En los últimos días robos en escuelas de Córdoba y zonas aledañas volvieron a poner el tema de la inseguridad en la cobertura de los medios de comunicación, por enésima vez. El gobierno de Juan Schiaretti busca mostrar una iniciativa con la convocatoria de personal retirado de la fuerza y “apurando licencias”, es decir que una vez más pone el acento en el incremento de personal de una institución que se encuentra en el centro del problema.

De acuerdo a La Voz del Interior hay 20.000 efectivos en toda la provincia de Córdoba, 8.000 intervienen en la capital, de los cuales 2.400 cumplen tareas de patrullaje. Según la citada fuente, hacen falta 800 policías más. Siguiendo ese cálculo el gobierno plantea incorporar personal retirado para que cumplan las tareas de adicionales en las escuelas. El gasto correrá a cuenta del Ministerio de Educación, y por lo tanto habrá una transferencia de recursos de un área del gobierno, en la que no garantiza los fondos necesarios para obras y becas para lxs estudiantes.

Cabe tener en cuenta que el presupuesto de las fuerzas policiales es cada vez mayor, hay cada vez más fondos y efectivos, y el problema persiste. La provincia de Córdoba gasta cada vez más en mantener a policías que en educación y salud. El discurso del gobernador Juan Schiaretti afirmando que “la inseguridad es hija de la marginación y la pobreza” termina siendo un gol en contra a la gestión del PJ en la provincia, que lleva más de 20 años.

En efecto, también en materia de inseguridad la responsabilidad es de quienes gobiernan. La interesada relación entre delitos y pobreza por parte de oficialistas y de la oposición patronal busca responsabilizar en sí mismo a quienes cometen hurtos de celulares y zapatillas, dejando de lado que son el último eslabón de una cadena delictiva que hunde sus raíces en la descomposición social, que tiene a las fuerzas de (in)seguridad entrelazada con las usinas delictivas del narcotráfico, la trata, las bandas de poliladrones, y los desarmaderos de autos.

El Estado no apunta a terminar con las mencionadas usinas generadoras de delitos, sino que tiene sus engranajes integradas en todo un circuito delictivo. No es una casualidad que a Juan Carlos Campoy lo exoneraron por denunciar corrupción en la Policía.

Además, tras los crímenes de Blas Correa y Joaquín Paredes el poder político aceptó que los casos de gatillo fácil encuentran explicación en una carente formación del personal. Pero ni con la sanción de nuevos protocolos y cambios de cúpulas policiales se evitaron nuevas muertes a manos de quienes supuestamente están para cuidar a la población. El caso Jonatan Romo, es otro caso testigo de una descomposición estructural en las fuerzas de (in)seguridad.

La seguridad de la población no puede estar en manos de una fuerza en estado de descomposición. A principios de mayo fue noticia que en la Policía de Córdoba en tres meses hubo cuatro cambios de cúpulas y 720 causas graves. Por si quedaba la más mínima duda del accionar de la fuerza, un reciente video de la actuación policial en el caso Blas Correa dejó expuesta una cadena de responsabilidades en el gatillo fácil al descubierto, una vez más.

Así las cosas, el problema de la inseguridad requiere una respuesta integral en función de una salida de lxs trabajadorxs. Es con esa orientación que lxs compañeros del Polo Obrero y el Partido Obrero se encuentran interviniendo en barrios y en escuelas.

En ese sentido hubo una acción independiente de vecinxs de Barrio Argüello que se organizan contra la inseguridad, reclamaron contra un abandono de quienes gobiernan, la falta de iluminación, obras, es caldo de cultivo de delitos. Lo mismo en el caso de las escuelas, el gobierno eliminó la existencia de porterxs, lxs compañerxs reclaman la vuelta de los mencionados auxiliares escolares como parte de un programa integral, que incluye mejorar las frecuencias de colectivos, urbanización de barrios. Como se ve, encarar el problema de la inseguridad requiere de un programa de conjunto.

Pero todos quienes gobiernan lejos de dar respuesta a elementales reclamos que aminorarían la exposición al delito, se encuentran enmarcados en una orientación ajustadora y represiva. Por eso, una mayor presencia del aparato policial apuntaría a una regimentación social, y por sobre todo una mayor capacidad para reprimir la protesta social.

La salida al problema de la inseguridad requiere de una acción independiente desde el campo de lxs trabajadores, una de las claves que es necesario desarrollar. Finalmente, las medidas del gobierno se fueron produciendo después de que las familias cansadas de padecer delitos tomaron establecimientos escolares.

De lo que se trata es de desenvolver las acciones de la clase obrera de manera independiente de la mano de un programa que ataque al problema de raíz. En ese sentido, el estratégico planteo de elección popular de jueces y fiscales, desmantelamiento del aparato policial descompuesto, y la puesta en marcha de una fuerza de seguridad social de nuevo tipo, no represiva, son consignas que apuntan al desarrollo de una transformación social sobre nuevas bases, que termine con el régimen descompuesto responsabilidad de todos quienes gobernaron.