“Desde el gobierno provincial y nacional están financiando a estos delincuentes”: con esas palabras se refirió el subsecretario de Seguridad de la ciudad bonaerense de Bahía Blanca, Emiliano Álvarez Porte, a las tomas de tierras en curso (La Nueva, 27/10), inscribiéndose en una serie de declaraciones públicas de referentes de Juntos por el Cambio, con Horacio Rodríguez Larreta a la cabeza, que apuntan a que el Estado debe “defender el valor de la propiedad privada” ante los diversos casos de tomas de tierras que recorren el país.

La idea de que el propio Estado no estaría garantizando la propiedad privada choca de lleno contra la realidad. Las familias que se encuentran protagonizando tomas en distintos puntos del país, con epicentro en Guernica, están siendo expuestas a todo tipo de presiones por parte de los gobiernos, cualquiera sea su color político. Vale como ejemplo la quema de casillas en Rafael Castillo, a cargo del “nacional y popular” Fernando Espinoza, o la política del “Cuervo” Larroque y Axel Kicillof, que con la zanahoria de promesas de subsidios y el garrote de la Bonaerense de Sergio Berni buscan quebrar la unidad de la toma de Guernica -donde el último censo probó que más de 1.400 familias se encuentran luchando por el acceso a la tierra, contra toda la información falaz que el propio gobierno buscaba instalar.

Queda claro que las declaraciones del radical Álvarez Porte, criminalizando a las familias bahienses que protagonizan tomas de tierras, encuentran un respaldo en todo el arco político patronal. Al agitar el Código Penal, radicales, macristas, pejotistas y kirchneristas buscan esconder el problema debajo de la alfombra, exculpándose de la responsabilidad directa e histórica que tienen sobre la miseria en ascenso que recorre el país. Por otra parte, la imposibilidad de acceder a una vivienda no solo es un problema de las familias desocupadas. Miles de familias que aún conservan sus empleos ven a la vivienda propia como algo absolutamente inalcanzable, en un país cuyo salario promedio se encuentra en niveles de pobreza y donde se esperan nuevos golpes a la canasta básica y aumentos de tarifas para los próximos meses.

No obstante, el celo que manifiesta el gobierno bahiense de Héctor Gay por la aplicación del Código Penal se hace humo cuando se trata del negocio inmobiliario. Su jefa política, la senadora Nidia Moirano, estuvo en boca de todos hace unos años, al trascender que se había apropiado de varios terrenos en una zona de alta cotización inmobiliaria de la ciudad. La apropiación de la senadora mediante la figura de la usucapión se conoció mientras las familias del Plan Procrear se encontraban en lucha por lotes que les permitieran hacer uso del crédito por el cual habían salido sorteadas en 2013. La especulación inmobiliaria, amparada por todos los gobiernos sin excepción, se muestra como un obstáculo para el acceso a la tierra de las mayorías trabajadoras.

Antes de abrir el Código Penal, Gay y Álvarez Porte deberían explicar cómo piensan dar una respuesta urgente al déficit habitacional que sufre Bahía Blanca, estimado en 13.000 viviendas, sin ningún plan de viviendas populares en el horizonte.

Las tomas como las que suceden actualmente en Bahía Blanca y en otros tantos puntos del país colocan en el primer lugar de la agenda el debate sobre el derecho a la vivienda para las familias trabajadoras y su incompatibilidad con los salarios de miseria, la precarización laboral, la desocupación y la especulación inmobiliaria.