares “19.920 módulos alimentarios” (¡6.680 módulos por mes!). Esto para un sistema educativo que tiene una matrícula superior a los 246.000 estudiantes, y con un 28,6 % de ellos bajo la línea de pobreza y un 4,4 % bajo la de indigencia, según la propia Dirección de Estadísticas y Censos. Es decir, que se necesitan mensualmente 70.356 módulos para asistir a los pobres, y 10.824 para los indigentes. A su vez, los módulos son miserables: no cubren las calorías necesarias de niñas/os o jóvenes y alcanzan a lo sumo para una semana.

Empresarios privilegiados por la ayuda estatal

Donde no se amarretean fondos estatales es en la ayuda crediticia a baja tasas. Según el informe oficial, el Instituto Autárquico de Desarrollo Productivo (Iadep) otorgó “535 créditos por $ 44 millones”, en tanto el Banco Provincia “asistió a 1.147 empresas por casi 2.000 millones de pesos”. Cuando se analiza el detalle de esos préstamos con una tasa supersubsidiada, nos encontramos que 1.200 millones fueron para capital de trabajo y se asistió para pagar salarios a casi 700 empresas por 616 millones de pesos: un promedio de $800.000 por empresa -es decir, no estamos hablando de pequeños comerciantes.

A pesar del hecho evidente que hay circulación comunitaria del virus, el gobierno se niega a retroceder de fase, porque eso implica que muchas actividades deben volver a la cuarentena, y la presión empresaria perdería parte de esos embolsos.

Y cuando el detalle analiza en que zona de la provincia se concentran esos créditos, sobresale por lejos el sector de empresas ligadas al turismo, ya que se llevaron casi el 50% del total en cinco localidades que lo tienen como actividad central: Villa La Angostura, San Martín y Junín de los Andes, Aluminé y Villa Pehuenia.

Vemos aquí que la estrategia del gobierno provincial, que llegó a tener más de 10 días sin nuevos casos, es el financiamiento y la flexibilización de la cuarentena para servicios no esenciales, producto de la presión patronal.

Los resultados de esta política son alarmantes.

La necesidad de unificar y centralizar el sistema de salud bajo un Comité de Profesionales y técnicos y trabajadores del sector, brindar los Equipos de Protección Personal (EPP) necesarios en hospitales, un seguro al parado de $30 mil, el pago de salarios actualizados y los testeos masivos y distribución de kits sanitarios es más fuerte que nunca.

 

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