27/06/2020

Bariloche: déficit de viviendas y negociado entre privados y el Estado

Con la crisis económica desatada por el coronavirus, y ante su inevitable agravamiento debido a que se espera que la próxima temporada turística invernal sea económicamente desastrosa, el gobierno municipal envió un proyecto de ordenanza bajo el pomposo título de “Programa Municipal Reactivando Bariloche”, el cual prevé una serie de medidas para el corto y mediano plazo.


En el detalle de este programa se menciona que los recursos se asignarán a “la asistencia económica para el desarrollo de sectores productivos y de servicios de la ciudad; la realización de obras de infraestructura de baja complejidad y alto impacto en generación de mano de obra (priorizando aquellas de carácter social orientadas a la generación de gran cantidad de mano de obra); la adquisición del equipamiento necesario para generar las condiciones sanitarias para la reactivación del turismo; la asistencia económica institucional para el sostenimiento de las actividades sociales, culturales y turísticas para posicionar el destino” (En Estos Días, 22/6).


Este es a las claras un programa de rescate del Estado hacia el sector privado, maquillado con algunas obras viales de bajo impacto por su escasez y discontinuidad. Es necesario mencionar que, en una ciudad donde la gran mayoría de sus calles no se encuentra asfaltada, el municipio se ha dedicado únicamente a repavimentar y realizar tareas de bacheo de las calles ya asfaltadas, siendo la circulación vial en la mayoría de las zonas un problema de arrastre desde hace varios años.


El fondo de este programa se compondría por distintas partidas de los gobiernos nacional y provincial, y la toma de crédito. Además, se anunció la venta de terrenos fiscales bajo la modalidad de remate. El intendente Gustavo Genusso (Juntos Somos Río Negro) señaló que los mismos tienen “un importante valor” (ídem). Si bien se aclaró que la venta de terrenos no iría al mencionado programa, sino al Instituto Municipal de Tierras y Viviendas, el hecho de que sea anunciado de forma conjunta hace suponer que esto podría llegar a ocurrir. Una vez más el negocio de la tierra en Bariloche vuelve a aparecer.


Como contracara a esta entrega de terrenos fiscales para los empresarios de turno, el acceso a la vivienda constituye un serio problema para la clase trabajadora barilochense. Si bien esto es una situación que viene de hace varias décadas, en los cuales las ocupaciones y tomas se convirtieron en un accionar común en la ciudad, en febrero pasado se realizaron seis nuevas tomas que involucraron alrededor de 90 familias (Río Negro, 3/2). En este caso puntual, el municipio judicializó el problema y logró, mediante amenazas y promesas, que las familias desistieran de las ocupaciones. Pero el problema del acceso a la vivienda no se resolvió.


Es preciso recordar que los negociados de las viviendas sociales no escasean en Bariloche. En 2016 se constató que a pesar de que el Fonavi había asignado la totalidad de las partidas para la concreción de viviendas aún restaba la finalización de 870 del programa iniciado en 2013. Esto motivó la denuncia contra la exintendenta María Eugenia Martini (actual legisladora provincial por el Frente de Todos) por el desvío de fondos de entre $45 y $50 millones que Bariloche había recibido de Nación para gastos de obra y que fueron utilizados para gastos corrientes del municipio. Tras el escándalo, la finalización de las viviendas quedó a cargo del gobierno rionegrino y, previo al estallido de la pandemia, se había prometido la entrega de alrededor de 300 hacia finales de este año. La realidad es que actualmente la ocupación efectiva de las viviendas no llega al 10% (Río Negro, 19/6).


Uno de los principales problemas que manifestaron las autoridades provinciales es la falta de servicios básicos. Justamente, es el mismo problema que afecta a la gran mayoría de barrios. Los cortes permanentes de luz y agua, la falta de gas o el lento avance de los programas de tendidos de cloacas son moneda corriente en la zona del Alto. Por su parte, también es preciso mencionar que una vez finalizadas las 870 viviendas, las cuales fueron asignadas oportunamente, no habrá ningún programa de vivienda en marcha en Bariloche. En declaraciones a medios locales el ministro de Obras Públicas de Río Negro, Carlos Valeri (Juntos Somos Río Negro), dijo que “el gran problema es la tierra”, lo que motiva que los programas que emprende el gobierno provincial no se proyecten en esta localidad (ídem).


Esto contrasta con lo que ocurre con los grandes emprendimientos inmobiliarios que tienen lugar en Bariloche, los cuales se hallan alejados de la zona de servicios pero que el Estado les garantiza la viabilidad del proyecto al proveerlos de luz, gas, agua y cloacas. Este es un aspecto muy cuestionado, ya que muchas familias esperan años la llegada de los servicios, mientras que en los nuevos emprendimientos elitistas esto les está garantizado. Solo por citar algunos ejemplos, actualmente están en etapa de planificación proyectos inmobiliarios en el cerro San Martín o Catedral, con un alto valor de mercado, donde no está claro el mecanismo a través del cual se les va a brindar los servicios, y como se financiaría la extensión de estos. Muchas veces son los mismos usuarios quienes, a través de tasas agregadas a la facturación de los servicios, se hicieron cargo de la extensión para los barrios cerrados y nuevos emprendimientos.


Es claro que el negocio de la tierra, el cual se basa en la especulación ante la imposibilidad de acceder a una vivienda para la mayoría, y que tiene como consecuencia una alta demanda no cubierta, está orquestado por el empresariado inmobiliario quienes, en connivencia con el Estado, juegan con los intereses de la clase trabajadora. En este contexto, los alquileres en Bariloche son de los más altos del país y se torna un verdadero problema para la población. La salida para las familias trabajadoras es que el Estado disponga una masa de recursos monetarios para la puesta en marcha de un verdadero plan de viviendas que solucione de manera integral e inmediata el actual déficit habitacional. La forma de financiar esto debiera ser que esos recursos provengan de la aplicación de un impuesto a las grandes fortunas, y no mediante la venta de terrenos. Finalmente, se torna necesario que ante los negociados de la tierra que hay en Bariloche esos recursos se centralicen bajo control de los trabajadores.




 

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