Desde su llegada al gobierno provincial en 2007, Jorge Capitanich ha destacado en distintas ocasiones el carácter “multicultural y plurilingüe” de la población chaqueña. Medidas simbólicas como, por ejemplo, establecer como lenguas oficiales el qom, el wichí y el moqoit le han servido para sacar chapa de “progresista”, mientras avala la expulsión de las comunidades de sus tierras y se les niega el acceso a áreas públicas esenciales como la salud o la justicia.

La proximidad del 12 de octubre expone aún más el carácter meramente simbólico de tales medidas y las falacias de un discurso supuestamente “indigenista”. Desde 2010, el “Día del Respeto a la Diversidad Cultural” ha reemplazado al “Día de la Raza”, establecido en 1917 por el entonces presidente argentino Yrigoyen exaltando un pasado hispano y católico y silenciando toda referencia a los pueblos originarios. Como señala Guillermina Oliveto: “Las categorías raciales, creadas y naturalizadas, fueron instrumento para el dominio sobre las poblaciones indígenas (también de los esclavos africanos) y se articularon con aspectos económicos, políticos, religiosos, también de género, dando lugar a una matriz colonial de poder. En principio, raza se asoció al ‘otro’, a la condición de los indígenas como personas legítimamente subyugadas por naturaleza divina, en razón de criterios morales y religiosos. Posteriormente, se sumó el color de la piel y se elaboró una compleja taxonomía. La discriminación, el racismo y la xenofobia que aún circulan en la sociedad contemporánea son pervivencias de aquellas clasificaciones coloniales”.

Hoy en Chaco las dificultades que enfrentan laspara acceder a las instituciones de salud pública o del Poder Judicial no han disminuido, pese a los proyectos de ley que prevén traductores indígenas a fin de que la ignorancia acerca de sus lenguas no siga funcionando como pretexto para una atención deficiente o nula en esas instituciones.

La muestra más descarnada del divorcio entre el discurso oficial y la realidad son las 580.000 hectáreas desmontadas durante los últimos veinte años, lo que motorizó la expulsión de los pueblos originarios hacia la periferia de las ciudades más pobladas, en condiciones de pobreza y hacinamiento. Hasta en plena pandemia Capitanich incluyó la deforestación entre las actividades “esenciales”. La terra y el agua donde habitaban se han convertido en fuente de negociados capitalistas, con la complicidad del gobierno y de toda la dirigencia del régimen político de peronistas y radicales.

Los originarios que se organizan por sus derechos en localidades como El Espinillo o Pampa del Indio, y se unen con trabajadores ocupados y desocupados, marcan el camino. Los derechos no se materializan con palabras bonitas del gobierno de turno, sino con unidad y solidaridad en la lucha, en torno a un programa que exprese las necesidades de la clase obrera sin distinción de identidades étnicas o culturales.