Baradero: malos tratos en una institución para jóvenes discapacitados
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La Asociación Pro Ayuda al Niño Discapacitado (Apand) aloja y atiende a menores con discapacidades psiquiátricas y psicológicas. Son pacientes derivados por el Consejo Nacional del Niño Adolescente y Familia (Connaf), el Servicio Nacional de Rehabilitación del discapacitado, Ioma y la provincia de Buenos Aires.
Pero en ese lugar, que tiene un objetivo de contención, se conoció el caso de Elvio. Este, mientras se encontraba internado en el hospital de Baradero con grave peligro de vida, sufrió malos tratos y desatención médica.
Elvio es un joven de 30 años, con un retraso mental severo. Su caso tomó conocimiento público cuando un vecino de la localidad publicó fotos en su Facebook donde se podía constatar las múltiples lesiones que tenía en su cuerpo, en especial en sus piernas. Tras ello, Zulma Román, la mamá del joven, se presentó, con el patrocinio jurídico de Marcia Simour (de Apel) en la causa que tramita en la fiscalía del Dr. Hernán Granda.
Las irregularidades de Apand no son una novedad ya que en 2006 fue tapa de Página/12, bajo el título “Los tutores del miedo”, con un caso de golpes y maltrato a los internos, sobredosis de fármacos, escaso número de profesionales y deficiencias en registros de legajos e historial clínicas. Entre los casos más resonantes se recuerda la muerte de internos que fueron atropellados por el tren o el joven autista, que murió quemado por el agua caliente de la ducha “en un descuido” de la operadora que lo estaba bañando. Los trabajadores, por su parte, se encuentran en extrema precariedad, con extenuantes jornadas de doce horas diarias y trabajo en negro y sin la capacitación necesaria para prestar servicio allí.
El caso de Elvio es sólo un botón de muestra de cómo el Estado terceriza el sistema de salud y se desentiende de realizar los debidos controles sobre este tipo de instituciones. Es preciso recordar que esta empresa, que hizo sus buenas migas con el ex intendente Aldo Carossi (FpV), tuvo por entonces como abogada a la actual intendenta de nuestra ciudad, Fernanda Antonijevic (Cambiemos). Es decir que existe un régimen de encubrimiento que abarca a todos los partidos patronales. El municipio baraderense hizo mutis por el foro.
Por su parte, el avance judicial viene a paso de tortuga, cuando a más de dos meses de ocurridos los hechos, todavía no se ordenó realicen pericias sobre Elio para corroborar las lesiones. Por su parte, Zulma denunció, además, las amenazas recibidas por parte de la responsable de Apand, Teresita Zuloaga, para que no radique denuncia ni se presenten a declarar.
Hace pocos días, otro interno de Apand fue llevado -y abandonado- muerto a la guardia del hospital.
Hasta tanto se llegue al juicio y castigo de los responsables materiales y políticos, es necesario que el Estado se responsabilice de todos los internos del lugar, garantizando contención de salud, psicológica y económica de todos ellos, y garantizando la estabilidad laboral de los trabajadores.