El gobierno de la provincia de Buenos Aires avanza en el intento de instalación de una unidad carcelaria con capacidad de entre 1.000 y 3.000 reclusos en un predio contiguo y perteneciente al Hospital Nacional “Baldomero Sommer”, lo que ha disparado las alarmas de la comunidad del nosocomio y los vecinos de los barrios aledaños de El Porvenir y La Choza, del partido de General Rodríguez. Todo esto parte de un plan de construcción de cárceles y alcaidías del Servicio Penitenciario Bonaerense y, por caso, hay oposiciones vecinales similares en distritos como Moreno y Tigre.

El proyecto de construir una cárcel en tierras rodriguenses data de hace un año y medio. Incluso, hay sospechas que hubo gestiones desde la anterior gestión provincial de María Eugenia Vidal y municipal de Darío Kubar (Juntos por el Cambio), con la diferencia que eran en predios cercanos al hospital “Vicente López”, dependiente de la provincia. Sin embargo, esos planes terminaron descartados. De todos modos, a finales del 2020, en la Legislatura bonaerense se aprobó, en acuerdo del Frente de Todos y Juntos por el Cambio, la cesión y expropiación de terrenos en varias localidades para edificar las cárceles. En tanto, entre gallos y medianoche, el Ministerio de Salud de la Nación cedió recientemente un campo del hospital Sommer al Ministerio de Justicia de la provincia, para levantar un establecimiento penitenciario.

El pretexto para sumar unidades carcelarias es el brutal hacinamiento de las presas y presos bonaerenses. Si bien es cierto que las cárceles de la provincia están abarrotadas, y los detenidos están en paupérrimas condiciones, esta no es la vía para dar una salida al problema. En la actualidad, hay unas 24.000 plazas y con una tolerancia de hasta 31.000, pero el total de privados de la libertad son unos 46 mil, o sea una superpoblación de 22 mil. Por el contrario, buscan reforzar al aparato represivo del Estado y a los ministros del gatillo fácil, como Sergio Berni. La cuestión se podría empezar a resolver, por ejemplo, con la situación de unos 15.000 detenidos por delitos menores, que no implican asesinatos, violaciones, femicidios, narcotráfico, trata, delitos de lesa humanidad, etc. Otra variante que debería evaluarse es la ampliación y el mejoramiento de las plazas e infraestructuras de los complejos penitenciarios existentes.

En este cuadro, el pueblo de General Rodríguez está furioso no solo con el gobierno local peronista de Mauro García, sino también con la oposición de Cambiemos, porque no fueron consultados y escuchados en sus preocupaciones ante la instalación de una cárcel cercana a un hospital y a dos barrios. El municipio alega que esto generaría unos 800 puestos de trabajo directos. Al contrario, con los barrios abandonados que hay en el distrito todos esos recursos se pueden destinar a un verdadero plan de obras públicas o de aumento en el presupuesto de salud y que generaría muchísimos más empleos que construir un penal.

Desde el Partido Obrero en el Frente de Izquierda nos ponemos a disposición de los vecinos y organizarnos para impedir la cárcel en General Rodríguez y reclamar por las mas elementales reivindicaciones en salud, educación y obras en los barrios.