La noticia de que el empresario Víctor Cesar Chirico estaba haciendo una fiesta en medio de la segunda ola de covid en su residencia de Nordelta ha vuelto a colocar en el tapete a quienes se creen con derechos e impunidad para no preocuparse de  ser directos responsables en este caso de la propagación del virus

Chirico vuelve a actuar con la prepotencia patronal que mostró cuando fue beneficiario de la construcción del Centro Cultural de Santa Teresita, el mega emprendimiento impulsando por el entonces intendente del Partido de la Costas, de Jesús (FPV/FDT) y por la gobernadora Vidal que se derrumbó luego de sucesivas denuncias por parte de los trabajadores acerca de las condiciones de peligrosidad de la obra. Seis de los trabajadores  murieron en el accidente. Se tardaron horas en saber cuántos eran los sepultados y sus nombres, porque este empresario, con el amparo y la habilitación  del gobierno municipal y del gobierno provincial tenía a sus cuadrillas en negro.

El de la fiesta clandestina en Nordelta  tenía a sus trabajadores en la clandestinidad en Santa Teresita.

La condena a 3 años de prisión en suspenso a Chirico por estrago culposo, en carácter de representante y participe del Grupo Perfil Construcciones, empresa esta que fuera contratada  por el Partido de la Costa y que  terminó con la vida de  Estanislao Sosa, Daniel León, Eduardo Barreto, Edson Grover, Uber Quispe, Luis Camacho, más el pago de 42 millones de pesos a las familias para frenar otros juicios fue una maniobra para salvaguardar al empresario y para tapar   las responsabilidades de De Jesús y Vidal en la contratación y en permitir  condiciones laborales y de la construcción precarias y peligrosas.

Es esta impunidad que les otorga sus relaciones con los gobiernos de turno y con  el poder lo que hace que los empresarios, de los que  Chirico es una muestra,  violen las medidas de seguridad e higiene en sus fiestas como lo hacen en sus empresas  sea en la construcción, en las fábricas, en los bancos, en la clínicas, geriátricos, el transporte, en los puertos y escuelas.

Los medios de comunicación apuntaron sus cañones a las fiestas clandestinas que propagan el virus , haciendo caso omiso del que el Estado  por otro lado, atiborra vagones de trenes , colectivos y subtes con trabajadores , que diariamente deben salir a ganarse la vida y cuya supervivencia depende de sus magros salarios o de eventuales changas,  así como tampoco garantiza  los protocolos de seguridad en los lugares de trabajo estatales o privados.

Impunidad y negocios tanto en los políticos patronales, los  empresarios  y  las direcciones sindicales de la CGT y la CTA que avalan la política  del gobierno. Las perpetuas políticas de ajuste, el colocar los fondos públicos al servicio de los organismos de crédito internacionales y de los empresarios  muestra  de forma brutal  que la pesada losa del COVID, cuyo precio lo pagan los trabajadores, los desocupados, los jubilados y ahora los niños y jóvenes es decir   los sectores más desprotegidos de nuestra sociedad es responsabilidad de un gobierno que sostiene a los empresarios y los negociados con el FMI.