La muerte de Cristian Gómez deja una vez más al descubierto las obscenas diferencias que existen entre las distintas categorías y divisiones del fútbol profesional local y cómo la cadena se corta siempre por el eslabón más débil. La presencia de ambulancias, equipamiento y, sobre todo, personal idóneo para atender emergencias durante los partidos es un lujo que la inmensa mayoría de los clubes del ascenso no puede solventar. Otro tanto ocurre con las modificaciones estructurales de los estadios que permitirían un desarrollo seguro, tanto del juego como del espectáculo.

 

El presidente de Atlético Paraná y vicegobernador de Entre Ríos, José Cáceres (FpV), se apuró a aclarar que Cristian Gómez se había realizado todos los “chequeos de rutina” para deslindar responsabilidades. Y reforzar la idea de una “muerte súbita”, cuando, en realidad, el jugador padecía un problema cardíaco y falleció mientras era trasladado al hospital con demora, ya que la ambulancia no se encontraba en las inmediaciones del campo de juego al momento de su desvanecimiento. Ahora ha trascendido que los electrocardiogramas no le venían dando bien a Cristian Gómez. Pero en cualquier caso, ¿qué grado de complejidad pueden llegar a tener los exámenes físicos cuando deben ser pagados por clubes sin recursos o incluso por los mismos jugadores del ascenso de sus propios bolsillos? Los estudios son exhaustivos sólo allí donde el pase o la contratación de un futbolista constituye una inversión multimillonaria, en clubes que son más empresas capitalistas que instituciones deportivas, como ocurre en las grandes ligas de Europa o tal vez en algunos clubes de primera de la Argentina.

 

La inmensa mayoría de los jugadores del ascenso -los Cristian Gómez o Emanuel Ortega que literalmente dejan la vida en la cancha¬- son otra más de las muchas víctimas de un fútbol administrado no ya de manera desigual, sino directamente fraudulenta y mafiosa por parte de la Asociación del Fútbol Argentino, con la imprescindible complicidad de Conmebol, la Fifa y el gobierno nacional. Son estos jugadores los que realmente necesitan que Futbolistas Agremiados pare el fútbol. No sólo por el luto ante la muerte de un compañero, sino para garantizar las condiciones de contratación y de seguridad que impidan “accidentes” evitables, como los que se cobraron las vidas de Emanuel Ortega y Cristian Gómez.

 

La AFA es una asociación opulenta: recauda millones por la publicidad, las transferencias al exterior que implican la fuga de talentos, la televisación de partidos y los subsidios del Fútbol Para Todos, y cómo no, por la actuación en el seleccionado mayor de una verdadera gallina de los huevos de oro como es Lionel Messi. Invertir en mejorar las condiciones de contratación en el ascenso o la seguridad de los estadios como el de San Martín de Burzaco ¬-o del mismo Atlético Paraná- que pueden convertirse en una verdadera trampa mortal para los futbolistas o en un Cromañón para los espectadores, no es un problema de falta de recursos. La AFA es una empresa manejada a su antojo por los dirigentes corruptos de los grandes clubes del país, quienes la tienen secuestrada como botín y como trampolín político. La seguridad de los jugadores y el público, sobre todo en el ascenso, está por completo fuera de sus objetivos. Ni hay que decir que las maniobras motorizadas desde el kirchnerismo para reformar el estatuto y permitir así el desembarco de Tinelli en la presidencia de la AFA no harían más que profundizar este manejo empresarial, en perjuicio de los clubes e hinchas pobres.

 

Un fútbol solidario entre clubes, seguro y disfrutable para quienes hacen al espectáculo, los jugadores y el público, y no simplemente rentable para el puñado de parásitos que lucran con él, sólo será posible bajo otra organización social.