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23 de junio de 2020

5 casos de coronavirus en el refugio “Mariquita Sánchez” de la Ciudad de Buenos Aires

La semana pasada se confirmaron 5 casos de Covid-19 en el refugio “Mariquita Sánchez”, el único en la Ciudad de Buenos Aires a puertas cerradas para la asistencia a mujeres víctimas de violencia de género con y sin hijxs. Todavía se espera el resultado de los hisopados de otros 30 casos en estudio.

Las trabajadoras denuncian que la acompañante terapéutica, que resultó ser la primera infectada, presentó síntomas desde el viernes 12 de junio pero las autoridades del centro ocultaron esta información hasta el lunes siguiente, poniendo en riesgo tanto a quienes trabajan allí como a las familias que permanecen en el lugar, ya que no fue aislada de inmediato como debía hacerse.

Fueron las trabajadoras mismas quienes hicieron pública la ineficacia con la que se abordó la situación frente a la aparición de este primer caso. Denunciaron que los testeos se hicieron de forma tardía y solo a quienes tuvieron contacto estrecho con la primera infectada, incluso cuando dentro del refugio existen espacios compartidos como la cocina y los baños, además del hacinamiento en las habitaciones en las que se alojan, a veces, a dos o tres grupos convivientes.

Además de estas irregularidades en la aplicación del protocolo de manejo frente a casos confirmados de Covid-19, a las trabajadoras que dieron negativo se las presiona para continuar con sus tareas sin tener siquiera garantizado el acceso a los barbijos quirúrgicos necesarios.

El vaciamiento de los refugios: una política de Estado

Desde 2016 las trabajadoras venían denunciando al gobierno de Larreta por las pésimas condiciones tanto en materia laboral como de higiene e infraestructura en la que se encuentra el refugio. Actualmente continúan con baños rotos, falta de agua caliente, hacinamiento, habitaciones en desuso por humedad, mujeres empleadas fuera de convenio o de forma tercerizada con sueldos por debajo de la mínima.

La falta de presupuesto para llevar adelante las tareas en estos centros responde a una política general de ajuste y ataque por parte del Estado a los derechos de las mujeres víctimas de violencia de género. El problema es que los recursos se destinan sistemáticamente al pago de la deuda externa y no para medidas eficientes que combatan la violencia, como la construcción de nuevos hogares y refugios o el reforzamiento de un sistema sanitario que está al borde del colapso.

En un cuadro de aislamiento obligatorio en que se ha agudizado la violencia psicológica y física dentro de los hogares como expresan las denuncias registradas en la línea 144, sumado al aumento exponencial de los femicidios (57 en lo que va de la cuarentena), una mujer que viene escapando de una situación de peligro y extrema vulnerabilidad o de convivir con su agresor no le queda otra opción que ir a estos refugios, esperando poder tener ahí la contención necesaria. Pero se termina encontrando con que el círculo de violencias se sigue reproduciendo, por la violencia estatal e institucional ejercida bajo este régimen social.

Actualmente solo existen cuatro unidades convivenciales que asisten a las víctimas de violencia de género y sus hijes en la Ciudad de Buenos Aires, un número muy bajo para las altas tasas de casos registrados. El gobierno porteño busca avanzar en el cierre del hogar Eva Duarte, el único para madres adolescentes que depende de la Ciudad. Mientras tanto, la ministra nacional Elizabeth Gómez Alcorta sostiene la negativa de la creación de más refugios abogando que “están vacíos” y que hay que enfocarse en “trabajar en la exclusión del violento y no en los refugios de las mujeres víctimas”. La realidad es que casi no hay refugios para las víctimas ni exclusión para los violentos. La asistencia debería ir de la mano además de medidas que mejoren las condiciones materiales de las mujeres, su situación económica para que dejen de depender de su agresor, el acceso a una vivienda y trabajo dignos, acceso a la salud y la educación.

Frente a esto nos seguimos organizando

Cada vez se expresa más la necesidad de un aumento de presupuesto destinado a víctimas de violencia de género, el mapeo de las denuncias y perimetrales, $30.000 para desocupadas y víctimas de violencia de género. Bajo este contexto, son cruciales los refugios con condiciones para enfrentar la pandemia de manera eficiente, la realización de testeos masivos, condiciones de higiene y seguridad para las trabajadoras, y la centralización del sistema de salud. Vamos por la creación de un Consejo Autónomo de Mujeres con el presupuesto necesario para responder a las demandas de las mujeres y poner fin a la reproducción de la violencia institucional, donde se condena a las mujeres avalando, naturalizando y justificando todo tipo de violencia.

 

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