Sociedad

1/4/2010|1122

Andalgalá está que arde

En Andalgalá se vive un clima de convulsión. Luego de la pueblada, han sido insistentes los reclamos de renuncia del intendente Perea, calificado como agente de las mineras. El Concejo de Deliberante, advertido de ello, procuró impulsar una maniobra de corto vuelo: se votó una ordenanza para convocar a un referéndum sobre si el pueblo estaba de acuerdo o no con la explotación minera. Esto fue apelado por el intendente en la Justicia, alegando que los municipios no tienen incumbencia en la cuestión. A su vez, la iniciativa no logró concitar apoyo popular, como ocurrió en su oportunidad en Esquel. El pueblo de Andalgalá ya se pronunció haciendo la pueblada.

Por otro lado, son constantes la intimidación y los aprietes policiales y judiciales a los asambleístas. Un ejemplo de ello fue lo ocurrido con los hermanos Flores y Luna, detenidos e incomunicados cuando estaban haciendo una tarea de inspección en una zona de paso del mineraloducto. Ante la reacción popular (en una hora había 600 personas en la plaza), el juez Cecenarro ordenó la liberación de los detenidos. “Es tremenda la presión popular, así no se puede trabajar”, le dijo a una radio local.

Minería “benefactora”, según el gobierno

Al gobierno del Frente Cívico y la Cámara que agrupa a los empresarios mineros, ya no les bastan las costosas solicitadas en los diarios de la región o el pago de sobresueldo a opinadores radiales o columnistas destacados de los medios gráficos, ni la publicidad sobre el derrame generoso de divisas a favor “de los pequeños productores”, ahora se prometen obras que los K anunciaron una y otra vez: “la conclusión de la ruta 40”, “hospitales planificados por Brizuela del Moral”. Las mineras lo harán posible, dicen. Son presentadas como las grandes benefactoras de la provincia.

En este escenario se conocieron las resoluciones del Congreso del PJ dominado por Luis Barrionuevo, quien decidió impulsar en todas las instancias institucionales la prohibición de la minería a cielo abierto. Si se tiene presente que el PJ y Barrionuevo siempre apoyaron el negocio minero, esta pirueta tiene un alcance puramente electoral.

Por su lado, se ha conocido que desde el Frente Cívico se pretende impulsar un referéndum por el sí o el no a la minería. Las respuestas de los pueblos afectados y de todos los luchadores de las distintas organizaciones es: ya nos hemos expedido, no queremos esta minería. Es necesario redoblar la apuesta de lucha, masificando y extendiendo el plan de lucha que tendrá como punto culminante una gran movilización el 1º de mayo para presentar un proyecto de ley que prohíba la explotación minera de cielo abierto.

En esa línea, el 25 de marzo, en la puerta de la Universidad de Catamarca se llevó a cabo el acto de lucha por el 34 aniversario del golpe de Estado. Se concentraron alrededor de 300 personas. Una pantalla gigante pasaba imágenes de la pueblada de Andalgalá del 15 de febrero y otros cortos pertenecientes a realizadores locales.

Sobre el final, Enrique Traverso, del PO, denunció la persecución a los compañeros de la Asamblea del Algarrobo. También tuvo un párrafo para la maniobra que ensayarán Agua Rica y el gobierno de Brizuela del Moral: la puesta en pie de un fideicomiso de 1.000 millones de pesos aportado por la empresa, imitando a la salida propuesta por Gioja en San Juan, tratando de persuadir a las organizaciones en lucha. Los únicos que analizan la jugada son los diputados y senadores de todas las bancadas. Las asambleas que enfrentan la minería a cielo abierto no quieren ponerle ningún precio a la contaminación y al saqueo.