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22 de junio de 2020

La campaña contra la persecución a la docencia que dicta ESI hace recular al Ministerio de Educación porteño

El ataque contra un profesor de la escuela Rodolfo Walsh, que fue denunciado en 2018 por impartir contenidos referidos a la identidad de género, desató una bronca generalizada de la comunidad educativa. Se inició una fenomenal campaña para reclamar el cese de la persecución logrando que en menos de una semana las autoridades de la Dirección de Educación Media de la Ciudad de Buenos Aires se vieran obligadas a convocar al profesor injustamente denunciado y a comprometerse a dejar sin efecto el expediente que “sugiere” separarlo de su cargo.

El impulso de una campaña para instalar el tema en las escuelas, medios de comunicación y redes sociales fue decisivo, ya que logró canalizar la furia de lxs docentes que están comprometidos con la ESI y que no piensan dar marcha atrás con este reclamo de los y las estudiantes.

Juntxs, docentes y estudiantes, vienen atravesando un largo camino en torno a la lucha por la implementación de la ESI. En ese camino, el 2018 fue un año bisagra, marcado por el debate en torno a la legalización del aborto y la irrupción de la Ola Verde. Este movimiento tuvo su contracara en la avanzada de las Iglesias y la campaña “Con mis hijos no te metas”, que arremetieron contra la enseñanza de contenidos curriculares que tienen su sustento en las leyes ESI (2006) y de Identidad de Género (2012). Fue dentro del marco de esa ofensiva oscurantista que las autoridades educativas le dieron curso administrativo a la denuncia contra el profesor de la escuela de educación media Rodolfo Walsh, sosteniéndola luego por prácticamente dos años.

Estos sectores clericales se amparan para ello en la propia Ley de Educación Sexual Integral (26.150), que en su artículo 5 establece la adaptación de los contenidos según el ideario institucional de cada establecimiento educativo. Es ese artículo el que devela el compromiso al que llegaron Estado y las Iglesias cuando fue sancionada la ley, permitiendo la avanzada de los grupos reaccionarios y los límites que existen para una real implementación de la Educación Sexual Integral.

Contra esta ofensiva, la docencia organizada acertadamente impulsó la campaña por el cierre inmediato de expedientes y en defensa de la ESI. Esta iniciativa en pocos días creció exponencialmente en difusión y adhesiones, y arrancó al Ministerio de Educación el compromiso de cerrar el expediente contra el profesor. Incluso en el aislamiento social, podemos comprobar que es la capacidad de organizarse la única vía posible para torcer el avance sobre nuestros derechos y poner en valor a sindicatos como Ademys, que no solo acompañan a lxs docentes afectadxs. Además, comprenden que dando visibilidad a la problemática, la solidaridad de toda la docencia logra canalizarse en acciones concretas, a la vez que se propicia la discusión pública de temas que nos interpelan colectivamente.

El resultado parcial de esta lucha sienta un precedente valioso que reafirma a la educación sexual integral como derecho de lxs estudiantes, obligación de lxs docentes y, muy especialmente, que son las autoridades del Ministerio de Educación de la Ciudad las que deben arbitrar todos los medios para garantizar este derecho.

En un contexto donde juventud, mujeres y disidencias son objeto de las desigualdades y violencias más excluyentes, lo sucedido instala al colectivo docente en la necesidad de profundizar en las escuelas, las redes y las calles el reclamo por la real implementación, además de continuar alertas hasta que el cierre del expediente se consume fehacientemente.

 

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