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26 de julio de 2012 | #1232

La Corte Suprema falló por el cumplimiento de la ley de glaciares

Muchas veces la lucha ambiental conduce a la sanción de leyes, pero, a posteriori, intervienen distintos estamentos del Estado destinados a postergar indefinidamente su cumplimiento. Tal es el caso de todas las leyes nacionales de presupuestos mínimos -artículo 41º de la Constitución Nacional-, que vienen sancionándose desde 2002: Ley General del Ambiente, Ley de Aguas, Ley de Residuos, Ley de Bosques y la Ley de Glaciares.

El derrotero de la norma de protección de glaciares data de varios años. Cabe recordar que la primera ley fue vetada por la Presidenta en 2008 y hubo que esperar dos años para sancionar otra, menos rigurosa para el sector minero. No obstante, se trata de una ley que sigue siendo cuestionada por las provincias mineras. En particular por el gobierno de San Juan, territorio que estaba con una medida cautelar dictada por el juez Gálvez. Se argumentaba que la ley de glaciares creaba “un estado de intranquilidad e incertidumbre para las empresas Beasa (Barrik) y Emasa”, quienes verían afectado su patrimonio y su derecho a ejercer toda industria lícita.

Cabe aclarar que, de todos modos, la ley aún no se cumple en ningún lugar del país. La Secretaría de Ambiente de la Nación, una vez más, se lavó las manos respecto de convertirse en autoridad de aplicación de alguna ley ambiental. Por lo tanto, a pesar de que los emprendimientos mineros afectan las aguas de ríos que atraviesan más de una provincia, esta dependencia del Ejecutivo no interviene. La realización del inventario de glaciares queda entonces a cargo del Instituto de Glaciología (Ianiglia), que recién en estos días recibió los fondos para iniciar esta tarea. Pero otras cuestiones ya se incumplieron: en 180 días había que hacer una auditoría a las empresas.

Fueron varias las provincias que avanzaron con sus propias legislaciones para regular la minería, con el argumento de que los recursos son provinciales y, por ende, son las provincias las que deben administrarlos: Santa Cruz, San Juan, Salta, La Rioja y Jujuy.

Lógicamente, esas normas son más permisivas que la sancionada por el Congreso nacional. El amparo presentado contra la Ley de Glaciares en San Juan -por las empresas, el gobierno y la burocracia vendida de Aoma- frenaba la aplicación de la norma en esa provincia; pero en el resto estuvo vigente sin que hasta el momento se haya producido el más mínimo avance.

“El fallo abre un capítulo de esperanza para todos los que hoy resisten el avance de la megaminería. La Corte dio una gran señal”, dicen M. Svampa y E. Viale en la nota publicada el 5 de julio en Clarín. Sin desmerecer el correcto fallo de la Corte, hay que dejar en claro que este acto no va a parar el saqueo y la contaminación. Basta recordar que en 2006 se dictó un fallo “histórico” por el saneamiento del Riachuelo y no se han producido mejoras en la situación de la cuenca; más bien, todo ha servido para tener entretenidos a los afectados y a las ONG involucradas durante estos años.

Solamente la nacionalización, con control de los trabajadores y de la comunidad, puede garantizar que los emprendimientos que están en zona de glaciares se cierren y se proceda a la remediación de los suelos.

Alicia Rodriguez

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