El gobierno provincial de Chaco, a través de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente que dirige Marta Soneira, ha comenzado una campaña de criminalización de las sucesivas tomas de terrenos que se están realizando, principalmente en la ciudad de Resistencia, aunque sin dar soluciones ni inmediatas ni futuras al problema de la falta de viviendas. En una entrevista, la funcionaria declaró que hay un negocio detrás de la ocupación de tierras y que desalienta este tipo de medidas.

La crisis habitacional es alarmante y se extiende a gran parte de la provincia, al punto que los docentes se han autoconvocado hace unos años “por un techo propio”. Es una consecuencia de que los salarios caigan en picada y de que el acaparamiento de tierras valorice los terrenos engordando el negocio de las inmobiliarias.

De esto son responsables los distintos gobiernos, tanto provinciales como municipales, que utilizan la disponibilidad de tierras fiscales para su capitalización mediante la venta a los acaparadores, ya sean inmobiliarias o sectores empresarios ligados al poder, que acumulan terrenos para especular con su precio futuro. Con esta orientación respecto a la propiedad de la tierra se anula la posibilidad de solucionar el problema habitacional. El banco de tierras del que se vanagloria el gobierno es utilizado para financiar su el déficit fiscal, ypor lo tanto contribuye a la exclusión de cientos de familias y a la proliferación de asentamientos y villas miseria.

El empobrecimiento de los sectores bajos y medios ha vuelto inaccesible la compra de un terreno o la construcción de una vivienda. Ante esta situación la salida es organizarse para conseguir un techo propio. Es necesario unificar la lucha de todos los terrenos ocupados e ir a fondo por un plan de viviendas. Es la única forma de combatir el negocio de la acaparamiento de tierras.