En horas de la mañana de este lunes 28, se desarrolló en la ciudad judicial de Fiske Menuco, y ante la presencia del fiscal Ricardo Romero, la audiencia de control de acusación contra 10 integrantes del Barrio La Esperanza. Sobre los mismos pesan los cargos de usurpación de la propiedad privada e incumplimiento del aislamiento obligatorio y propagación del Covid-19, dispuestos en el decreto 297/2020.

El barrio supo desarrollarse allí durante más de cuatro meses de manera organizada y comunitaria, conteniendo a 52 familias trabajadoras empujadas por el agravamiento de sus situaciones particulares producto de la pandemia, quienes ocuparon las tierras de la Asociación Patriótica Tiro Federal, por décadas ociosas, entregadas bajo la última dictadura cívico-militar por el interventor de la localidad, Marcelo Zarraga, quien fuera condenado por delitos de lesa humanidad en el juicio La Escuelita VI.

 

Es decir, mientras la Justicia y el Estado avanzan criminalizando a las familias trabajadoras que luchan por tierra y vivienda, a su vez, no actúa de igual manera contra las instituciones de dudosa conformación, que han sido beneficiadas bajo la última dictadura cívico-militar. El caso de la APTF, en cuestión, es una clara muestra, porque ha tenido las tierras en la más absoluta ociosidad durante décadas. De hecho, luego del brutal desalojo del 31 de octubre pasado sobre el Bº La Esperanza, el predio ha sido transformado en un basurero a cielo abierto.

La continuidad de las causas, que se han suspendido hasta febrero producto de un acuerdo tácito entre el fiscal y la defensa, ha tenido como promotores directos al gobierno local del Frente de Todos, encabezado María Emilia Soria, quien nunca propuso una salida dialogada al conflicto, provocando siempre y ante cada encuentro y aclarando que quienes estaban allí no tenían derechos. Soria fue quien puso las topadoras para el desalojo represivo.

Por otro lado, está el gobierno provincial de Juntos Somos Río Negro, con Arabela Carreras a la cabeza, que puso las fuerzas represivas que reprimieron en el desalojo. Juntos Somos Río Negro convalidó, con el gobierno nacional, toda una política represiva contra el derecho a la tierra y la vivienda, que tiene aún hoy su reflejo en la provincia. Podemos mencionar los casos del Bº 21 de Septiembre en Cipolletti, o de Villa Mascardi, donde la comunidad Lof Lafken Winkul Mapu lleva adelante un proceso de recuperación territorial. En fin, no hay grietas entre los partido patronales cuando se trata de reprimir derechos como la tierra y la vivienda y defender la propiedad privada y el negocio de la especulación inmobiliaria y el turismo.

De conjunto, la situación ha intentando (e intenta) ser un mensaje del poder político y judicial para las organizaciones y las luchas de las familias trabajadoras por sus derechos. La suspensión de la causa, o las palabras del fiscal Romero, quien manifestó en la audiencia que “no pretende perseguir a las familias” deben ser tomadas con pinzas. Por un lado porque, como dijo Maximiliano de Barrio La Esperanza “falta de todo en los 22 loteos conquistados de La Quinta Veinticinco” y ello llevará organización y lucha. Por otro, teniendo en cuenta que los loteos se lograron conquistar luego de realizado el desalojo, tras realizar un acampe en las puertas del municipio de Fiske Menuco, el Estado sabe que podría enfrentarse a un proceso similar, de organización y lucha de las familias trabajadoras.

Abajo las causas contra los y las luchadoras de Bº La Esperanza. Tierra para vivir, no para especulación.