Este lunes 30 de noviembre, el Instituto de la Vivienda de la Ciudad ejecutó un violento desalojo en el Playón de Chacarita contra una vecina con dos niños a su cargo, quien además es víctima de violencia de género. Con la presión ejercida desde los vecinos y vecinas que salieron a la calle a repudiar este hecho se consiguió que el gobierno le diera a la vecina una vivienda provisoria después de consumado el desalojo hasta que consiguiera otro alquiler. Si bien esta conquista no resuelve el problema de fondo, demuestra que el método para enfrentar el avance del gobierno es la organización y la lucha del conjunto del barrio. El hecho sienta un grave precedente y demuestra que el plan de urbanización trucho de Larreta deja afuera de la relocalización a muchos vecinos del Playón, sobre todo a los que
alquilan.

El plan que quiere llevar adelante Larreta, Maquieyra y compañía implica tirar abajo una cantidad de casas en el barrio histórico. Supuestamente, los edificios que se construyeron sobre la Av. Triunvirato son para relocalizar a las familias afectadas compulsivamente por esta urbanización. Pero a la hora de exigir el desalojo de la casa, el IVC le ofrecía a la vecina un subsidio de vivienda irrisorio (algo que se asigna a familias en situación de calle y que no alcanza a cubrir el alquiler de una pieza). Al igual que el gobierno de la provincia frente a las familias de Guernica, Ciudad no busca ofrecer ningún tipo de solución real al problema de fondo (una vivienda definitiva con un
plan de pago acorde a las capacidades de financiación de cada familia). Lo que ofrecen es un parche, que además de ser temporario es insuficiente para atender el problema urgente de la falta de techo.

Esta situación es una señal de alarma para todos los vecinos del Playón de Chacarita. El gobierno busca expulsar a la villa del barrio de Chacarita para levantar el precio del metro cuadrado y hacer los mismos negocios inmobiliarios que están haciendo en toda la ciudad.

Empiezan primero echando a los inquilinos, que son el sector más desprotegido. Pero se trata de una política hacia el conjunto del barrio. Por eso la asignación de viviendas y la urbanización del barrio histórico deben estar bajo control de los propios vecinos, sean dueños e inquilinos, organizados de forma independiente, para defender el derecho a la vivienda de todes y por una urbanización real del barrio.

La excusa que da el IVC para negarles el derecho a la vivienda a los inquilinos afectados por el plan de urbanización es insostenible, porque alegan que la vecina no estaba censada en el domicilio actual si no en otro (también dentro del barrio). Como el censo en cuestión es del año 2016, evidentemente muchísimos inquilinos se van a haber
mudado en los últimos cuatro años. Es ilógico que se castigue a los vecinos por la lentitud con la que el gobierno encaró el proceso. La mudanza de una vivienda a otra dentro del barrio no puede ser una excusa para negar el derecho a la vivienda.

Este caso particular es doblemente grave, porque se trata de una vecina que, además de tener la carga familiar de sus dos hijes, tiene radicada una denuncia por violencia de género intrafamiliar. Sumado a esto, la expulsión es ilegal porque la propia ley de urbanización votada en la legislatura (5799/17 art. 6) señala explícitamente que debe darse una solución habitacional a las víctimas de violencia de género. El gobierno demuestra así que no tiene ningún reparo en pisotear los derechos conquistados por la lucha del movimiento de mujeres.

Desde el Polo Obrero de la comuna 15 vamos por la organización de los vecinos y vecinas del Playón de Chacarita por:

– Basta de desalojos.

– Respuesta inmediata a los casos de violencia de género.

– Urbanización real y acceso a la vivienda para todos los vecinos, dueños e inquilinos.