El fallo en primera instancia obtenido por el Partido Obrero contra el periodista Eduardo Feinmann y su productora -Telepiu SA/C5N- fue cuestionado por el especialista en medios de comunicación Martín Becerra, uno de los promotores de la ley de medios K, y actualmente crítico de su implementación.

Según Becerra, el dictamen del juez "está basado en una serie de malentendidos respecto de la libertad de expresión" y "sienta un precedente complicado en la materia". Para él, el caso debió resolverse con el derecho a réplica. "Es cierto que este derecho no está aún reglamentado (deuda del Poder Legislativo), pero está reconocido con estatuto constitucional en el país" (http://martinbecerra.wordpress.com/2013/12/04/sobre-la-condena-a-eduardo-feinmann-libertad-de-opinion/). Libertad de expresión

La demanda que presentamos contra Feinmann no tiene nada que ver con la "libertad de expresión". El presunto periodista atacó al PO como parte de una acción coordinada con el poder político para encubrir a los socios del kirchnerismo (el grupo Cirigliano-TBA, responsables del vaciamiento ferroviario) e intentar destruir nuestra reputación ante la opinión pública como fuerza política opositora. Esta operación política tuvo alcances criminales, si tenemos en cuenta que el encubrimiento sobre TBA finalmente derivaría en la masacre de Once.

El 4 de septiembre de 2008, a raíz de la enésima falla en el sistema, una formación del tren Sarmiento se detuvo en la estación Castelar y paralizó el servicio. Se produce, entonces, una rebelión de pasajeros, hay destrozos y varios vagones son incendiados. Según Feinmann, el ministro de Interior, Florencio Randazzo, acusó a "infiltrados de izquierda". A partir de allí, C5N dedicó horas de su programación para agraviar al PO y a sus militantes. El corolario de aquel operativo mediático fue la conferencia de prensa que Aníbal Fernández brindó por la tarde en la sede del Ministerio de Justicia y Seguridad, donde acusó oficialmente al PO por el incendio de los vagones y aseguró contar con "pruebas irrefutables" de que Escobar había "dirigido toda la operación". C5N prosiguió esta campaña infame hasta el día siguiente, agregando una enorme variedad de mentiras de su propia cosecha. En la causa penal que investigó el hecho, sin embargo, no hubo una sola prueba contra el PO o Escobar. Para el juez Rodríguez, nosotros probamos que Feinmann actuó con "real malicia"; es decir, con cabal conocimiento de que lo que estaba diciendo era falso. La contundencia del fallo debería plasmarse próximamente en una condena similar contra Aníbal Fernández.

Nuestra demanda apuntó al complot político tejido entre la patronal de C5N y la cúpula del gobierno contra el PO para encubrir a los Cirigliano. En aquel momento, el canal estaba en manos del empresario Daniel Hadad, aliado del oficialismo, y era uno de los más beneficiados por la pauta oficial. Hace un año y medio, Hadad se lo vendió al empresario recontra K Cristóbal López.

Monopolios

Para Becerra, Feinmann no fue "el autor de una campaña de desprestigio sino que insertó su diatriba macartista en un contexto habilitado por altos funcionarios del gobierno". Compara el caso con el "abuso de opinión de muchos cronistas, columnistas y conductores en la masacre del Puente Pueyrredón del 26 de julio de 2002, cuando en el marco de una explícita acusación gubernamental contra organizaciones piqueteras, sindicaron que había sido un enfrentamiento entre éstas la causa de la muerte de los militantes Kosteki y Santillán".

En primer lugar, Feinmann no incurrió en ningún "abuso de opinión": mintió a sabiendas, con toda la potencia que le otorga el monopolio de la pantalla, como parte de una campaña orquestada, dirigida contra el PO. Si vamos a la comparación de Becerra, ¿cómo catalogar aquel título de Clarín -"La crisis causó dos nuevas muertes"- que se transformó en ejemplo clásico del encubrimiento de los crímenes de Kosteki y Santillán? La realidad es que "la corpo" actuó entonces en defensa del gobierno de Duhalde, que la había beneficiado con la pesificación de sus deudas. La "libertad de expresión" es una abstracción. Los medios de comunicación son monopolio de la burguesía, que los utiliza para manipular a la opinión pública y perpetuar el régimen de explotación capitalista. Becerra critica a quienes "cuestionan la reglamentación del derecho a réplica porque implicaría una suerte de injerencia estatal en los contenidos de los medios, pero paradójicamente defienden esta otra injerencia estatal (a través del Poder Judicial en este caso) contra la opinión de un conductor televisivo". Efectivamente, el Partido Obrero está en contra del llamado "derecho a réplica" y de la injerencia estatal en los contenidos de los medios.

Pero aquí no se trató nunca de la "opinión" de un conductor televisivo.