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Los resultados del informe Pisa (Evaluación internacional de Estudiantes) -realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en 2009, sobre alumnos de 15 años de 65 países- arroja un retroceso de Argentina del puesto 53 (en 2006) al puesto 58, o un retroceso de 20 puntos (de 418 a 398), si se comparan los resultados de 2000 y 2009 (La Nación, 7/12).

Mientras los diarios se ocupan de magnificar el retroceso citando números diversos, el ministro de Educación, Alberto Sileoni, y otros funcionarios minimizan los resultados (Clarín, 8/12). El oficialismo cambia las fechas de comparación, lo que implica una confesión de que seguimos atrás de la década del ’90.

Que en Argentina los efectos devastadores de 2001 continúen en pie muestra el contenido social de la ‘recuperación’ kirchnerista: un restablecimiento de las condiciones de beneficios para el capital a partir de un descenso histórico del nivel social de las masas. Es lo que se manifiesta igualmente en el desarrollo del trabajo precario o en la crisis abismal de la vivienda o de la salud. La existencia de alumnos que cursan más años de los esperados refleja el crecimiento de la repitencia, el ingreso tardío en la escuela y el regreso a los estudios después de un período de abandono. Estos resultados ponen en evidencia el fracaso rotundo de la reforma educativa, la que primarizó la escuela secundaria tanto en materia de estructura (incorporando años de la secundaria a la primaria) como en materia de contenidos, devaluando notoriamente los programas. Aún después de las reformas, la repitencia, la sobre-edad y el abandono crecen, lo que refleja un doble fracaso.

La nueva Ley de Educación Nacional intenta disimular esta realidad. Un curioso argumento de Sileoni es que la incorporación de más alumnos al sistema explica la baja en los resultados. El pez por la boca muere: aumenta el número de alumnos sin que se construyan nuevas escuelas, sin arreglar los edificios existentes, sin mejorar los salarios y condiciones de trabajo de los docentes, y sin becas para asegurar las condiciones de acceso a la educación. Los reclamos insistentes de los empresarios para que se dé más atención a la educación reflejan el interés por conseguir subsidios y exenciones impositivas para inversiones en el rubro, en especial la enseñanza privada o clerical. La asignación universal por hijo no puede considerarse una beca, ya que es insuficiente hasta para alimentos.

Los gobiernos utilizan sus fracasos para echar la responsabilidad sobre los docentes y rápidamente descontar los días de paro o avanzar en métodos de flexibilización en la contratación al estilo finlandés.

La situación educativa sólo va a mejorar, en primer lugar, si se produce un cambio en las condiciones sociales. Luego, si se aumentan el presupuesto educativo; las partidas para infraestructura; nuevas escuelas y para becas, y si se aumenta el salario docente al monto de la canasta familiar, para que todos los docentes puedan trabajar en un solo cargo. Eso producirá resultados en la calidad educativa y no hará falta reinterpretar las estadísticas.